Gilberto López y Rivas

El Tajín: represión por la defensa del patrimonio cultural

Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos muebles e inmuebles son bienes de dominio público y uso común que no pueden ser objeto de concesión, aprovechamiento y disposición individual o de particulares en ninguna forma. Son los principios de interés público y beneficio social presentes en la Carta Magna los que rigen la protección de las extraordinarias riquezas nacionales que otorgan identidad y raíces históricas a México. Sin embargo, nuestro patrimonio cultural ha estado en permanente acoso por una política que promueve el control e incluso la propiedad privada del mismo en personas, empresas y grupos de poder económico y político.

Recurrentemente en décadas recientes se han presentado iniciativas de ley con el propósito de sustraer de la nación su patrimonio cultural a partir de un giro privatizador y elitista. En estos esfuerzos se han unido empresas desarrolladoras, corporaciones del turismo trasnacional, vendedores en el tráfico clandestino de piezas arqueológicas, grupos políticos de poder regional y nacional y "legisladores" a quienes estorban leyes y instituciones que, como el Instituto Nacional de Antropo-logía e Historia (INAH), particularmente sus trabajadores y sindicatos, dan la batalla por la defensa y conservación del patrimonio cultural. Materia de trabajo y razón de ser del INAH, el patrimonio cultural, en su significado amplio: natural, tangible e intangible, es considerado por sus trabajadores "patrimonio sitiado", y se han comprometido a defenderlo a partir de la convicción de que "el patrimonio cultural es de todos y, por lo tanto, todos debemos defender su integridad para legarlo a las futuras generaciones".

El Tajín es una zona arqueológica emblemática en cuanto a la lucha por la defensa del patrimonio cultural. Desde el inicio de 1999 se ha desarrollado una amplia protesta contra un proyecto del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Alemán, conocido como la Cumbre Tajín, en la que han participado diversos sectores regionales agrupados en el Frente Papanteco en Defensa del Patrimonio Cultural.

Las principales demandas de la lucha son la no privatización de la zona y la participación de las comunidades indígenas en el desarrollo turístico. Uno de los sectores más combativos en la protesta es el constituido por los custodios, la gran mayoría totonacas, quienes han organizado diversas manifestaciones y mantenido la exigencia de que los fondos que destina el gobierno veracruzano al INAH por la cumbre, que ascienden, según declaraciones del propio director del instituto en Veracruz, a 9 millones de pesos, sean destinados efectivamente al mantenimiento de la zona y a dotarlos de equipo y materiales para desarrollar su tarea. En 2000 fue declarada la zona de monumentos arqueológicos de El Tajín, que incluía mil 200 hectáreas. La extensión del perímetro provocó graves contradicciones con los proyectos turísticos impulsados por el gobierno del estado, el cual buscaba que la declaratoria fuera de sólo 300 hectáreas, ya que se pretende desarrollar un complejo turístico con hoteles de lujo, campos de golf, galerías, auditorios, etcétera.

El gobierno estatal aprovechó que también existía descontento de las comunidades indígenas que habían quedado incorporadas a la zona y se generó una crisis con el INAH, canalizada por conducto de un Comité de Defensa de la Propiedad, encabezado por priístas y dirigentes de comerciantes ambulantes proclives al gobierno alemanista. Uno de los principales blancos de ataque fueron los custodios, apoyándose en algunos legisladores locales y recibiendo el respaldo del senador Fidel Herrera, quien incluso promovió un punto de acuerdo en el Senado para derogar el decreto de la declaratoria.

En el proceso, diversos agentes municipales se fueron deslindando del Comité de Defensa de la Propiedad. Uno de ellos, Noé Patiño Santés, agente municipal de la comunidad El Tajín, se convirtió en un aliado de los custodios y comenzó a promover que se atendieran las demandas de servicios de las comunidades y cumplieran en esa dirección los compromisos de Miguel Alemán en compensación por la realización de la cumbre. En febrero de este año se realizó una manifestación y se bloqueó por unas horas la carretera Papantla-Poza Rica, lo que derivó en fincamiento de responsabilidades y posterior detención del agente municipal mencionado y del custodio y dirigente sindical del INAH Francisco García Xochihua, así como la persecución de los también custodios y trabajadores del INAH Hipólito Xochihua Ibarra e Ismael García Elías. Ello en violación de acuerdos con las autoridades del estado de que no habría represalias por las manifestaciones públicas realizadas.

Con fecha 27 de mayo, todas las delegaciones sindicales de trabajadores del INAH publican un desplegado demandando el cese de esta persecución y el desestimiento de los procesos judiciales contra los trabajadores del instituto y los representantes indígenas, la aplicación de los recursos destinados a la conservación de la zona, el cumplimiento de las promesas de desarrollo de las comunidades indígenas y la reorientación de la política turística y cultural de la zona arqueológica de El Tajín hacia proyectos sociales y culturales no privatizadores, bajo el lema "ningún proyecto cultural puede sustentarse en el autoritarismo".

šLibertad a los presos políticos por la defensa del patrimonio cultural!