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A MEDIA LUZ Joshua Goodman, Buenos Aires |
19 de abril de 2004 |
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Alejandro Neill no puede dejar de pensar en lo peor. En 1989 su empresa de plásticos cerca de Buenos Aires, Igomin S.A., debió parar operaciones por hasta 6 horas al día por falta de electricidad. Estos días regresó la pesadilla de aquellos tiempos. A partir del 16 de marzo y por varios días más, Igomin y otros 30 grandes usuarios de energía argentinos, incluyendo las sucursales de multinacionales como Peugeot Citroen, Solvay, Total y Praxair, recibieron la orden de la Secretaría de Energía de reducir 20 por ciento su consumo. La medida, la primera de esta naturaleza que se toma desde la privatización del sistema eléctrico en 1991, es fuente de preocupación para la industria argentina, que no logra recuperarse del todo de los efectos causados por la crisis económica de 2001 y 2002. "Esto rápidamente puede tornarse grave", dice Neill, gerente general de Igomin, quien tuvo que disponer una suspensión de operaciones en su planta por tres horas al día para cumplir con la orden oficial. Todo indica que Argentina está entrando a una crisis energética en el momento más inoportuno. Cuando Argentina devaluó la moneda en 2001 después de abandonar la paridad del peso con el dólar, varias fábricas que habían dejado de funcionar en la década previa volvieron a ponerse en marcha. Lo hicieron para satisfacer la demanda de productos que resultaban demasiado caros para ser importados. Un empuje industrial de 16 por ciento en 2003 fue el principal motivo detrás del explosivo crecimiento de 8.7 por ciento en el producto interno bruto el año pasado. Entre 1998 y 2002, la economía argentina perdió una cuarta parte de su tamaño. Pero tal salto en un país donde 15 por ciento de la población adulta no consigue trabajo tiene un doble filo. Muchos economistas predicen que la industria está en serio riesgo de sobrecalentarse. La razón es simple. El vertiginoso crecimiento de la producción industrial no ha sido acompañado por una expansión en el suministro de su materia prima: la electricidad. Según especialistas del sector, el sistema eléctrico no está en condiciones de ofrecer un servicio seguro y sustentable. "Más cortes son inevitables", dice Oscar Dores, director de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Sumada al alza en la demanda de energía, en las últimas semanas ocurrió una caída fuerte en la producción de gas, que es la materia prima de casi la mitad de las empresas generadoras de electricidad. Las inversiones en el sector, que totalizaron 4 mil millones de dólares, se han paralizado desde 1998. Durante el mismo lapso la demanda energética creció 25 por ciento. Con las tarifas prácticamente congeladas a 40 centavos de dólar por millón de BTU (Unidad Termica Inglesa, la unidad de comercialización), un tercio del precio internacional, las empresas petroleras se niegan a invertir en la exploración de nuevos pozos. Como consecuencia, las reservas se han caído desde el 2000 de 18 años a sus actuales 12 años. Un acuerdo entre las empresas y el gobierno para comenzar a elevar las tarifas a partir de 2005, a cambio de que las firmas generadoras aumenten sus inversiones, fue alcanzado en la primera semana de abril, pero sus efectos no se verán en el corto plazo. Con el avance del invierno austral, que inicia en junio, analistas descuentan que los cortes actuales se pueden extender hasta afectar a los consumidores residenciales. El secretario de Energía, Daniel Cameron, ha aparecido en los programas de televisión para pedir al público que economice en el consumo de energía para que el país pueda seguir creciendo. Para prevenir una escasez generalizada el gobierno del presidente Néstor Kirchner dispuso suspender las exportaciones de gas al vecino Uruguay y posteriormente ordenó reducir en 20 por ciento las ventas a Chile, que importa de Argentina una tercera parte del gas que consume. Desde que asumió el gobierno en mayo de 2003 el presidente Kirchner, la administración federal ha intervenido de una manera abrumadora en la regulación de los servicios públicos después de una década de relativa indiferencia que fue próspera para los negocios privados. Entre otras medidas, se ha creado una comisión para revisar cada contrato con las empresas privatizadas, que abre la puerta a la rescisión de contratos para empresas juzgadas negligentes en términos de inversión y calidad de servicio. El acuerdo del gobierno argentino y las empresas energéticas, cerrado a mediados de abril, retirará los controles oficiales sobre el precio del gas para uso industrial en 2005 y para los consumidores domésticos a finales de 2006. Esto a cambio de que los industriales realicen más inversiones y eleven la oferta de energía. Aún así no hay garantía de que las empresas vuelvan a invertir, consideran expertos. "No puedes poner la portería sin primero armar una cancha equilibrada de juego con reglas claras para todos", dice Daniel Montamat, consultor energético y ex Secretario de Energía de 2000 a 2001. La última empresa en irse del país fue National Grid, firma británica que en Argentina fue dueña de Transener, la mayor transportista eléctrica del país con ventas en 2003 de 70 millones de dólares. Después de invertir más de 100 millones § |
UN NUEVO FOCO |