Experto en derecho penal

Cuestionable, actitud de Fox al no recibir a López Obrador

La actitud asumida por el presidente Vicente Fox Quesada al negarse a otorgar una audiencia al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, si bien no violenta ningún norma jurídica, sí tensa las buenas relaciones que deben existir entre el gobierno federal y las entidades, "por lo que resulta una decisión política cuestionable", afirmó Enrique Díaz Aranda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Especialista en derecho penal y constitucional, aseguró que a pesar de que la Constitución no establece la obligación del Ejecutivo federal de otorgar audiencia a otros funcionarios o jefes del Ejecutivo locales, en la práctica se asume como parte de las buenas relaciones que debe mantener el gobierno federal con los estados, por lo que una negativa sólo genera "crispación en el ámbito político".

Intimidación

Respecto de la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de iniciar dos averiguaciones previas contra funcionarios del gobierno capitalino y del propio López Obrador, bajo los cargos de obstrucción de la justicia y difamación, consideró que esta acción podría ser percibida como una medida para "amedrentar" al jefe de gobierno capitalino luego de que éste diera a conocer información de una averiguación previa en curso.

En un clima de tensión propiciada por los recientes escándalos de corrupción que involucran a todas las fuerzas políticas, la actitud asumida por el gobierno federal podría ser una forma de "intimidar" a otro Poder Ejecutivo, al dejar de lado las buenas relaciones que deben prevalecer entre ambos.

Lo que está en juego, señaló Díaz Aranda, es la propia credibilidad de la sociedad mexicana hacia su sistema político y hacia los propios políticos, que en más de una ocasión han protagonizado escándalos de corrupción que prácticamente involucran a todos las fuerzas políticas, incluyendo al partido gobernante.

Si bien el Presidente debió asumir "una decisión difícil", ante la obligación de ser coherente con su discurso de no intervención en las investigaciones que realiza la PGR, la negativa de otorgar una audiencia al jefe de Gobierno del Distrito Federal, desde el punto de vista político, "sí es cuestionable", pues debe prevalecer una buena relación política con las entidades.

Esta situación, aseguró, podría generar más fricciones y malos entendidos entre ambos poderes, lo que en nada ayudaría a equilibrar un ambiente político tenso, en donde los ciudadanos lo que quieren es que haya resultados en el combate a la corrupción y en la procuración de justicia.

Destacó que si bien la Constitución establece el derecho de petición a todo ciudadano para que pueda solicitar información a las autoridades, "no se especifica que sea obligatorio otorgar una audiencia, aunque se trate de un jefe del Ejecutivo estatal". Sin embargo, reiteró que sí es obligación del gobierno federal "mantener un clima de buenas relaciones con las esferas de poder estatales y locales".

LAURA POY SOLANO