Documento del Congreso

Un análisis revela anomalías en la venta de Bancomer

ROBERTO GARDUÑO

En la revisión de la Cuenta Pública 2002, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que las autoridades financieras cumplieron la normatividad para la venta de las acciones de Bancomer que seguían en poder del gobierno federal. No obstante, en un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se advierte que el titular del órgano de fiscalización omitió revisar el prospecto de colocación.

Este documento especifica el número y el precio de las acciones vendidas y quiénes realizan la transacción. También describe la situación financiera y contable de la empresa cuyas acciones se venden y detalla los "riesgos o problemas" que pueda tener.

La ASF señaló que la operación, realizada por Goldman Sachs, estuvo apegada a las normas. Sin embargo, no reparó en que el representante y director de la correduría es Martín Werner, integrante del comité técnico del Fobaproa y subsecretario de Hacienda durante la época más cuestionada del rescate bancario.

El análisis considera relevante ese dato "porque Werner (el agente colocador) pudo haber operado la transacción con información privilegiada o haber caído en un conflicto de interés (...) El hecho de que Werner participara en la operación no le aportó transparencia, sino todo lo contrario, y por lo menos ameritaba un comentario de la ASF".

En el prospecto definitivo de colocación, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Goldman Sachs reconocían que la operación implicaba riesgos y recomendaba a los inversionistas analizarlos cuidadosamente.

"Una parte sustancial de nuestra cartera de crédito está representada por créditos al gobierno federal en la forma de pagarés Fobaproa o al IPAB, y una porción importante de nuestro ingreso por intereses está relacionada con intereses sobre el principal, capitalizables por dichos pagarés. El gobierno federal podría tener dificultad en cubrir las obligaciones de repago de estos pagarés y podría asimismo buscar ampliar la fecha de vencimiento de dichos pagarés o reducir el monto del principal o intereses ganados de los mismos."

Riesgo permanente

Más aún, las autoridades admitieron que el riesgo de la operación era permanente, pues "no podemos asegurarles que el Congreso mexicano asignará fondos para el pago de intereses y de principal de los pagarés. Si el vencimiento de estos pagarés y otros documentos por cobrar llegase a prorrogarse, el riesgo de que estos pagarés no sean efectivamente pagados a su vencimiento aumentaría".

Esa postura, "además de ser un reconocimiento expreso y tácito de que los pagarés del Fobaproa no son una deuda avalada por el Congreso mexicano, contribuyó a que la SHCP y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) obtuvieran sólo 8.10 pesos por acción, es decir, un total de 7 mil 230 millones de pesos, ya que de acuerdo a los principios económicos y financieros más básicos, a mayor riesgo, menor precio o rendimiento", señaló el consultor Mario di Costanzo.