Luis Linares Zapata

Más allá del complot mongol

En lo que puede ser considerado, de acuerdo con estrictos tiempos electorales, los albores de la sucesión presidencial de 2006, las rivalidades entre grupos, actores y partidos se han transformado en una cruenta batalla sin cuartel. En esta disputa, real intervención preventiva al viejo estilo, pocos quedan fuera y los problemas de la República se relegan y contaminan. El objetivo de una cierta coalición de fuerzas heterogéneas, por lo demás bastante identificadas, es eliminar las posibilidades de que la izquierda pueda hacerse, con el apoyo masivo del electorado, del Ejecutivo federal en las elecciones venideras. Ante tal propósito cualquier ruta, medio y esfuerzo queda justificado. Todavía no se puede decir que se ha logrado tal cometido. Pero lo visto y evaluado hasta ahora apunta hacia elevados costos sociales, económicos y políticos en los que se está incurriendo para concretar la tarea así identificada.

La ventaja en simpatías que el jefe del Gobierno del Distrito Federal había tomado respecto de todos sus posibles rivales en la contienda venidera era intolerable y, en efecto, peligrosa para los intereses de una parte sustantiva de personas acostumbradas al poder y los privilegios o para aquellas simplemente temerosas por lo que les pueda afectar.

Después de casi dos meses de escaramuzas exigiendo castigo instantáneo a los corruptos exhibidos en los célebres videos; averiguaciones previas por revelar documentos oficiales que debían ser mantenidos, según alegan algunos, en estricto secreto; fugas en aviones particulares a Cuba; maleantes detenidos en La Habana que ocasionan adicionales tensiones entre los gobiernos de esa isla y México; ambiente por demás ríspido entre el PRD y el gobierno de Fox o expeditas inhumaciones de denuncias por tomar pozos petroleros, hace de ello muchos años; fotografías ampliamente publicadas en las que aparece Andrés Manuel López Obrador escoltado por la Agencia Federal de Investigacioón (AFI) sin justificación oficial alguna; ironías presidenciales sobre la culpa de "ya saben quién" por la (sospechosa) suspensión del acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información sobre posibles delitos financieros que, luego de fáciles perdones, vuelve a la normalidad, o las denuncias, tan mañaneras como reiteradas, de complots originados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por ser la institución que tuvo en su poder los detalles de sus averiguaciones y de los aportados por el Departamento del Tesoro americano sobre el compulsivo jugador que, también, era el secretario de Finanzas del Distrito Federal.

Después de todo esto, y más, se ha llegado a conformar un cúmulo inmenso de sentires populares, rumores, relatos pormenorizados, anatemas, culpas flagrantes y condenaciones lanzadas a diestra y siniestra que ya saturaron el ámbito público. Los ciudadanos han quedado por completo anonadados por la avalancha difusiva que le disparan sus hombres públicos, atrincherados, todos ellos, en las zanjas de la verdad, al menos su precaria versión de verdad.

Cuando se levante la polvareda que atosiga al ciudadano podrá hacerse el recuento de los daños. Quedarán los rastros de un pretendiente a candidato presidencial mermado en su potencial para allegarse simpatías, un gobierno que, se intuye con las debidas certezas, obró de mala fe; culpables de delitos que se trabarán por meses en los tribunales, funcionarios de primer nivel y menor estatura que se amparan bajo una retórica legaloide (Secretaría de Gobernación -SG-, Procuraduría General de la República -PGR-) para justificar sus facciosas posturas, rencillas burocráticas y envidias varias; partidos exhaustos y gastados por sus pleitos internos, y, lo peor, el demérito de la actividad política, de sus actores y de varias instituciones participantes en este duelo de vanidades, desatadas ambiciones y posiciones ideológicas que encubren muy concretos y hasta pedestres intereses personales o de grupo. Sin embargo, un aspecto de esta lucha va saliendo a la luz. Las implicaciones son variadas y tendrán que enfrentarse con decisión. El papel desempeñado por Televisa y, en general, por los medios de comunicación electrónica, que tiene y tendrá ramificaciones para la vida organizada, para el desarrollo de la democracia, sus normas, rituales y maneras de abordarse. En fin, para el presente o futuro de la nación.

Tal parece que las televisoras, en menor medida la radio, pero en particular los locutores y comentaristas que en ellas expresan sus opiniones, alarmas, difunden datos y presentan hechos de su personal elección, han adquirido un nuevo papel estelar. Son protagonistas de la actualidad sin rendición de cuentas, miembros de un poder alterno a los estipulados por la Constitución que muy pocos les otorgan y que nadie les votó, frecuentes jueces inapelables, rectores de una moralidad privada, pretendidamente pública, que hace eco a las posturas de esa clase en la que se alinean sus jefes, los concesionarios.

Las consecuencias y costos del complot organizado para detener a López Obrador y, si fuera posible, eliminarlo de la venidera contienda por 2006 no se pueden soslayar. En el lado de los pasivos pueden anotarse aspectos como la participación rijosa del Presidente que entró, ya sin tapujos, a un pleito de callejón de donde no saldrá bien librado, ni él ni su gobierno. Las pretendidas reformas estructurales, la electoral, ya no digamos la del Estado, se han enredado en los trasiegos legislativos afectados por este polarizado ambiente y no saldrán ni en tiempo y sin los contenidos que debieran portar. También se deben contabilizar como daños colaterales los sufridos por los operadores del Ejecutivo: la PGR, SG y la SHCP. El desengaño de amplios sectores de la sociedad, que veían en el tabasqueño una lamparita de cierta esperanza, no encuentran rescoldo en las oportunidades y figuras que les ofrecen los demás partidos, PRI y PAN. Ocupados como están en dirimir sus diferencias y pugnas para sacar adelante a sus particulares abanderados.