El Presidente busca romper la tradición constitucional del Estado laico, opina

La iniciativa de Fox sobre derechos humanos, "vuelco teológico": experto

JESUS ARANDA

La iniciativa presidencial de reforma a la Constitución sobre derechos humanos cambia el sistema tradicional jurídico del país y representa un "vuelco teológico" hacia la concepción católica en la materia. Afirmó lo anterior el doctor en derecho Elisur Arteaga, quien agregó que con su proyecto el presidente Vicente Fox pretende "romper" la tradición de 147 años de las constituciones mexicanas fundamentadas en un Estado "totalmente laico", y se da un giro hacia la incorporación de elementos doctrinarios de la Iglesia romana.

El constitucionalista agregó en entrevista que la reforma planteada por el titular del Ejecutivo señala que los derechos humanos son "inherentes a la persona", es decir, se le quita al Estado la concesión de los mismos, lo cual es sumamente peligroso por el manejo que se le puede dar a esos conceptos.

Por ejemplo, dijo, en el caso del aborto se abre la puerta para que grupos conservadores abanderen la causa en el sentido de que "todos tenemos derecho a la vida".

Es decir, si un ser va a ser concebido, tiene derecho a nacer y, por lo tanto, el aborto va en contra de la vida, por lo que debe ser suprimido.

Esta reforma, añadió, disfraza la inclusión de una concepción católica en la Constitución, con el pretexto de dar cumplimiento de los derechos reconocidos por México en convenciones internacionales en la materia y para salir al paso a las presiones que ejerce sobre el gobierno mexicano la comunidad internacional.

Independientemente de la intención del Presidente de que la Constitución asimile concepciones católicas, al menos en cuanto a derechos humanos, Arteaga destacó que un elemento positivo de la iniciativa dada a conocer el pasado lunes por Fox, consiste en la posibilidad de que quienes se sientan afectados porque no les son reconocidos derechos contemplados en convenciones internacionales firmadas por México puedan ahora recurrir al amparo.

Aceptó que las garantías individuales previstas en la Carta Magna son "inferiores" a los derechos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, por lo que, al reconocérse a garantías y derechos un idéntico valor, se podrá invocar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Sin embargo, enfatizó, no puede perderse de vista que la iniciativa presidencial deja de lado el triunfo de las constituciones de 1857 y 1917 sobre el conservadurismo.

Esta es la primera vez en que el Estado se desentiende de su obligación de conceder los derechos y deja esa atribución a la persona, con el riesgo de manejo y manipulación que ello conlleva.