Necesarias, medidas con perspectiva de prevención, señala el académico René Jiménez

Combatir el crimen con más violencia genera impunidad

Ante la escalada de violencia que padece el país por el incremento de homicidios y secuestros perpetrados por delincuentes cada vez más brutales, los gobiernos federal y estatal sólo aplican acciones represivas en delitos consumados y no con una perspectiva de prevención, afirmó René Jiménez Ornelas, sociólogo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La decisión de revitalizar prácticas autoritarias -afirmó- no sólo fortalece el viejo modelo policiaco represivo, sino que genera un incremento en la violencia, la cual es percibida por los ciudadanos como una agudización de la inseguridad y, por tanto, un fracaso de las políticas de seguridad pública.

Especialista en sociodemografía de la violencia y coordinador de la Unidad de Análisis sobre la Violencia Social en México del IIS, agregó que el planteamiento de los estados autoritarios es atemorizar a la sociedad e imponer "mano dura para desmovilizar y aislar al ciudadano de otros ciudadanos como única forma de control", por lo que se ha dejado de lado la aplicación de una política integral de combate a la delincuencia donde la prevención sea el eje central.

"Resulta evidente que no se puede luchar contra la delincuencia generando más violencia e impunidad, pues es el propio sistema jurídico quien lanza un mensaje muy claro para el delincuente sobre la casi inexistente posibilidad de ser sancionado, pues se estima que de cada 100 secuestradores sólo uno enfrentará un proceso penal".

En esta lógica, es muy peligroso que la sociedad no sólo tolere medidas represivas, sino que exija penalidades más altas para los delitos más violentos, pues está comprobado que el incremento en las sanciones no reduce los índices delictivos, por el contrario, aumenta el miedo y la violencia.

"Esta percepción de inseguridad genera que los ciudadanos acepten inclusive su propia reclusión, como el toque de queda en Tlalnepantla, los retenes o cualquier política represiva".

Las autoridades federales y locales no han comprendido que a mayor represión, mayor violencia, y siguen sin aplicar una política de seguridad pública que incluya la prevención de los actos ilícitos, que si bien son producto de diversos factores tanto económicos como sociales, también son alentados por un sistema jurídico corrupto que permite "no sólo la impunidad, sino también la protección del delincuente, pues la víctima no existe para la justicia".

Por ello, aseguró que en la medida que una autoridad genera temor por medio de acciones represivas, es más fácil controlar al ciudadano, "pero no resuelve el grave problema de inseguridad que hoy afecta nuestra sociedad y que tiene un costo muy elevado en la calidad de vida del ciudadano".

LAURA POY SOLANO