México D.F. Sábado 12 de junio de 2004
El Presidente insiste en aniquilar a un adversario político, acusa el sol azteca
Se responderá política y jurídicamente a la ofensiva del gobierno de Fox, dice el PRD
Pronostica que se "fabricarán" más acusaciones para desprestigiar a López Obrador
RENATO DAVALOS
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que está preparado para hacer frente a los embates que realiza y los que prepara la administración foxista. La respuesta, precisó, se dará no sólo en el ámbito político sino en el jurídico.
No es el PRD el que violenta los intentos de diálogo para rencauzar la marcha del país, señaló. El gobierno "busca aniquilar a un adversario" político en lugar de ocuparse de los temas de la agenda nacional.
En un comunicado, el CEN perredista precisó que de muy poco han servido los contactos que el presidente Vicente Fox ha entablado con algunas fuerzas políticas, pues al final de cuentas no se han ofrecido resultados concretos.
Sin embargo, el gobierno foxista sí está interesado en multiplicar los ataques contra un gobernante perredista que "ni siquiera es candidato a la Presidencia de la República, y enfoca su ofensiva a partir de las encuestas que sitúan a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2006".
"Como sucedió en el caso del Paraje San Juan, en el predio de El Encino hay suficientes elementos jurídicos para revertir la pretensión foxista y de su procuraduría de afectar la imagen de López Obrador y del propio partido", indicó el comité.
Lo más preocupante es que la ofensiva se redoblará con más expedientes que se "fabricarán" tratando de desprestigiar al jefe de Gobierno de la ciudad de México, especificó.
Sin embargo, el PRD se encuentra en alerta en todo el país para responder a esta administración que no ha demostrado capacidad para resolver problemas como la pobreza o el desempleo, pero sí tiene tiempo para ocuparse de intentar anular a sus adversarios políticos.
En el caso de El Encino, precisó, poco a poco ha ido constatándose que se trata de un expediente abierto y que, por ende, la Procuraduría General de la República no podía proceder. Además, también ha sido argumentado que la PGR no era la instancia para presentar una solicitud de esa naturaleza.
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