No hemos dado los elementos
para que hombres y mujeres
en edades tempranas tomen
decisiones adecuadas en el
ámbito reproductivo. |
30 años
de revolución demográfica
Alejandro Brito
En medio de la controversia y el debate, hace treinta
años se inició la política de planificación
familiar y control de la natalidad en México. Presionado por el
acelerado crecimiento de una población que se duplicaba cada 20
años, el Estado mexicano reformó, en 1974, la Ley General
de Población y echó a andar el Consejo Nacional de Población
(Conapo). Urgía establecer una verdadera planeación demográfica
en el país para hacer frente a esa avalancha demográfica
que amenazaba con rebasar toda la capacidad de los servicios públicos.
A ese ritmo de crecimiento desenfrenado, el retrasar diez años la
puesta en marcha de las políticas de población hubiera equivalido
a sumar 28 millones de habitantes más a la población total
del país.
Mirados de manera retrospectiva, algunos logros alcanzados
en tres décadas de planificación familiar resultan espectaculares.
El promedio de hijos por mujer se redujo de 7 a sólo 2.2, por citar
un ejemplo, pero cifras similares pueden citarse en cuanto a mortalidad
materna, mortalidad infantil, promedio de vida, uso de anticonceptivos,
etcétera. La actual secretaria general del Conapo, Elena Zúñiga
Herrera, no duda en calificar como una "revolución" la transformación
vivida en este terreno. En entrevista con Letra S, Elena Zúñiga
señala al reconocimiento del derecho de las personas a decidir cuántos
hijos y cuándo tenerlos, plasmado en nuestra constitución
política, como el logro mayúsculo de las políticas
de población. "El que la gran mayoría de los nacimientos
actuales sean producto de la planeación de los padres es un cambio
radical", afirma la funcionaria, entrevistada en sus oficinas. Eso cambia,
añade, no sólo la relación de padres e hijos y la
calidad de vida de las familias sino también la relación
entre hombres y mujeres, la relación de la pareja misma.
Sin embargo, la titular del Conapo prefiere hablar más
de los retos que de los logros alcanzados. Nos podemos sentir satisfechos
con esos logros, dice, pero "no podemos dejar de ver los rezagos y las
inequidades del proceso". ¿Y dónde se sitúan esos
rezagos? En los grupos sociales menos beneficiados por el desarrollo social,
con pocas posibilidades de acceder a los servicios públicos, y en
las familias donde existe una fuerte subordinación de las mujeres.
Esto es en las comunidades indígenas y rurales, y en las zonas urbanas
marginales.
Uno de los sectores más desatendidos por las instituciones
públicas y, por tanto, más rezagados en materia de salud
reproductiva es el de la población adolescente y de jóvenes
menores de 25 años. En este sector, no se ha visto un cambio en
los patrones reproductivos similar al observado en la población
adulta. Los avances en el uso de anticonceptivos, en las tasas de fecundidad
y en el número de embarazos no planeados han sido muy lentos.
Lo cual resulta paradójico, porque se supone
a la juventud más dispuesta al cambio.
"Ahí hemos fallado como política de población.
Estamos fallando en ofrecerles oportunidades de desarrollo y alternativas
al matrimonio y a la maternidad y paternidad tempranas. La gente deja la
escuela a los 15 y 16 años, lo cual es un nivel educativo muy bajo.
No hemos dado los suficientes elementos para que los hombres y las mujeres
en edades tempranas tomen adecuadamente sus decisiones en el ámbito
reproductivo. Una de cada 4 mujeres de 15 a 19 años es sexualmente
activa. Y la gran mayoría de ellas o está embarazada o ya
tuvo su primer hijo. El tiempo que pasa entre el inicio de la vida sexual
y el primer embarazo es de tan solo tres meses."
La política de planificación familiar, más
tarde llamada de salud sexual y reproductiva, nació en la controversia
y continúa generando controversia. La adopción reciente de
la llamada anticoncepción de emergencia en las normas oficiales
de planificación familiar generó una encendida polémica.
Al respecto, Elena Zúñiga es clara: "La obligación
del Estado es ofrecer la información de todas las opciones anticonceptivas,
y dejar a la persona, a la pareja, la libertad de elegir el método
de su preferencia. En ese sentido, la anticoncepción de emergencia
viene a cubrir un vacío en la oferta de anticonceptivos. No contábamos
con opciones para la etapa inmediata en que una mujer tiene relaciones
sexuales sin protección y no desea embarazos. Tenemos que brindar
esa opción para garantizar el ejercicio de un derecho." Y para ello,
adelanta, se capacitará a las orientadoras telefónicas de
Planificatel.
¿Porqué insistir tanto en la baja de
la tasa de fecundidad?
"Es una cuestión de justicia social más
que de números. Se trata de superar disparidades: una mujer joven
con cuatro hijos no tendrá las mismas oportunidades de desarrollo
que otra con sólo uno o dos. Este rezago sociodemográfico
afecta a los grupos de mayor pobreza. Las políticas de combate a
la pobreza no pueden perder de vista esta desigualdad en la reproducción
de unos grupos y otros. Se trata de un círculo vicioso que tenemos
que romper.
"Nuestro objetivo es llegar a tasas de fecundidad que
garanticen el reemplazo intergeneracional. Y para ello necesitamos reducir
la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos por lo menos
en un 30 por ciento. Ese es nuestro principal objetivo, porque ese indicador
nos está revelando que existe un sector de la población al
que por alguna razón no le estamos garantizando el ejercicio pleno
de sus derechos reproductivos."
¿Y que pasaría si una autoridad estatal
decidiera, por ejemplo, impulsar sólo la abstinencia sexual para
educar a adolescentes e hiciera caso omiso de las otras directrices estatales?
"No podría, contamos con instrumentos jurídicos
para oponernos a una medida de ese tipo. Porque el derecho a la información
y al acceso a los servicios de salud reproductiva y de planificación
está fijado en nuestras leyes. Son derechos que cubren a todos y
a todas las mexicanas, independientemente de su edad, condición
étnica, o de cualquier otra índole. En ese sentido sería
anticonstitucional, y por tanto no se sustentaría jurídicamente."
Otro motivo de controversia es el reconocimiento de la
diversidad de familias que componen hoy los hogares mexicanos. En este
tema, Elena Zúñiga también es contundente: "Los cambios
demográficos que estamos viviendo tienen impactos de diferente tipo
en los hogares, colocan a las familias en circunstancias de mayor o menor
vulnerabilidad: el aumento de los divorcios, la migración de algunos
de sus integrantes, el aumento de los hogares jefaturados por mujeres o
por adolescentes y jóvenes, la mayor presencia de adultos mayores,
la convivencia de diferentes generaciones en un mismo hogar, los hogares
formados por personas del mismo sexo. Tenemos que tomar en cuenta todas
estas transformaciones y reconocer que hay una diversidad de hogares y
brindar los apoyos necesarios para que todos estos hogares y todas estas
familias sean capaces de cumplir con las funciones que tienen como institución
básica de la sociedad."
El secretario de gobernación Santiago Creel
Miranda habló hace unos días de reformar la Ley General de
Población. ¿Qué se necesita reformar?
"Actualmente, los consejos estatales de Población
no son reconocidos jurídicamente, lo que se traduce en un estrecho
acceso a los recursos presupuestales. No existe un canal que garantice
a estos consejos la dotación de recursos necesarios para llevar
a cabo sus tareas. Dependen de las prioridades y decisiones de los gobiernos
estatales. Por ello, es necesario dotar a los consejos estatales de un
marco jurídico en nuestra legislación. Además, es
necesario también fortalecer y actualizar la membresía del
Conapo para tener la certeza de que la planeación demográfica
supere con mucho los planes sexenales y tenga en la mira una visión
de mediano y largo plazos." |