Plantean en Morelia la creación de un fideicomiso para combatir el secuestro

Preocupa a fiscales creciente merma de fondos federales para seguridad pública

JESUS ARANDA Y ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 25 de junio. Los representantes de los gobiernos federal y estatales encargados de combatir el secuestro externaron su preocupación por la constante reducción de recursos federales para el rubro de seguridad. Admitieron que eso afecta negativamente en los programas, equipo y capacitación que requieren las corporaciones policiacas para enfrentar ese delito.

Debido a la gravedad de la situación, los procuradores y fiscales de todo el país resolvieron solicitar al Sistema Nacional de Seguridad Pública que incluya en el presupuesto del próximo año un fideicomiso especial para enfrentar el secuestro.

Al encabezar hoy la quinta reunión del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, reconoció que hay alta incidencia delictiva (particularmente el secuestro) en el Distrito Federal, la zona metropolitana del valle de México, Morelos y Puebla, lo que tiene una "explicación natural", a diferencia del presidente Vicente Fox, quien sostuvo que el Distrito Federal registra la mayor criminalidad a escala nacional. El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) añadió que los niveles más elevados de secuestro ocurren en la zona centro del país; precisamente, en el encuentro se decidió que a partir de este lunes las procuradurías del Distrito Federal y de los estados de México, Puebla y Morelos inicien operativos conjuntos para atacar frontalmente el problema.

Vasconcelos comentó que a escala nacional este delito tiene una tendencia "a la baja", aunque aceptó que, pese a los logros alcanzados, existe "otra percepción": la desconfianza social en la autoridad.

"Sí hay una disminución del fenómeno; las entidades donde se ha presentado es en los mayores núcleos poblacionales; ello tiene una explicación natural, por la situación del fenómeno delictivo derivado de hacinamiento, falta de oportunidades, disgregación familiar."

Aunque un propósito central del encuentro fue actualizar las cifras de secuestros, fue evidente la renuencia de los funcionarios que hablaron con la prensa -los procuradores de Sinaloa, Oscar Fidel González Mendívil; de Puebla, Héctor Maldonado Villalobos, y de Michoacán, Miguel Angel Arellano Pulido- a proporcionar datos sobre la región "centro", con el argumento de que este delito no es cosa de cifras, pues "un solo secuestro son muchos". Finalmente Vasconcelos dio cifras de Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

En la capital del país se incrementó el delito (141 casos en 2000, 183 en 2001, 201 en 2002, 185 en 2003 y 108 en lo que va del año), pero de las otras entidades del centro no dio detalles.

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión destacan: intercambio "en tiempo real" de información entre las procuradurías y la Unidad de Coordinación de Intercambio de Información de la Agencia Federal de Investigación; acceso inmediato al banco de datos y mandamientos judiciales; información sobre aseguramiento de armas, drogas, vehículos, detenidos, cateos, voces de secuestradores, fichas criminales. Se propuso homologar la legislación a escala nacional para tipificar el secuestro con modalidades de básico, agravado, atenuado y equiparado, y que las penas mínimas sean de 15 a 25 años de prisión.

Impulsar reformas legislativas en telecomunicaciones que permitan a las policías intervenir líneas telefónicas con mayor prontitud, lo que a su vez permite una mejor investigación contra el secuestro.

Si bien uno de los principales pronunciamientos fue tomar medidas que permitan superar la descoordinación policiaca -Vasconcelos habló de dejar atrás "nuestras diferencias, el celo de nuestros policías y las rivalidades profesionales"-, los buenos deseos por poner manos a la obra contrastaron con la falta de apoyo de parte de la Federación.

El procurador de Sinaloa dijo que tan sólo en su entidad, de 2001 a la fecha, los recursos federales asignados a seguridad pública se redujeron 60 por ciento. Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública federal sufrió una merma de casi 600 millones de pesos en su presupuesto y que esta situación ocurre cuando la exigencia de la sociedad por mayor seguridad lejos de disminuir, aumenta.

Los fiscales antisecuestro señalaron que, pese a avances en este rubro, "lo más importante es la prevención", y que se trata de una lucha -Fox la denominó "la madre de todas las batallas" del gobierno federal- en la que "perdemos o ganamos todos".