México D.F. Lunes 26 de abril de 2004
Los cuerpos policiacos se utilizan contra disidentes
y para cobrar agravios
Alcohol, mujeres, represión y cero política...
así se gobierna en Morelos
Tlalnepantla, Amilcingo, Casino de la Selva, entre los
conflictos atizados por Estrada Cajigal
ALONSO URRUTIA Y LA JORNADA MORELOS ENVIADO
Cuernavaca, Mor., 25 de abril. Aquella madrugada,
el gobernador Sergio Estrada Cajigal compartía viandas y vinos con
la familia, con los amigos. Su afición a los placeres mundanos no
se contuvo ni ante las dimensiones del operativo que sus subordinados
ejecutaban en otra parte del estado.
Casi simultáneamente, su brazo policiaco, su hombre
fuerte, Agustín Montiel -actualmente preso por sus vínculos
con el narcotráfico- irrumpía en el palacio municipal de
Tlanepantla para acallar la disidencia. Disparos, gases lacrimógenos,
golpes y, como saldo, un muerto, decenas de heridos y el éxodo de
los disidentes.
Así
se gobierna en Morelos, sin nadie que detenga los desenfrenos: alcohol,
mujeres, represión y cero política. Es la voz del pueblo
que reproduce las versiones de la vida palaciega del gobernador.
Buena parte de la disidencia desfila cada semana en Atlacholoaya,
el penal del estado, para firmar y mantener su libertad condicional. Ahí
van los normalistas de Amilcingo, los opositores a la demolición
del Casino de la Selva, algunos detenidos en la represión de Tlanepantla...
La vida de Estrada Cajigal discurre con frecuencia entre
bares, restaurantes y vacaciones que parecen no tener fin. Se le confunden
las prioridades: apenas en diciembre, cuando en el Congreso no se hallaba
salida a los diferendos por la asignación presupuestal propuesta
por el Ejecutivo, Estrada Cajigal optó por vacacionar.
Nada importó, ni siquiera la crisis presupuestal
que se desató en el estado durante enero y gran parte de febrero.
El Congreso debió decretar una prórroga para resolver el
entuerto.
Por esas mismas fechas, estalló el conflicto de
Tlalnepantla, aún no resuelto. La oposición de la comunidad
al gobierno de Elías Osorio recibió la respuesta represiva
orquestada desde los cuerpos policiacos. Apenas en noviembre pasado, cuando
la falta de diálogo con el gobierno del estado motivó que
los pobladores bloquearan la autopista México-Acapulco, se evidenciaron
las formas represivas del gobierno estatal, pues, cuando los disidentes
ya se retiraban, se ordenó un operativo que dejó decenas
de heridos.
El escándalo político por los métodos
y por los excesos discursivos del gobernador, que justificó la acción
policiaca como una medida para desactivar un "campo de entrenamiento para
guerrilleros" no detuvieron los planes personales de Estrada: casarse en
segundas nupcias.
Y mientras el estado se polarizaba por las acciones ordenadas
por Eduardo Becerra, ex secretario de Gobierno y amigo personal del gobernador
en Tlanepantla, Estrada gozaba su luna de miel.
Fue la reproducción de los métodos usados
para acallar las protestas contra la demolición del tradicional
hotel Casino de la Selva, en defensa del patrimonio y la construcción
de un centro comercial, en agosto de 2002. Hoy todavía acuden al
penal algunas cabezas del Frente Cívico pro Defensa de Casino de
la Selva, acusados de motín, asonada, ataques a las vía de
comunicación y sabotaje.
Es la constante desde los primeros días de gobierno
de Estrada Cajigal. Es célebre la primera fiesta que dio en Casa
Morelos, la residencia oficial, para celebrar el primer Halloween como
jefe del Ejecutivo. Dicen que se vistió de vampiro.
Días después, la policía entraba
al Hospital del Niño Morelense para romper un paro de labores de
los trabajadores.
"Es la criminalización de la política.
La utilización de la Procuraduría General de Justicia y los
cuerpos policiacos para suplir la falta de oficio político que se
requiere para resolver la problemática social en Morelos", acusa
el dirigente del PRD en el estado, José Messeguer Guillén,
para quien los excesos policiacos y el uso político de la procuraduría
tienen el objetivo de cubrir la ausencia política del gobernador.
A nivel individual los perredistas han resentido los excesos
judiciales. Pedro Torres, secretario de Movimientos Sociales del PRD, fue
detenido en diciembre de 2002 acusado de poseer un automóvil robado.
Varios meses de prisión le costó haber encerrado al gobernador
en sus oficinas con la gente de su movimiento de ex ahorradores denonimado
Chavelistas en demanda de solución a un añejo problema de
fraude.
Conocidas son las denuncias contra el ex dirigente perredista
Graco Ramírez, quien junto con Messeguer enfrentó juicios
por difamación y despojo, de los cuales salieron exonerados.
Pero la procuraduría y los cuerpos policiacos no
sólo han sido usados contra la oposición, también
para las venganzas personales de los ex hombres fuertes del gobernador:
Alfredo Gutiérrez, notario público número 8, quien
tuvo un enfrentamiento con Becerra por el arrendamiento de una casa, fue
a parar a la cárcel por la posesión de armas de uso exclusivo
del Ejército. Porque le encontraron una arma antigua que tenía
enmarcada como adorno.
La ex subprocuradora Alicia Vázquez Luna, quien
tuvo un diferendo con Agustín Montiel que la orilló a renunciar,
podría enfrentar un proceso por robo de expedientes; José
Luis Urióstegui, el ex procurador estatal, quien advirtió
a Estrada Cajigal los antecedentes de Agustín Montiel, fue acusado
-tras un diferendo con el gobernador- de ejercicio indebido de la administración
pública.
Así, hasta las barandillas de la justicia han sido
encauzados buena parte de quienes disienten en Morelos.
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