Presentarán recursos de inconstitucionalidad

Impugnarán partidos leyes aprobadas por la Asamblea

Participación Ciudadana y Cultura Cívica, entre otras

RAUL LLANOS SAMANIEGOS

Las fracciones de PRI, PAN y PVEM en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de por lo menos tres leyes aprobadas por la mayoría perredista durante el último periodo de sesiones, que terminó la semana pasada.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRI, Manuel Jiménez Guzmán, y los diputados de esa bancada Mauricio López y José García, así como el coordinador del PAN, José Espina, informaron que está ya el compromiso de los legisladores pevemistas para acudir ante el máximo tribunal del país para impugnar las leyes de Participación Ciudadana y de Cultura Cívica, así como los códigos Penal y Electoral, ambos del DF.

Jiménez Guzmán expresó que un grupo de abogados, especialistas en materia legal, revisarán detalladamente la situación para fundamentar lo que en su opinión son violaciones a diversos artículos de la Constitución.

Mencionó que las leyes en la materia precisan que las acciones de inconstitucionalidad deben presentarse antes de los 30 días después de que el ordenamiento en mención sea promulgado y publicado, por lo que estimaron que será antes de que termine este mes cuando estén recurriendo a la alta esfera jurisdiccional.

Citó que, por lo pronto, la SCJN analiza y está pendiente de resolver dos recursos más interpuestos por la oposición; uno es por la normatividad impuesta en cuanto a la nulidad en el juicio concluido, y otro más por la omisión en el Código Financiero para exigir al gobierno local que restituya los daños ocasionados al patrimonio de los ciudadanos debido a la falta de acción de las autoridades capitalinas.

Mauricio López, integrante de la bancada del PRI, destacó que a la par se está integrando un grupo de contadores privados que habrá de revisar "con lupa" la cuenta pública de 2003, para determinar si hubo alguna anomalía en la aplicación del presupuesto.

舠Es en ese año cuando Gustavo Ponce (ex secretario de Finanzas) denunció que Andrés Manuel López Obrador lo obligó a realizar modificaciones presupuestales para orientarlas a los segundos pisos viales. Será la comisión nivea la que se avocará a quitarle el maquillaje a la cuenta pública de 2003, y ya con los resultados se pedirán las respectivas auditorías a la Contaduría Mayor de Hacienda舡, comentó.

No obstante, el coordinador panista, José Espina, mencionó que la contadora recién relecta, María de la Luz Mijangos, no está libre de sospecha, toda vez que hay en su contra el antecedente de que en 2000 se reunió con Rosario Robles, entonces jefa de Gobierno, y con algunos diputados de la pasada legislatura, donde se habría acordado retrasar los resultados de la cuenta pública.

Aunado a ello, los coordinadores parlamentarios cuestionaron la actitud que ha mostrado la mayoría perredista en la ALDF, que ha impedido llegar a acuerdos concretos, y por el contrario, se ha dedicado a 舠mayoritear舡 diversos ordenamientos que ha enviado el jefe de Gobierno, haciendo a un lado los planteamientos concretos de la oposición.