Despojado de su fuero de ex "presidente", su suerte depende de la Corte Suprema

Pinochet, atrapado por la justicia después de evadirla durante años con argucias

XIMENA ORTUZAR

El ex dictador chileno Augusto Pinochet enfrenta por segunda vez la posibilidad de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en Chile, despojado ahora de su fuero de ex "presidente de la república". El fallo del pleno de la Corte de Apelaciones -del 28 de mayo-, apelado por la defensa del militar, queda en manos de la Corte Su-prema de Justicia.

Pinochet logró evadir los riesgos de un juicio por violación de derechos humanos en 2000, cuando el gobierno británico lo regresó a Chile tras 503 días de detención a solicitud del juez español Baltasar Garzón, con base en el Tratado Internacional contra la Tortura que el dictador ratificó en 1989.

El regreso de Pinochet a Chile, que impidió su extradición a Madrid -aprobada por la justicia británica luego que la Cámara de los Lores le desconociera la "inmunidad soberana" alegada por el gobierno chileno encabezado por Eduardo Frei- obedeció a "razones humanitarias" por supuesto "grave deterioro" de su salud, argumentos de la defensa asumidos como propios por Frei y su canciller, José Miguel Insulza, y presentados ante el primer ministro británico, Tony Blair.

El 9 de junio del 2000, ya en Chile, Pinochet fue desaforado como "senador vitalicio" por amplia mayoría de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El 29 de enero de 2001 fue sometido a proceso por los delitos de secuestro y homicidio calificado de 57 personas y como autor de secuestro calificado de otras 18, todas ellas víctimas de la caravana de la muerte, operación realizada por miembros del ejército en septiembre y octubre de 1973 en diversas ciudades de Chile.

Sin embargo, Pinochet evadió el juicio por esos crímenes porque en 2002 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia lo sobreseyó definitivamente por "demencia subcortical progresiva, irreversible e incurable", pese a que las pericias médicas ha-bían determinado "demencia subcortical le-ve a moderada", propia de la edad del acusado en esos momentos (85 años).

Aunque esa sentencia era aplicable únicamente al caso caravana, los tribunales la hi-cieron extensiva a otras causas, salvando a Pinochet de otros dos juicios: el del doble asesinato del general Carlos Prats -antecesor de Pinochet en la comandancia en jefe del ejército- y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974; y el de la eliminación de cinco dirigentes clandestinos del Partido Co-munista chileno, en mayo de 1976, causa conocida como "Calle Conferencia".

Está plenamente documentado que en los 16 y medio años de dictadura militar el Po-der Judicial chileno renunció a sus deberes de investigar e impartir justicia y que tal práctica continuó después de iniciada la transición a la democracia, en marzo de 1990.

Pero la impunidad de Pinochet y otros militares es también responsabilidad de las autoridades civiles que han gobernado Chi-le en los últimos 14 años. No sólo rescataron al ex dictador en Londres; lo protegieron una vez en el país sudamericano.

Durante la investigación de la caravana de la muerte el juez instructor del caso, Juan Guzmán Tapia, denunció ante la prensa presiones gubernamentales para que le fuera favorable el dictamen acerca de la salud mental de Pinochet.

Más aún, inmediatamente después de que Pinochet fuera desaforado como "senador vitalicio", Frei envió al Congreso una iniciativa de ley creando el fuero de "ex presidente de la república", que fue aprobada y dejaba a Pinochet protegido de posibles riesgos a futuro. Tal fue su objetivo.

Por lo anterior, resultó sorprendente el fallo del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago -del 28 de mayo- que despojó a Pinochet de su segundo fuero, ahora por su responsabilidad en los crímenes cometidos por la Operación Cóndor.

Fuentes allegadas a los tribunales aseguran que los magistrados acogieron las evidencias presentadas por la parte querellante acerca de la capacidad mental de Pinochet para enfrentar a un tribunal.

Una de ellas fue el video de una entrevista concedida por Pinochet a un canal televisivo de Miami a finales de 2003, donde habla de su gestión como gobernante, de su trayectoria militar y otros aspectos de su vida, haciendo gala de buena memoria y comprensión de las preguntas. También presentaron recortes de prensa de actividades y apariciones públicas recientes del acusado.

Las fuentes agregan que la mayoría de los magistrados reconoce hoy que el argumento de la "demencia" de Pinochet fue só-lo una artimaña de la defensa.

En un plazo de 15 días, a partir del fallo, el pleno de la Corte de Apelaciones dará a conocer las razones por las cuales desaforó a Pinochet. Analistas afirman que influyó en la decisión de los magistrados el argumento de los abogados querellantes de que vulneraba la ley el hecho de que el pleno se pronunciara acerca de la inimputabilidad del acusado en la fase de antejuicio, materia que sólo com-pete al juez Juan Guzmán -a cargo del caso- una vez decidido el desafuero.

Agregan que los jueces evaluaron la gravedad de los hechos que figuran en el proceso de la Operación Cóndor. Los 14 ministros que votaron contra Pinochet coincidieron en un punto fundamental en materia jurídica: existen "fundadas sospechas" de que tuvo participación en los crímenes ocurridos en el marco de dicha operación.

El peso de las pruebas

A finales de 1975 se reunieron en Chile jefes de inteligencia de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia por invitación del general chileno Manuel Contreras, alias Mamo, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política del régimen, y a partir de ese encuentro Contreras pasó a ser coordinador del grupo.

En la ocasión se discutieron y aprobaron los lineamientos de la Operación Cóndor, un programa de colaboración y coordinación de los servicios de inteligencia de los gobiernos militares del Cono Sur, cuyo ob-jetivo principal fue la detención y asesinato de disidentes en sus fronteras. Para ello, los servicios represivos intercambiaban información y prisioneros, en algunos casos re-mitidos ya en cadáveres.

La existencia de esta operación se conoció en 1992, cuando se descubrieron en Paraguay archivos con informes de seguridad de las acciones conjuntas realizadas por sus integrantes en la década de los 70.

El Informe de Verdad y Reconciliación -o Informe Rettig-, publicado en Chile en 1990, estableció que como parte de la Operaciónel Cóndor se perpetró la detención y posterior desaparición de 33 chilenos capturados entre 1975 y 1976 por agentes de inteligencia argentinos, paraguayos o brasileños en sus respectivos territorios. Los prisioneros fueron luego entregados a la Dina.

Hasta hoy los entonces responsables del organismo niegan estos hechos.

Efecto dominó

El 5 de enero anterior la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco uniformados por el secuestro y desaparición, en 1975, de Miguel Ángel Sandoval, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ellos fueron el general Manuel Contreras (ex jefe máximo de la Dina), el coronel Marcelo Moren Brito, el brigadier Miguel Krassnoff, el oficial Fernando Laureani (todos del ejército) y el te-niente de carabineros Gerardo Godoy.

Los abogados de los uniformados decidieron apelar al pleno de la Corte Suprema para evitar que el fallo recayera en la segunda sala penal del máximo tribunal, que ha rechazado sistemáticamente la aplicación de la ley de amnistía y el concepto de prescripción en casos de secuestro calificado o permanente, es decir, desaparición de personas.

Así, dos causas de enorme trascendencia, que implican a uniformados y referidas a crímenes de lesa humanidad, recaen en el mismo momento en la Corte Suprema de Justicia. Y el fallo de cada caso influirá ne-cesariamente en el otro.

Por estar ya en curso, el pleno del máximo tribunal verá primero el caso Sandoval. Si los magistrados acogieran la petición de la defensa, de aplicar la amnistía y la prescripción, los condenados recuperarían su li-bertad; si por el contrario ratificaran el fallo, ellos y otros 381 miembros del ejército, además de un centenar de uniformados de otras armas -involucrados en más de 600 juicios aún pendientes por violación de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que Pinochet encabezó entre 1973 y 1990- irían a la cárcel, perderían sus libertades bajo fianza y serían condenados por cada una de las causas pendientes.

Krassnoff tiene 15 juicios en contra que lo involucran directamente en 41 desapariciones. El general Contreras (condenado por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier en Washington, en 1976), actualmente en arresto domiciliario, regresaría a Punta de Peuco -penal de alta seguridad para militares- por otros 10 años.

Y enfrentaría 22 juicios por otros 60 desaparecidos. Cada uno de esos procesos equivale a 10 años y un día de cárcel.

Los magistrados verán luego el caso Pinochet, acusado ahora de la Operación Cóndor, pero implicado en más de 300 causas judiciales por asesinatos, torturas y desaparición forzada de personas. Si los supremos ratifican su desafuero con un fallo que será inapelable y definitivo, Pinochet deberá ser sometido a juicio.

Tal vez ahora sí le sean tomadas las fotos de frente y de perfil y las huellas dactilares para elaborar su prontuario, como corresponde a todo reo. Y tal vez la impunidad comience la cuenta regresiva en Chile, 14 años después del rescate de la democracia.