Pide evaluar eventuales efectos del juicio de procedencia

Valadés: los ataques al GDF pueden causar conflicto social

Señala el riesgo de que surja la "desobediencia civil"

La PGR tenía que cumplir la resolución judicial, afirma

KARINA AVILES

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi- co (UNAM), Diego Valadés, expresó que la Cámara de Diputados no debe emitir una resolución sobre Andrés Manuel López Obrador en la que no se valoren también los efectos "polí-ticos y sociales" que puede tener una declaratoria de procedencia en con- tra del jefe del Gobierno del Distri- to Federal.

"No podemos pensar en que la aplicación tajante, sin matices de la norma, genere la solución de un problema judicial y el inicio de un gran conflicto social", alertó. Señaló que no se debe colocar a la sociedad en la posición de incurrir en "actos de desobediencia civil, que es a lo que nos estamos acercando".

Por otra parte, cuestionó el criterio utilizado por la Presidencia de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para negar a un grupo de investigadores del IIJ el acceso a las encuestas que realiza el Ejecutivo, al indicar que en el gobierno se considera que "la opinión de los mexicanos pone en riesgo la seguridad nacional de los propios mexicanos".

En entrevista realizada en el contexto de las mesas redondas El México agrario del siglo XXI, Valadés contó que Presidencia respondió a los investigadores que solicitaron dichas encuestas que "era material que no podía revelarse por razones de seguridad nacional. Que sólo hasta dentro de seis años se tendría acceso a los resultados.

"Estos investigadores fueron al IFAI y dicho instituto sostuvo el criterio", pero redujo el tiempo de reserva a dos años. Lo anterior quiere decir que "lo que estamos opinando pone en riesgo la seguridad nacional del país. Entonces uno se pregunta: Ƒqué estaremos opinando los mexicanos?"

Respecto al juicio de procedencia contra López Obrador, expresó que en la Cámara de Diputados se tendrá que proceder con un doble criterio: el jurídico y el político, que son igual de relevantes.

"Lo que no podrá llevarse a cabo es una resolución en la que no se valoren también los efectos políticos y sociales que puede tener una declaratoria de procedencia penal en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal", destacó.

Consideró que la Procuraduría General de la República no tenía otra opción más que dar cumplimiento a una resolución judicial, en este caso, de un tribunal colegiado. "Pero para eso existen otras instancias y la propia Constitución prevé que sea la Cámara de Diputados la que valore las razones que sean la salida para tomar una decisión", finalizó.