Romo de Vivar presenta más pruebas contra altos funcionarios federales panistas

Fox nombró a Teresa García embajadora en Canadá, "sabiendo que es una criminal"

El entonces primer ministro Jean Chrètien fue informado oportunamente al respecto

JAIME AVILES ENVIADO

Monterrey, NL., 23 de mayo. El presidente Vicente Fox "nombró embajadora de México en Canadá a la asesina de Teresa García Segovia, pese a que yo le entregué las pruebas en las que demuestro que ella jugó un papel clave en la conspiración criminal que se urdió para destruirme", afirma el empresario regiomontano Joaquín Romo de Vivar y Sandoval.

"¡Toda la plana mayor del panismo conocía mi caso y todos se taparon los unos a los otros para proteger a quienes me despojaron de mi negocio!", afirma el creador del salón de belleza Spa San Pedro, valuado a la fecha en más de un millón de dólares, quien estuvo a punto de morir apuñalado en su propia casa el 15 de agosto de 1999, en un hecho por el que las autoridades panistas de Nuevo León nunca abrieron siquiera una averiguación previa.

Romo de Vivar muestra al reportero copia de las numerosas cartas, con sello de recibido, que le entregó a Vicente Fox; a Luis Felipe Bravo Mena, presidente del Partido Acción Nacional; a Santiago Creel, entonces cordinador de la campaña foxista; al ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond -actual secretario de Economía en el gabinetazo-; a Mariclaire Acosta, subsecretaria de Relaciones Exteriores en la época de Jorge G. Castañeda, y al ex primer ministro canadiense, Jean Chrètien.

"El único que me contestó con un correo electrónico fue Jean Chrètien, y me pidió más datos acerca de Teresa García, pues yo le dije que Canadá no podía darle el placet a una criminal. Pero entonces, era septiembre de 2001, los panistas en el Senado de la República adelantaron la confirmación del nombramiento de Teresa, en una maniobra en la que intervinieron Fernando Margáin y, por supuesto Diego Fernández de Cevallos."

Responde Bravo Mena

Tras las denuncias de Romo de Vivar, que La Jornada empezó a publicar la semana anterior, pese a las gravísimas acusaciones en su contra, tanto la embajadora de México en Canadá como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado guardaron absoluto silencio.

El único que respondió, y no por iniciativa propia sino a pregunta expresa de la reportera Georgina Saldierna, fue Bravo Mena. Visiblemente molesto, el dirigente panista se limitó a decir que este asunto "es cosa juzgada", lo cual, explica Romo de Vivar, "dista mucho de ser cierto y el hipócrita de Luis Felipe lo sabe".

Para corroborar su afirmación, Romo de Vivar exhibe a este reportero un video, fragmento de un programa informativo conducido por la conocida periodista Mayte Noriega, en el que Bravo Mena, interpelado al respecto en 2001, asegura que "el caso está siendo examinado por los tribunales correspondientes y se hará justicia".

Pero da la casualidad de que, desde entonces, la "justicia" no ha movido un dedo en favor de don Joaquín y todo sigue como siempre: hecho un absoluto cochinero. "Tengo una condena de 15 meses de prisión por difamación y calumnias, a raíz de una denuncia de Teresa García, quien presentó la demanda contra mí y en menos de un mes fui juzgado y sentenciado. Eso habla de cómo se manejaba la justicia en Nuevo León bajo el gobierno de Canales Clariond. En cambio yo, que fui atacado con arma blanca en mi propia casa, nunca logré que se abriera siquiera una averiguación previa".

Es que, añade, "la perversidad y la corrupción de estos panistas mochos, que se dan baños de pureza atacando a (Andrés Manuel) López Obrador no tiene límites. Poco antes de las elecciones de julio de 2000, Bravo Mena me rogó que por ningún motivo denunciara mi caso ante la opinión pública porque eso podía perjudicar a Fox, y yo de imbécil le creí. Por otra parte, a raíz de mis gestiones ante Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Canales Clariond me puso guaruras para que me protegieran de otro posible atentado. Pero un día después del 2 de julio de 2000, una vez que Fox ganó, me quitaron los escoltas y me dieron una patada más en el trasero".

La conversación se interrumpe en este punto y Romo de Vivar se pierde un momento entre las cajas de expedientes que atiborran una habitación completa de su casa de Vía Caecilia número 105, colonia Fuentes del Valle, municipio de San Pedro Garza García, la zona residencial más exclusiva de Monterrey.

Y regresa, en efecto, con una montaña de cartas a Fox, a Canales Clariond, a Santiago Creel, a Luis Felipe Bravo Mena, a Jean Chrètien, a Mariclaire Acosta y desde luego a Fernando Margáin Berlanga y Teresa García Segovia, entre otras destacadas figuras del panismo y de la administración foxista. Algo en común tienen estos documentos: no sirvieron para nada, nadie le hizo caso jamás.

Nuevas evidencias contra García Segovia

Romo de Vivar fue amenazado de muerte el 20 y el 30 de octubre de 1997: la primera por el legionario de Cristo Alonso Ayala Grimaud, quien junto con su esposa Gabriela Roche Millet, lo despojó de su negocio, y la segunda a cargo de José Gerardo Siller Zubieta, hijo del capitán retirado del Ejército Lauro Siller García, propietario de la casona ubicada en el número 607 de la avenida San Pedro, "el Mazaryk de Monterrey", donde don Joaquín, invirtiendo medio millón de dólares de 1994, fundó el Spa San Pedro.

Y vuelve en su relato a la escena del 30 de octubre de 1997, cuando José Gerardo Siller Zubieta lo amenazó de muerte, gritándole: "Te voy a matar, hijo de la chingada, ¡soy un peligro!, ¡soy un peligro!" Una vez que un año y diez meses más tarde un sicario se introdujo en la casa de don Joaquín y le asestó dos puñaladas, el empresario señaló como probables responsables del atentado a Alonso Ayala y a Siller Zubieta. Para refrendar sus palabras pidió los partes policiacos de las diligencias judiciales -efímera clausura del salón de belleza, el 20 de octubre, e inspección ocular del mismo diez días después-, pero no encontró el del 30 de octubre de 1997.

Después de una búsqueda intensa e infructuosa, logró el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, organismo que obligó a la entonces alcaldesa de San Pedro, Teresa García Segovia, a responder de forma oficial, el 3 de febrero de 2000, por qué no aparecía ese documento. En un oficio del que posee copia este diario, García Segovia afirmó que en esa fecha los agentes judiciales Raymundo de León Cavazos y Juan Balleza se retiraron del sitio donde se practicaba la inspección ocular "al ver que unas personas discutían muy molestas" y, como el titular del Ministerio Público, Román S. Loredo Esquivel, les dijo que no se iba a llevar a cabo la diligencia, regresaron a la corporación y comunicaron los hechos al jefe de la policía municipal, quien les dijo que no elaboraran el parte policiaco.

No contento con esta respuesta, Romo de Vivar acudió al domicilio de quien había sido jefe de la policía municipal durante la administración de Fernando Margáin Berlanga, y el ex funcionario, de nombre Javier García García, respondió que "en cuanto a los hechos los desconoce por completo ni está enterado absolutamente de nada de lo que se manifiesta en la presente indagatoria, ya que sufrió un accidente en el pie derecho el 24 de agosto de 1997; por tal hecho estuvo retirado e incapacitado totalmente de la corporación hasta el día 31 de octubre que se presentó en muletas convaleciente de las lesiones que tenía..."

Luego de obtener esta prueba, según la cual nuestra actual embajadora en Canadá mintió en forma aviesa y deliberada para proteger a uno de los probables autores intelectuales del atentado en su contra, Romo de Vivar descubrió otras evidencias que inculpan a Teresa García.

Por ejemplo, que ella en realidad ordenó la destrucción del parte policiaco del 30 de octubre de 1997 y, moviendo sus hilos -en ese momento era secretaria de Gobierno de Fernando Margáin-, logró que los agentes Raymundo de León Cavazos y Juan Balleza Martínez declararan, en principio, que el día de la famosa inspección ocular se quedaron en el coche, fuera del negocio de don Joaquín, porque ellos únicamente habían sido convocados para trasladar a un escribiente.

Sin embargo, como demuestra la foto que ilustra esta plana, tomada el 30 de octubre de 1997 por un amigo de Romo de Vivar, los agentes Balleza y Cavazos sí estuvieron presentes en el lugar de los hechos y sí escucharon las amenazas de muerte proferidas por Siller Zubieta, de lo cual se infiere que después regresaron a la corporación y rindieron parte ante el sustituto de Javier García García, porque éste se encontraba incapacitado, pero el documento, por instrucciones de la señora García Segovia, fue destruido.

Todo lo anterior se complementa con el hecho de que el 19 de diciembre de 1996, cuando Teresa García llevó la mesa durante la "segunda sesión solemne del republicano ayuntamiento" (de San Pedro), se consumó el despojo del negocio de don Joaquín, porque nuestra actual embajadora en Canadá admitió documentos falsos para otorgar el cambio de uso de licencia en favor de Ayala Grimaud, pese a que tal procedimiento está prohibido por el artículo 127 del reglamento de Desarrollo Urbano del municipio.

"La avalancha de pruebas es contundente y abrumadora. Los panistas que me arrebataron todo mi patrimonio son unos rateros, pero la culpa recae igualmente en Vicente Fox, en Fernando Canales y en Luis Felipe Bravo Mena, quienes todos estos años han encubierto a mis adversarios y los siguen protegiendo. La conducta de todos ellos es asquerosa y repugna a los ojos de la ley y de la fe cristiana que dicen profesar", finaliza Romo de Vivar.