Lo acusa de manipular la indagatoria del ''salvaje atentado'' del que fue víctima

Presenta Murat ante diputados demanda de juicio político en contra de Macedo

El recurso será ''hasta donde tope'' Mi nombre es chiquito, pero lo tengo que cuidar, dice

ENRIQUE MENDEZ

El gobernador de Oaxaca, José Murat, presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, por haber manipulado los resultados de la investigación del ''salvaje atentado'' del que fue víctima en marzo pasado. Murat Casab advirtió que el gobierno federal no logrará presionarlo y que el recurso contra el procurador será ''hasta donde tope''.

La denuncia fue presentada y ratificada en un mismo acto por el gobernador en la secretaría general de la Cámara, que deberá turnarlo a la Subcomisión de Examen Previo. ''Hoy vengo porque mi nombre es un nombre muy chiquito, pero es mi nombre y lo tengo que cuidar'', dijo el mandatario oaxaqueño, quien a través de sus abogados presentó la solicitud mientras, en forma paralela, la sección instructora analiza el desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y en la definición de ambos asuntos se cruzarán los intereses de PRI, PAN y PRD.

En declaraciones a la prensa, Murat anunció que se presentará una iniciativa en el Congreso de Oaxaca para que el Ministerio Público sea autónomo y que los nombramientos de los procuradores, a nivel federal y estatal, no dependan del gobernante en turno y con ello se evite la partidización de la justicia. ''Para que otros mexicanos no estén en esa condición, me atreví a hacer la denuncia y sé el riesgo que corro, sé a lo que vengo, lo que enfrento'', dijo.

-ƑComo qué riesgo? -se le preguntó.

-A una persecución política, por supuesto. Pero yo nunca me he detenido ni he tenido miedo.

La denuncia se fundamenta -explica el gobernador- en el hecho de que el procurador violó el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece: ''Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos... redunde en perjuicio de los intereses públicos o fundamentales de su buen despacho''. También indica que entre otras causales citadas por el artículo 7 de la misma ley están ''el ataque a las instituciones democráticas, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales'' y ''cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones''.

En este caso, argumenta, la Procuraduría General de la República lejos de cumplir con los mandatos constitucionales y legales, en el sentido de acreditar la tentativa de homicidio de que fue objeto, ''actuó en sentido contrario, con la mira de desacreditarla'', y basó sus conclusiones, presentadas el viernes pasado, ''única y exclusivamente en dictámenes periciales'' sin admitir las pruebas que, por ejemplo, presentó su jefe de escoltas, el teniente Manuel Moreno Rivas.

En cambio, señala, se acusó a sus escoltas de mentir en sus declaraciones ministeriales y se les imputó el delito de falsedad en declaraciones rendidas ante autoridad distinta a la judiciales, cuando en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que a dicho delito no le es aplicable pena privativa de la libertad.

''En un acoso sin precedentes''. La PGR volvió a someter a sus escoltas, añade, a un nuevo interrogatorio y rechazó admitir una prueba pericial sobre criminalística de campo y balística, que Moreno Rivas presentó el 11 de mayo. Se desechó su admisión, plantea, porque la procuraduría ya había decidido que la averiguación previa se concluyera en el mismo mes de mayo.

Además, la PGR se dedicó a filtrar las conclusiones de su investigación antes de hacerlas públicas el viernes pasado, como se comprueba con las declaraciones que hizo el candidato opositor al gobierno de Oaxaca, Gabino Cué, quien el 31 de mayo declaró que los hechos del 18 de marzo fueron ''un autoatentado''. A Cué, sostiene Murat en su denuncia contra Macedo, la procuraduría ''le filtró una información reservada e hizo uso de ella con fines partidistas''. También con la intención de montar una ''campaña de desprestigio'', la PGR entregó al periódico Reforma ''información que debiera estar reservada'' por la dependencia, señaló.

El gobernador insistió en que las conclusiones de la procuraduría son ''una payasada'' y que se montó ''un show'' para dañarlo políticamente, como se evidenció cuando el procurador Macedo deslizó que inclusive Murat podría hacerse acreedor a sanción de tres a seis años de prisión por falsedad de declaraciones, aun cuando el 31 de mayo -cuatro días antes de la conferencia del subprocurador Gilberto Higuera- la juez cuarto de distrito de Oaxaca negó la orden de aprehensión contra colaboradores suyos. ''Así que la PGR ocultó la verdad'', concluyó Murat.