Negó adeudar los millones que reclaman los Amezcua

Se ampara Santander Serfin contra el embargo de sucursales

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Un juzgado federal concedió al banco Santander Serfin un amparo para evitar que sus sucursales fueran embargadas, como dispuso un tribunal local de Veracruz, ante el reclamo multimillonario de un cuentahabiente que pide la devolución del capital más intereses de un depósito realizado en 1988.

La institución bancaria negó este jueves que adeude la cantidad exigida por una familia de Xalapa, y que alcanza la cifra inimaginable de 36 billones 200 mil millones de pesos, unos 360 mil millones de dólares, cifra que equivale a cinco veces el valor del producto interno bruto del país.

La controversia, que anticipa el comienzo de un largo proceso judicial para ambas partes, reproduce una saga similar iniciada hace siete años por Celia Reyes, una anciana viuda residente en Zamora, Michoacán, que reclama un reembolso de 50 mil millones de dólares por un depósito realizado en 1988 en el entonces Banco del Atlántico, después Bital y ahora HSBC.

Al comienzo de esta semana, un juez de primera instancia de Xalapa, Daniel Dámaso Vázquez, dispuso que los integrantes de la familia Amezcua, residente en esa ciudad, debía recibir de Santander Serfin un pago de 36.2 billones de pesos, suma que alcanzaría la actualización de los intereses por un depósito de 25 millones de viejos pesos realizado en Serfin en 1988, antes de que en 1993 entrara en vigor la reforma monetaria que ''quitó'' tres ceros al peso.

El juez Dámaso Vázquez dispuso que las sucursales y caudales de Santander Serfin debían ser embargadas de manera precautoria para garantizar el pago de la obligación a favor de la familia Amezcua.

Este jueves, en un comunicado, la institución bancaria afirmó que es ''falso que el banco adeude la cantidad'' reclamada en el litigio desarrollado en Veracruz.

Al tiempo, informó que obtuvo del juzgado federal primero de distrito un amparo contra la orden de embargo precautorio dictada por el juez de Veracruz. Esta protección sólo impedirá el embargo mientras se desarrolla el proceso judicial.

A principio de esta semana, según el comunicado, el banco presentó ya los argumentos correspondientes ante el juzgado primero de distrito, ''que concedió la razón a Banca Serfin, en el sentido de resolver que todas las actuaciones celebradas por el juez de primera instancia en Xalapa, Veracruz, son nulas''.

Directivos de la institución financiera comentaron que hasta este lunes no habían sido notificados del proceso legal iniciado por la familia Amezcua. ''No sabíamos nada'', declaró una fuente de la institución. Desde el miércoles, un equipo de abogados de Santander Serfin ha sido desplazado a Veracruz para atender el caso.

''No sabemos por ahora si hay un registro del depósito que dicen haber realizado, ni tampoco podemos decir si fue o no cobrado en algún momento'', indicó la fuente consultada por este diario.

En 1988 Serfin era uno de los 18 bancos nacionalizados. Fue privatizado durante el proceso de desincorporación bancaria efectuado entre 1991 y 1992. Después de la crisis de 1995, el grupo de accionistas encabezado por el empresario regiomontano Adrián Sada -que había comprado el banco en el gobierno del ex presidente Carlos Salinas- perdió el control de la institución, que fue tomado por el español Santander Central Hispano.

De Xalapa a Michoacán

En octubre de 2002, la viuda michoacana Celia Reyes, quien reclama un pago equivalente a 50 mil millones de dólares por un depósito realizado en 1988 en el entonces Banco del Atlántico, decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al ''Estado mexicano'' por el retraso en la ejecución del fallo final del juicio contra Bital -que adquirió Atlántico el sexenio pasado.

A mediados de 2002, el cuarto tribunal colegiado, máxima instancia en que puede ser desahogado el litigio, decretó que la señora Reyes, una mujer de casi 90 años, tenía razón al reclamar el pago del deposito realizado en 1988 por un monto equivalente a 120 mil dólares de entonces y que fue contratado a una tasa fija de 149 por ciento, como se estilaba entonces.

Víctor Blake, representante jurídico de Reyes, aseguró en aquel entonces que el retraso para liquidar el depósito estaba relacionado con la intervención, en contra de su representada, de los senadores panistas Fauzi Hamdan y Diego Fernández.