Denuncian presiones y condicionamientos de la Conagua

Rechazan campesinos de Hidalgo asumir control de distritos de riego

Pretende el gobierno federal culminar la privatización del sector agrícola y entregarlo al capital trasnacional, afirman

CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL

Tezontepec de Aldama, Hgo., 11 de junio. Con las reformas hechas en abril pasado por la Cámara de Diputados a la Ley de Aguas Nacionales se pretende culminar la privatización del sector agrícola, porque aunque concreta las reglas para que los campesinos se hagan cargo de los 52 distritos de riego que existen en el país, no le transfiere los recursos que el gobierno federal destina actualmente a esos sistemas de irrigación.

"Es como si nos dieran un camión en mal estado, pero que el gobierno paga las refacciones cuando falla. Cuando nos lo entregue totalmente, cómo vamos a pagar el diesel y las llantas. Con eso nos obligarán a vender el camión y con las reformas legales, fácilmente podrán entrar los grandes capitales que comprarán tierras y se quedarán con los sistemas de riego", asegura el agricultor Sabino Juárez Corona, quien es el principal promotor de la defensa de las aguas residuales del valle de México que riegan las tierras del valle del Mezquital, donde se ubican los distritos de riego 003 y 100, pertenecientes a los municipios de Tula y Alfajayucan, respectivamente.

Estas localidades son las únicas que no han aceptado asumir el control de los sistemas, como pretendió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando en 1992 promovió las primeras reformas a la Ley de Aguas Nacionales y al artículo 27 constitucional.

Ambos distritos irrigan más de 120 mil hectáreas, sembradas de alfalfa y maíz, básicamente, en 3 mil kilómetros de canales que hoy están en malas condiciones. En esta labor se emplean unos 80 mil productores que habitan 19 municipios, y de esa agricultura viven unas 500 mil personas, la cuarta parte de la población hidalguense.

El argumento de los productores de esta localidad es sencillo: las aguas son propiedad de la nación, y en el caso específico de esta región, recuerdan que en 1893 el presidente Porfirio Díaz ordenó la publicación de un decreto para brindar aguas residuales de la cuenca del valle de México a la región hoy conocida como valle del Mezquital. Ha habido subsecuentes ratificaciones a ese decreto en 1898, 1910, 1927 y 1965.

Pero ahora la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quiere cambiar esa figura por un título de concesión hasta por 50 años, cuando el decreto citado dice que la dotación es por "tiempo indefinido".

De aceptar la transferencia, los productores se tendrían que hacer cargo de la operación, administración y, sobre todo, del mantenimiento de los canales de distribución, los sistemas de bombeo, las compuertas, que tienen más de 60 años de antigüedad.

Los usuarios se oponen, primero, porque hay un acuerdo firmado hace dos años de mantener en 10 pesos la tarifa por el uso del agua, en lugar de los 52 que pretendía imponer la Conagua. "Si aceptamos la transferencia, de principio nos suben cinco veces más la tarifa", dice Reyes Pérez, otro agricultor opuesto a la medida.

Se requiere, dicen, de una inversión inicial de 3 millones de pesos sólo para atender la décima parte de la red de distribución, dinero que no tienen.

Juárez Corona recuerda, documentos en mano, que el 29 de abril pasado, con 414 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobaron reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Manifiesta su desaliento con aquellos partidos que dicen estar comprometidos con causas justas y en favor de los pueblos pobres, como el PRD y el PT, pues la votación fue "unánime". Los restantes 186 diputados "simplemente no acudieron a la sesión".

Entre los considerandos de las reformas se plantea el concepto de que los recursos hídricos serán asunto de seguridad nacional; se propone la creación de organismos civiles de cuenca y consejos de cuenca, con conceptos como democratización de los recursos hídricos y dar representación en esos organismos a los usuarios.

Más tierras de riego pero menos agua

Hasta 1998 los distritos recibían todas las aguas residuales del valle de México, pero en 2002 la Conagua autorizó su uso al proyecto Alto Ajacuba, en Hidalgo, para irrigar entre 4 mil y 5 mil hectáreas, a pesar del compromiso de no ampliar más tierras de riego. En 1996 la dependencia federal autorizó otra ampliación de mil 200 hectáreas en el paraje El Tumba, en el valle del Mezquital.

Actualmente está en proceso de conceder el proyecto Tunititlán, que comprende 7 mil hectáreas en los municipios de Mixquiahuala, Chicuautla y Tezontepec de Aldama, mediante el sistema de goteo. Los productores cuestionan: "si nos mandan la misma agua y se amplían las tierras de cultivo", entonces cómo se va a resolver el problema de falta del líquido en varias unidades de riego.

Los campesinos acusaron a la Conagua de haberlos presionado para hacerse cargo de los distritos de riego. Los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por ejemplo, se entregan a quienes aceptan y firman estar de acuerdo con la transferencia. Otra presión es la suspensión del riego. "Aceptas la transferencia, hay agua. No la aceptas, te la quitamos". Por esa causa se han siniestrado alrededor de 40 por ciento de sus cosechas.

Más grave aún es la advertencia de que "si no cooperas, das mantenimiento, limpias las redes de distribución del agua, te multarán hasta con 10 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal".

Si con la Ley de Aguas Nacional promovida en 1992 por Salinas de Gortari, se abrió el paso a la privatización de los recursos hidráulicos del país, con las reformas promovidas por el gobierno de Vicente Fox Quesada, aprobadas por el Congreso de la Unión el 29 de abril pasado, de plano se entregan estos recursos al capital transnacional y se despoja a los campesinos de su principal fuente de vida, concluyen.