Orlando Delgado Selley

Democracia y déficit social

La nueva etapa del escándalo de las videograbaciones no permitió atender el contenido de un documento importante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado por investigadores independientes, en el que da a conocer el estado de la democracia en América Latina.

En los resultados del estudio por primera vez se reconoce que la democracia es en Latinoamérica la forma de gobierno. Sin embargo, no ha dado los resultados que las poblaciones esperaban, lo cual, si bien hasta ahora no ha provocado el retorno de los brujos, sí ha generado un desafío central: la ampliación de la democracia que exige el desarrollo de la política.

Democracia no quiere decir solamente respeto a la decisión de los electores. Democracia es 舠una forma del desarrollo humano舡 que, como ha definido el propio Banco Mundial, es 舠el aumento de las opciones para que las personas puedan mejorar su vida舡. Así las cosas, democracia es generar esas opciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Con elegir a quien gobierna no se ha resuelto este propósito. Debemos ampliar el concepto para incorporarle contenidos económicos decisivos. Esta democracia, para estar en condiciones de desarrollarse, requiere mucha política, justo cuando existe una campaña para desprestigiar a los políticos y a la política misma.

La campaña es, en consecuencia, estratégica. Busca posicionar a los poderes reales, los dueños de los medios electrónicos aliados con banqueros y con el imperio como portavoces de las demandas de la sociedad, al tiempo que se constituyen en jueces de la salud pública y guardianes de la ética. El fin es obvio: convertir a los potenciales ciudadanos integrales, los que acceden a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, en espectadores individuales. Lo colectivo, capaz de transformar a la sociedad, eliminado, reivindicando la individualidad pasiva, cuyo único compromiso político es votar, elegir a quien le ofrecen los poderes reales.

La política es indispensable. Pero una política que arranque por renovar el debate nacional, que sólo es posible si existe la posibilidad de que la elección conduzca a mejorar las condiciones de vida. Si tras largos años de lucha política se cambia un régimen y no pasa nada en las condiciones de vida de la población, el desánimo es lógico. Responder a esto con denuncias mediáticas de corrupción generalizada, sin duda ciertas, produce una tensión profunda entre las fuerzas que buscan transformar y quienes defienden la necesidad de las reformas neoliberales pendientes. Tensión que no se ubica en el terreno político, el del debate, de propuestas, de programas de gobierno, sino en el de la honorabilidad calificada por los medios.

Lo central, sin embargo, permanece. La pobreza avanza y los programas  gubernamentales son ineficaces, pese a que las reformas económicas en nuestro subcontinente han tenido un avance de 83 por ciento. Elegimos a nuestros gobiernos, pero el PIB per cápita regional se mantiene estancado desde hace 20 años. La desigualdad avanzó: el índice de Gini para América Latina fue de 0.554 en 1990 y para 1999 llegó a 0.580, con un empeoramiento generalizado de la situación laboral. Así las reformas económicas y la democracia lograda no han logrado mejorar las condiciones de vida. Se requiere un replanteamiento político total que sustituya el programa del consenso de Washington por uno que ponga en el centro a la gente, no a los equilibrios macroeconómicos.

Introducir nuevas categorías económicas que sustituyan a las anteriores, forma parte del nuevo proyecto latinoamericano. En lugar de reducir la inflación y el déficit fiscal, urge disminuir el enorme déficit social en sus diferentes componentes: vivienda, educación, salud. Estos déficit también suman puntos del PIB nacional y es indispensable atenderlos para poder contar con la estabilidad necesaria para llevar las finanzas públicas al equilibrio. Lo importante es que atendiendo los déficit sociales se ataca el grave problema del empleo precario y de la extensión de la informalidad.

Construir vivienda digna para la población estimula la producción, lo mismo que aumentar el número de horas que los infantes pasan en la escuela y mejorar la calidad de la enseñanza. La salud influye en el rendimiento de la fuerza de trabajo. Esta es la responsabilidad de los gobernantes electos por métodos democráticos y es lo que se quiere evitar con el desprestigio de la política.