Critica la reforma judicial del Ejecutivo por ignorar elementos del derecho internacional

Persisten violaciones a los derechos humanos e impunidad, denuncia AI

Preocupante, que las autoridades locales investiguen los asesinatos de mujeres en Juárez

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Amnistía Internacional (AI) afirmó que en el interior del país las violaciones a los derechos humanos "siguen siendo cotidianas y la impunidad es casi total", así como que los indígenas o las personas pobres son las principales víctimas.

La misión de AI, encabezada por Rupert Knox, hizo ayer un balance de su visita a México, que duró dos semanas, y criticó la iniciativa del Ejecutivo federal para reformar el sistema de justicia pe-nal, porque no recoge elementos básicos del derecho internacional.

Knox, coordinador del equipo de investigadores sobre México en el secretariado internacional de AI en Londres, explicó que otro aspecto preocupante sobre nuestro país es que la presencia de militares en las comunidades sigue propiciando violaciones a los derechos humanos e impunidad, porque la procuraduría militar no permite la aplicación cabal de la justicia.

Señaló que el Estado mexicano debería juzgar a los militares en el fuero común o federal, para que las investigaciones sean transparentes y efectivas. Se quejó de que los enviados de AI intentaron comunicarse con el Ejército y la procuraduría militar, pero se les negó la interlocución.

"En este momento la jurisdicción militar garantiza la impunidad y causa rencor en las comunidades, que se encuentran desamparadas ante el Ejército", afirmó.

La delegación de AI visitó Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y encontró "casos terribles" que demuestran cómo se niega el acceso a la justicia en el ámbito local.

"Vimos casos de manipulación de la justicia local para procesar o amenazar con procesar a personas que están reclamando derechos en sus comunidades", afirmó en conferencia de prensa.

En Oaxaca, documentaron situaciones de defensores de derechos humanos que son hostigados y que sufren procesos administrativos para desprestigiarlos y obstaculizar su trabajo.

Mientras que en Guerrero se encontraron con una mujer analfabeta, cuyo hijo fue asesinado por policías municipales, y que fue obligada a suscribir un documento en el que testificaba que el joven se había suicidado.

El defensor de derechos humanos se declaró "decepcionado" de que en el Congreso de Guerrero los partidos políticos no se hayan comprometido a aprobar una ley especial para tipificar el delito de desaparición forzada (que es diferente al secuestro, porque está dirigido a castigar atropellos de las fuerzas del Estado, se mencionó).

En la conferencia que ofreció en la Casa de Refugio Citlaltépetl, explicó que las reformas a la Constitución y al sistema de justicia penal promovidas por el Ejecutivo han sido cuestionadas por las organizaciones de derechos humanos debido a la falta de transparencia en la elaboración de los proyectos. Además, se quejó de que el futuro del Programa Nacional de Derechos Humanos al parecer es incierto, dada la falta de claridad en el proceso de consulta.

Sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, aseguró que ha habido "avances" en la investigación llevada cabo por la Procuraduría General de la República, pero señaló que un elemento preocupante es que esos casos han sido transferidos a autoridades locales para su investigación.

También consideró que es un problema que la comisionada de la Secretaría de Gobernación en este tema, Guadalupe Morfín, no tenga acceso a los expedientes de los casos, dijo que sin esta información "va a ser difícil que haya un esclarecimiento en el sentido histórico, ya que lo penal le corresponde a otras instancias".

Edgar Cortez, coordinador de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, coincidió con el diagnóstico que presentó Knox, y señaló que hay una necesidad urgente de reformar el sistema de impartición de justicia.

A propósito de la marcha que se llevará a cabo mañana, dijo que la necesidad de reforma, las leyes no sólo es por la inseguridad en las ciudades, sino también porque muchos indígenas son víctimas de injusticias.

Señaló que existe una falsa imagen de que los derechos humanos en México han mejorado, porque buena parte de los problemas de violaciones de garantías están ocurriendo en el ámbito de los estados. En las entidades, explicó, los gobernadores y congresos locales no se sienten comprometidos con garantizar los derechos humanos.