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El propietario de El Encino podría ser demandado

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El subsecretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, anunció que la administración capitalina estudia proceder penalmente en contra de Federico Escobedo Garduño, propietario del predio El Encino, por el delito de fraude procesal, al apoderarse indebidamente de una extensión de más de 17 mil metros cuadrados anexos a dicha propiedad.

Lo anterior, derivado de un peritaje que hizo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en las investigaciones sobre dicha propiedad; la extensión señalada en las escrituras es de 86 mil 968 metros cuadrados, de los cuales vendió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 3 mil 205.17 metros para la construcción de la autopista federal México-Toluca, y la superficie sobre la que Escobedo reclama derechos de posesión es de 100 mil 373.516 metros cuadrados.

Inclusive, de acuerdo con los planos del gobierno capitalino, una de las porciones expropiadas en noviembre de 2000, para construir la ampliación de la avenida Vasco de Quiroga, no formaría parte del predio.

Batres, acompañado por el director de Servimet, Gerardo Uriel Tufiño, y el asesor jurídico de la Jefatura de Gobierno, Alvaro Arceo Corcuera, realizaron ayer un recorrido por la zona para demostrar que no existe construcción alguna en El Encino, donde se trazó la continuación de la avenida Carlos Graef. Lo anterior ya había sido informado por Andrés Manuel López Obrador, al considerar infundado el juicio de procedencia que se ha solicitado en su contra.

Tufiño explicó que para construir la vialidad alterna se utilizó el derecho de vía de la autopista México-Toluca, una vez que se obtuvo la autorización de la SCT, pero no sólo se trata de la vialidad, sino que se están introduciendo servicios básicos, como redes de drenaje y agua para dar servicio a la zona habitacional de La Ponderosa.

Por su parte, Arceo Corcuera, informó que la Procuraduría General de la República nunca permitió revisar el expediente por el cual fincó responsabilidad en contra de López Obrador, por el delito de abuso de autoridad. Inclusive el GDF ganó un amparo para que la dependencia entregara copia, pero la procuraduría federal interpuso un recurso para no hacerlo.