Objeta la versión de que Cuba lo presionó para declarar

Espera la PGJDF documentales que demuestren el complot del empresario

AGUSTIN SALGADO

La carta dada a conocer el pasado domingo por la defensa legal de Carlos Ahumada Kurtz, respecto de que fue presionado en Cuba para declarar sobre la planeación previa de los videoescándalos, no tiene fundamento legal alguno, porque eso no fue declarado ante el Ministerio Público, señalaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y confiaron que en un plazo breve sean dados a conocer los testimonios o documentales que comprueban la existencia del complot orquestado por Ahumada.

No obstante, subrayaron que ya que Ahumada Kurtz está en el país, el Mi- nisterio Público está en condiciones de comprobar cuál de las dos versiones es la verdadera.

Por otra parte, el subprocurador capitalino, Renato Sales Heredia, acudirá este martes a la Procuraduría General de la República para declarar en calidad de testigo en torno de las investigaciones que realiza la dependencia federal por la presunta filtración del reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las transacciones financieras del ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez.

De acuerdo con fuentes oficiales, el funcionario se presentará, sin acompañantes, a declarar ante el Ministerio Público Federal, al igual que lo hizo en su momento el jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador.

Sales Heredia argumentará en su favor que, en primer lugar, la ley no le confiere el carácter de 舠confidencial舡 al documento enviado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sino de reservado, por lo que no hay delito que perseguir.

Además de que, el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz no incurrió en ninguna ilegalidad al informar al jefe de Gobierno sobre el contenido del citado documento, ya que la ley lo obliga a reportar a López Obrador el contenido de las averiguaciones previas en curso, por lo que tampoco se puede imputar acusación alguna a los funcionarios de la procuraduría por el hecho de que el jefe de gobierno capitalino recibiera, y posteriormente, difundiera el contenido del citado informe.