La desarrollaron el Pentágono y el Departamento de Justicia, revelan documentos

Washington creó estrategia para evitar acusaciones por torturas

Existe sólo cuando hay "lesión física seria, como la falla de un órgano": abogados del gobierno

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 11 de junio. El gobierno de George W. Bush ha desarrollado una nueva estrategia legal que otorga a sus soldados amplias exenciones a las prohibiciones estadunidenses e internacionales a la tortura de enemigos y argumenta que, por ejemplo, el maltrato de un enemigo sólo se considerará tortura si resulta "en una lesión física seria, como la falla de un órgano, el deterioro de una función del cuerpo o aun la muerte".

Documentos hasta ahora secretos obtenidos por La Jornada y otros medios esta semana demuestran que existía una política desarrollada en los más altos niveles del gobierno de Bush para autorizar el uso de técnicas de interrogación definidas por la Cruz Roja como tortura. Cada día hay nuevas revelaciones en esta capital sobre la extensión de esta política. El Washington Post reportó esta semana que la Cruz Roja rehusó enviar equipos médicos a las instalaciones de detención en Guantánamo durante seis meses en 2003, porque descubrió que los militares utilizaban la información médica de los doctores para facilitar sus interrogatorios.

En un documento secreto del gobierno estadunidense de 56 páginas, fechado el 6 de marzo de 2003, abogados del Pentágono argumentan que las leyes estadunidenses que prohíben la tortura "deben ser consideradas como inaplicables en los interrogatorios" realizados por militares estadunidenses que actún bajo el comando del presidente en tiempos de guerra. Este documento, clasificado como "secreto", ofrece a militares de alto rango una definición legal oficial de "asalto", "crueldad" y "maltrato", entre otros tipos de comportamientos que normalmente serían considerados como tortura.

El presidente Bush rehusó responder a periodistas el pasado jueves si estaba de acuerdo en que la tortura es, a veces, justificada en tiempos de guerra. Durante una conferencia de prensa al término de la cumbre del Grupo de los Ocho, en Georgia, Bush repitió que "la autorización que yo dí fue que cualquier cosa que hiciéramos se ajustara a las leyes de Estados Unidos", respuesta que evadió establecer si apoyaba la posición de los abogados del Pentágono de que la tortura no siempre es ilegal.

El documento del Pentágono parece hacer eco de otro preparado por el Departamento de Justicia ese mismo año, el cual establece que la tortura de un prisionero "podría ser justificable" si "evita más ataques contra Estados Unidos de la red terrorista Al Qaeda". El procurador general, John Ashcroft, ha reconocido la existencia de éste, pero rehusó entregarlo al Congreso esta semana.

Este documento, del Departamento de Justicia, también especifica que para que un tipo de maltrato sea calificado de tortura debe ser suficientemente severo como para provocar la falla de un órgano o la muerte. O sea, intenta calibrar qué tanto dolor se requiere para que algo sea considerado como tortura.

Tanto el documento del Departamento de Justicia como el del Pentágono sostienen que el gobierno estadunidense siempre ha tenido una definición más limitada de lo que es tortura, que el empleado por gran parte de la comunidad internacional.

Cuando Estados Unidos ratificó la Convención Internacional contra la Tortura en 1994, el entonces gobierno de Bill Clinton afirmó que sólo acordaba firmar esta convención con la condición de modificar la definición de esta manera: "para constituir tortura, un acto tiene que tener la intención específica de infligir dolor o sufrimiento físico o mental severo".

Definición amplia

Estados Unidos sostuvo que la definición de tortura en la convención internacional era demasiado amplia y por tanto agregó una serie de acciones que podrían considerarse como tortura, incluyendo "la amenaza de muerte inminente" y "la amenaza de que otra persona será inminentemente sujeta a la muerte", entre otras, pero con la idea de que otros tipos de comportamiento no serían clasificados así.

Estas modificaciones, declaran los abogados del Pentágono en su documento de marzo de 2003, son importantes para evitar que militares que participan en interrogatorios sean acusados de tortura. Además, señalan que los militares podrían argumentar que sólo cumplían órdenes. Esa defensa, que fue notablemente descartada en los juicios de Nuremberg, es permisible, sugieren los abogados del Pentágono, si "una persona de sensatez y comprensión ordinaria" no estaba consciente de que su acción era una violación de la ley por ser crimen de guerra.

Reconocen que sus argumentos de que los militares estadunidenses están exentos de las prohibiciones contra la tortura podrían no ser aceptados por otros países u otras interpretaciones de la ley. "Otras naciones y organismos internacionales podrían tomar una perspectiva más restrictiva" de qué tipos de técnicas de interrogación son permitidas bajo la ley internacional, advierten los abogados.

Los documentos del Pentágono y del Departamento de Justicia también demuestran que altos oficiales estadunidenses están preocupados porque podrían ser acusados de crímenes de guerra. De hecho, Jonathan Tepperman, editor principal de la revista Foreign Affairs, escribe hoy en el New York Times que bajo la doctrina legal de "responsabilidad de mando", desarrollada por los estadunidenses ante los tribunales de Nuremberg, "oficiales pueden ser responsabilizados de crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, aun si no giraron órdenes para ellos -siempre y cuando tuviesen control sobre los acusados".

Esta es una norma reconocida por los tribunales estadunidenses y empleada en los tribunales internacionales en La Haya contra, por ejemplo, el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, agregó. Aunque Tepperman acepta que es poco probable que altos oficiales estadunidenses enfrenten juicios por crímenes de guerra, señala que las acciones estadunidenses en Irak y Guantánamo podrían hacer difícil, si no imposible, procesarlos por dichos ilícitos en cualquier parte del mundo en el futuro.

Pero también será difícil evitar las demandas para realizar investigaciones en este país. Gregg Broche, experto legal y médico que participó en las investigaciones de tortura en la guerra sucia de Argentina, dijo que doctores que trataron a prisioneros en Abu Ghraib o en Guantánamo podrían perder sus licencias y hasta ser culpados de complicidad en casos de tortura.

Un grupo de abogados militares, algunos de los cuales protestaron ante la orden del Pentágono de desarrollar la nueva doctrina legal justificando la tortura, promueve demandas para que altos funcionarios rindan cuentas sobre este asunto.

La revelación de que el secretario Donald Rumsfeld aprobó personalmente una lista de técnicas agresivas de interrogatorio ofrece nuevas pruebas de que la tortura de los detenidos en Abu Ghraib no es un incidente aislado, sino parte de una nueva política promovida por el Pentágono. Algunas de las técnicas, como colocar a detenidos en "posiciones de estrés" por periodos prolongados y algunas formas de contacto físico, son muy parecidas a las acciones que están grabadas en las famosas fotografías de abusos en Irak.

A la vez, abogados de los soldados de bajo rango acusados de torturas en Abu Ghraib casi seguramente utilizarán estos documentos recién revelados como parte de la defensa de sus clientes.