Las autoridades federales, capitalinas y mexiquenses, y las de siete entidades del centro del país empiezan a dar muestras de voluntad de cooperación en materia de combate al secuestro, y esa es una buena noticia, habida cuenta que una de las circunstancias que propician la comisión de ese delito es, precisamente, la descoordinación entre las procuradurías estatales y entre éstas y la General de la República. Funcionarios de diversos niveles han admitido, por otra parte, la infiltración de las corporaciones policiales por las bandas de plagiarios que operan en el país.

Otra señal positiva es la detención de una banda de presuntos plagiarios integrada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Judicial capitalinas, siempre y cuando no se trate de una nueva pifia de la Procuraduría General de la República (PGR) y el episodio no sea utilizado para atacar políticamente al Gobierno del Distrito Federal. La colaboración entre todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país es, ciertamente, una condición necesaria para enfrentar el problema y sus expresiones inmediatas, pero no suficiente para erradicar el secuestro y a los secuestradores. Las noticias de días recientes confirman el hecho de que éstos no pueden operar sin complicidades en los cuerpos de policía y, sobre esa base, debe insistirse en la necesidad de una depuración profunda en tales corporaciones y ello requiere, a su vez, de concertación y voluntad políticas para atacar frontalmente la corrupción en todas sus expresiones en la administración pública.

Otra de las circunstancias que favorecen la acción de los plagiarios es el miedo de los familiares de las víctimas de acudir a las instituciones correspondientes a presentar las denuncias respectivas. Esa reserva no se deriva únicamente de la presión sicológica y del chantaje de los delincuentes ni de la pusilanimidad de los agraviados, sino, sobre todo, de la falta de credibilidad de las entidades encargadas de perseguir a los criminales, no sólo por la ineficiencia, el desinterés y la insensibilidad de muchos servidores públicos, sino por el temor de que éstos se encuentren coludidos de alguna manera con los secuestradores. A la luz de las capturas recientes de plagiarios, se trata de un temor fundado y justificado. Es necesario pues, que las corporaciones policiales se ganen el respeto de la sociedad y reconstruyan -casi desde cero, ha de decirse- su autoridad frente a los ciudadanos.

En ausencia de tal autoridad, y en el contexto de las tendencias privatizadoras a ultranza, la industria del secuestro -que no por ilegal y repugnante deja de ser una cadena productiva- ha auspiciado la proliferación, sin ningún control, de empresas de "seguridad" y hasta de despachos de "negociadores", para los cuales el plagio constituye una oportunidad de negocio y un lucrativo modus vivendi. Los guardias privados, los negociadores y otros giros de "seguridad" viven, a fin de cuentas, de la persistencia del secuestro, y prosperan cuando éste se incrementa. El Estado tendría que armarse de voluntad y de capacidad concertadora para proscribir terminantemente tales actividades y retomar, mediante cuerpos de prevención e investigación renovados y moralizados, su obligación fundamental e indeclinable de garantizar la seguridad y la integridad física de todos los ciudadanos.

Finalmente, y sin ánimo de desconocer o minimizar la magnitud, la complejidad y el horror de los secuestros en el país, debe señalarse la inconveniencia de generar un clima de terror como el que están propiciando, en forma por demás irresponsable, sectores de la iniciativa privada y grupos de ultraderecha con el invaluable respaldo de diversos medios de información, sobre todo electrónicos. El ambiente de terror y la percepción de vacío de poder generada por esos estamentos sirve a los delincuentes y quizá también a los intereses que desearían aprovechar la ausencia de autoridad pregonada por ellos mismos y a la que buscan convertir en una profecía autocumplida.