Wilfrido Robledo y Gerardo Cajigas, entre los sancionados

Inhabilitan por cinco años a nueve ex funcionarios de Gobernación y PFP

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por cinco años para volver a desempeñar cargos públicos a un total de nueve ex funcionarios que laboraron en la Secretaría de Gobernación (SG) y en la Policía Federal Preventiva (PFP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo. A los nueve se les encontró responsabilidad en la compra irregular de un avión de pasajeros, cuyo costo fluctuó en alrededor de 920 mil dólares y que se obtuvo sin que se hubiera realizado una licitación internacional.

La dependencia que encabeza Eduardo Romero Ramos informó ayer, mediante un comunicado, el motivo de la sanción administrativa, pero ocultó los nombres de los ex servidores públicos inhabilitados, con el argumento de que "los castigos aún no han causado estado, y los involucrados tienen derecho a impugnarlos".

Sin embargo, fuentes gubernamentales informaron a La Jornada que entre los nueve ex funcionarios sancionados se encuentra Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la PFP, así como Gerardo Cajigas Estrada, ex oficial mayor de la SG.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que también fueron inhabilitados (debido a que suscribieron el contrato de compra-venta de la aeronave) por cinco años: Roberto Pedro Martínez Ortiz, ex director de Asuntos Jurídicos; Jaime Arturo Hidalgo López, ex titular de Programación, Organización y Presupuesto, y Jorge Castillo Díaz, ex director de Recursos Materiales, todos ellos de la Secretaría de Gobernación.

Mientras que en el caso de la PFP, agregaron los informantes, la SFP encontró responsabilidad administrativa en el caso de Alfredo Trejo, ex director general de Recursos Financieros; Antonio del Valle Caballero, ex coordinador de transportes aéreos; Patricia Vázquez, ex directora de Tesorería, y Antonio del Río Soto, ex director de Recursos Materiales y Servicios Generales, quienes ya eran procesados penalmente desde diciembre de 2000 por autorización y pago de compras ilegales, que no es un delito grave.

La SFP explicó en su comunicado que en materia administrativa no se encontró daño patrimonial, ya que el avión sí se adquirió, y actualmente forma parte del patrimonio de la PFP, pero la sanción obedece a que los ex servidores públicos, "por el nivel jerárquico que ocupaban al celebrar el acto jurídico de la compra-venta y efectuar el pago, es claro que debían de conocer si se cumplían los requisitos para adjudicar en forma directa el contrato".