Dice que han servido para encubrir a plagiarios, pues impiden presentar denuncias

La PGR va tras firmas que se dedican a la negociación en casos de secuestro

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) actuará contra las empresas que ofrecen servicios de negociación en casos de secuestro, debido a que han servido para encubrir a las bandas que perpetran los plagios, ya que se obliga a los contratantes a no presentar la denuncia respectiva.

El titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, señaló que esas empresas "sólo han servido para aumentar el sufrimiento de muchas familias", por lo que "deben dar por concluido su trabajo y permitir a las autoridades cumplir con su responsabilidad", toda vez que sólo cuando fracasan en su intento de rescatar a las víctimas, permiten que los parientes de éstas den parte a las autoridades.

Fuentes oficiales revelaron que entre las empresas internacionales que ofrecen este tipo de servicios en México y ya son objeto de investigación por la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) están Kroll Associates y Control Risk, así como el abogado Max Morales, quien supuestamente es un "experto" en asesoría en negociaciones para el rescate de víctima de plagio.

De acuerdo con las fuentes, los negociadores cobran entre 15 y 30 por ciento del monto que no se paga del rescate exigido. Por ejemplo, si una banda pide un millón de pesos para liberar a su víctima y al final de la negociación aceptan cien mil pesos, de los otros 900 mil, los expertos cobran entre 135 mil y 270 mil pesos.

Por ello, añadieron, la participación de negociadores se ha convertido en un eslabón más de la industria del secuestro y ha llegado a ser más redituable que cometer un plagio, pues los montos exigidos como rescate han disminuido hasta 95 por ciento cuando la negociación se ha realizado con funcionarios públicos.

Al respecto, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la SIEDO, afirmó que "se ha desatado una campaña de magnificación del delito de secuestro en México que sólo lleva a desconfiar de las autoridades y a pedir apoyo a compañías o personas que lo único que hacen es impulsar a las bandas, ya que con el silencio que imponen a las familias afectadas se incrementa la impunidad, y por ende esos grupos de delincuentes se fortalecen al saber que nadie los denunciará".

El funcionario señaló que "México no es Colombia, allá se vive en el horror, quienes pretenden comparar lo que pasa aquí con lo que sucede en esa nación no saben lo que es vivir en el infierno. No es cierto que México sea el número uno o dos en secuestros, no hay por ningún lado información que permita corroborar la comisión de 3 mil plagios anuales".

Otras fuentes oficiales señalaron que la PGR solicitó información a la empresa Kroll acerca de sus cifras de secuestros cometidos en México y que la respuesta fue que son apreciaciones basadas en datos estadísticos de otras naciones con alto índice de plagios, y por ello señalaron que por cada caso que se denuncia existen otros tres que no se reportan.

Santiago Vasconcelos puntualizó: "Hoy esas empresas que viven del negocio del secuestro hacen lo mismo que las compañías de alimentos chatarra, que engañan con su publicidad y prometen cosas que no brindan sus productos, pero que dicen son una maravilla y todos quieren consumirlos, al menos al inicio, antes de descubrir el engaño. Hoy existe una magnificación del delito y lo único que están provocando es una gran paranoia, aunque esto no significa que se deje de reconocer que el secuestro existe en México".

Refirió que si bien el estado de México y el Distrito Federal son dos de las entidades donde tiene lugar el mayor número de plagios, "también lo es que las procuradurías de ambas entidades han hecho un trabajo excepcional, y se puede decir que en los últimos meses se ha desmembrado al menos una banda de secuestradores por semana".

Macedo de la Concha indicó ayer que la PGR ha tenido conocimiento de la existencia de despachos de asesoría a familiares de víctimas de secuestro. Añadió que esa sola actividad es lícita, pero lo que está prohibido por la legislación mexicana es que "en múltiples ocasiones se omite informar del delito a la autoridad y empiezan a negociar con los secuestradores para que se logre la liberación de la víctima".

Pero, agregó, "una vez que ya no pueden con la negociación es cuando sugieren informar a la autoridad; obviamente en ese momento ya se perdieron elementos muy importantes para que se pueda actuar con toda certeza".

Por ello, abundó, esas actividades que realizan tres o cuatro empresas o despachos se están investigando y se procederá en su contra, ya que podrían haber incurrido, al menos, en el delito de encubrimiento.

En ese contexto, reveló que la PGR ha tenido información de que en el caso de dos jóvenes que recientemente fueron asesinados por sus plagiarios, la familia de las víctimas estaban siendo asesoradas por despachos de ese tipo.

Se le preguntó en torno a las versiones que se difunden en círculos policiacos y hacen alusión a que uno de los asesores en el caso de los jóvenes era José Antonio Sánchez Ortega, abogado del cardenal Juan Sandoval Iñiguez (a quien la PGR investigó por la presunta participación de su hijo en un intento de secuestro y por lavado de dinero, pero no se encontraron elementos para proceder en su contra en esta última indagatoria).

El procurador aseguró "no tener conocimiento" de que estuviera involucrado en ese asunto, pero dijo saber que Sánchez Ortega -integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, del cual es presidente José Espina, dirigente de la Coparmex- "es un activista abierto, pleno, en el combate a la delincuencia".