Jonathan Wheatley, Sao Paulo

El Tribunal Federal Superior (TFS) de Brasil, la Corte Constitucional, retomó el 15 de junio las deliberaciones sobre la legalidad de la reforma del sistema de pensiones adoptada el año pasado. Sería difícil sobrestimar la importancia del resultado de dichas deliberaciones. Una sentencia en favor del gobierno del presidente Lula beneficiaría la confianza de los inversionistas y, con ello, levantaría la decaída moral de ese gobierno. Una derrota no sólo agravaría el sentido de crisis que rodea al presidente y a su equipo, sino que sería un duro golpe a uno de sus logros más significativos hasta ahora.

"La invalidación por el TFS de la reforma de las pensiones sería nada menos que un desastre fiscal", señaló Christian Stracke, de CreditSights, empresa de investigación del mercado de capitales en Nueva York.

El TFS está examinando si la gente que recibe pensiones por retiro y otros beneficios debe pagar impuestos sobre esos ingresos. El asunto es uno de los elementos clave de la reforma del sistema de pensiones que el gobierno del presidente Lula, de orientación izquierdista, aplicó el año pasado frente a la feroz resistencia de sus propios partidarios.

Las reformas están diseñadas para hacerse cargo de los desajustes entre los dos sistemas públicos de pensiones: uno para servidores públicos y otro para los trabajadores del sector privado. En 2000, por ejemplo, menos de 4 millones de trabajadores del sector público retirados recibieron pagos por pensiones por 52 mil millones de reales, mientras que los trabajadores en activo contribuyeron sólo 6.9 mil millones de reales a los fondos, creándose así un déficit de 45.1 mil millones de reales. En ese mismo año, más de 16 millones de trabajadores retirados del sector privado recibieron beneficios por 65.8 mil millones de reales, comparados con las contribuciones por 55.7 mil millones, propiciando un déficit de 10.1 mil millones (3.1 reales equivalen a un dólar).

El objetivo declarado del gobierno es crear un sistema unificado para los trabajadores de los sectores público y privado. Hacerlo de manera inmediata habría ocasionado una resistencia política inmanejable. Por ello se optó por un paquete de medidas de compromiso, la mayoría diseñadas para reducir los excesos generados en el sistema que se aplica en el sector público.

Al tiempo de hacer que los beneficios de las pensiones sean gravadas, las reformas también fijaron requerimientos mínimos de edad para el retiro de los servidores públicos (60 años para hombres y 55 para mujeres). También se puso fin a la práctica por la cual esos trabajadores se retiraban con el pago completo de su salario (y hasta con más del salario completo, ya que muchos eran promovidos de puesto inmediatamente antes de su retiro), además de los incrementos en las pensiones basados en los aumentos salariales que recibían los trabajadores en activo. En lugar de estar originadas en los salarios al momento del retiro, las pensiones serán ahora calculadas de acuerdo con el promedio de los salarios pagados durante el tiempo que duró la carrera del trabajador y estarán sujetas a un nuevo techo. Las reformas también introdujeron un nuevo límite superior voluntario a los fondos de pensiones para el sector público y extienden las coberturas de los trabajadores con ingresos más bajos en el sector privado. Una serie de reglas intermedias cubren el periodo de transición. En total, el gobierno afirma que las reformas permitirán ahorrar 49 mil millones de reales en los próximos 20 años.

Estas reformas quedaron lejos de una situación ideal, pero aun así constituyeron un logro sustancial, especialmente tras el fracaso del anterior gobierno que, pese a haber delineado las reformas, no aplicó ningún cambio al sistema público (aunque introdujo cambios relevantes que llevaron a la creación de un mercado individual de contribuciones a los planes de pensión).

No es sorprendente que las reformas enfrenten una dura oposición de los trabajadores del sector público que han sido afectados, cientos de miles de los cuales marcharon en protesta por las calles de Brasilia. Pero el presidente Lula convenció a muchos electores, diciendo que aquellos que se oponían eran una elite privilegiada y que las reformas eran un paso hacia la consecución de un esquema más justo. Los mercados financieros, que desean ver una reducción en el déficit público, quedaron satisfechos.

Pero las reformas encuentran ahora un obstáculo que puede ser difícil de superar. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso aplicó, en efecto, una medida similar para que los pensionados pagaran impuestos, sólo para ver cómo era echada para atrás por el TFS. Ahora el mismo destino parece en puerta para las reformas de Lula. El TSF empezó la deliberación del caso el 26 de mayo. Tres jueces votaron ­dos en contra del impuesto y uno en favor­ antes de que un cuarto juez pidiera más tiempo para revisar la situación.

La corte retornó el 15 de junio y puede o no llegar a una decisión antes del receso que inicia en julio. Si las medidas del gobierno son revertidas pueden acarrear un costo para el gobierno de 5 a 6 mil millones de reales en ingresos perdidos cada año. Esto sería un retroceso dramático, tanto para las finanzas públicas como para la confianza en el gobierno. Con el Senado amenazando con otorgar un aumento al salario mínimo mensual a escala nacional mayor al que el gobierno dice estar en capacidad de pagar, y siguiendo una cadena de derrotas menores en el Congreso, esto es algo que el gobierno en verdad no podrá afrontar §

Foto: AFP