Eduardo R. Huchim

Yucatán: Ƒla callada por respuesta?

Es casi un lugar común afirmar que el caso de la muerte de Flora Ileana Abraham Mafud, ocurrida en noviembre de 1995 en Mérida, ha dividido a la sociedad yucateca: una parte acepta y defiende la versión de que la joven mujer (tenía 25 años de edad al morir) se suicidó, y otra sostiene que la asesinó su esposo, Armando Medina Millet, quien por ese motivo purga una condena de 20 años de prisión.

Para tener idea de la polarización social que ha generado este caso, baste citar las contradictorias versiones que he conocido sobre la conducta de Medina Millet en la cárcel. Una versión dice que observa una conducta ejemplar e incluso que por momentos asume actitudes místicas. Otra, que ha logrado el control del penal donde está recluido y dirige el contrabando de artículos prohibidos, drogas incluidas.

Además de sus complejidades propias, el caso está rodeado de mil y una conjeturas y suposiciones que alimentan teorías de confabulación en uno y otro sentidos. Así, los defensores de la teoría del homicidio hablan de problemas sicológicos de Medina Millet y de que tiene antecedentes de agresivididad, como cuando amenazó con una pistola al empleado de un estacionamiento.

En tanto, los defensores de la teoría del suicidio sostienen que la joven había heredado al hoy prisionero algunos bienes inmuebles, por lo que se falsificó un testamento para que éste no los recibiera, y también hablan de un millonario seguro de vida de Flora Ileana, cuyos beneficiarios no recibirían pago alguno si finalmente se determinara que la muerte fue por suicidio.

No puedo avalar ninguna de esas versiones, y sólo las cito para dar sustento a mi afirmación sobre la profunda polarización que el caso ha generado en Yucatán. No se trata de un hecho más de nota roja, sino de un asunto de profundas repercusiones sociopolíticas, ya que ha causado la confrontación de poderes, al grado de que el Legislativo, con la simpatía del Ejecutivo, ha iniciado un juicio político contra cinco de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes a su vez han interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El caso Medina-Abraham ofrece claros ingredientes de una crisis política en Yucatán, y por ello resulta sorprendente que, hasta donde se sabe, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Gobernación hayan intervenido.

Sería imposible reconstruir, en un artículo periodístico, la enredada madeja que envuelve al caso Medina-Abraham, por lo cual me limitaré a referirme a graves hechos atribuidos a funcionarios federales y estatales y que, sin prejuzgar su culpabilidad, debieran ser investigados de inmediato, aunque para que esto ocurriera parece que sería necesaria la intervención directa del presidente de la República. Tales hechos, denunciados públicamente y en la Presidencia de la República por el Diario de Yucatán, son sintéticamente los siguientes:

a) Militares del Ejército Mexicano presionaron en 1996 a un perito de las fuerzas armadas, el entonces teniente coronel Vicente Zárate Noble, para que no presentara un dictamen favorable a Medina Millet. Entre esos militares están los generales Jacinto Romero Arredondo, Jaime Cohen Vázquez y Juan Salines Altes. Como el perito se negó a falsear su dictamen, fue enviado a las montañas de Guerrero, donde permaneció prácticamente incomunicado hasta que se produjo la sentencia condenatoria contra Medina Millet.

b) El doctor Eduardo González Mata, jefe de servicios periciales de la Procuraduría General de la República (que fue destituido posteriormente por corrupción), dirigió la elaboración de dictámenes fraudulentos que fueron decisivos para la condena de Medina Millet.

c) Funcionarios de las procuradurías del Distrito Federal y de los estados de México y Aguascalientes entraron en complicidad con autoridades yucatecas para integrar un expediente inculpatorio de Medina Millet.

Carlos Menéndez Navarrete, director general del mencionadio diario, denunció la semana pasada que "una mafia de intereses inconfesables, infiltrada en altas esferas gubernativas, políticas, legislativas, judiciales, militares y religiosas, se ha confabulado desde 1995 para impedir el conocimiento de la verdad y la administración de justicia en el caso Medina-Abraham".

Se pueden compartir o no los criterios editoriales del Diario de Yucatán, pero no se puede, razonablemente, negar su respetabilidad y el enorme prestigio que se ha ganado durante decenios. Me constan, además, el cuidado y profesionalismo con que se edita ese periódico. Si hace acusaciones como las mencionadas, es claro que el gobierno de Vicente Fox no debe ignorarlas, sino investigarlas prontamente y con imparcialidad.

Ha de tenerse en cuenta que si los hechos denunciados son verdaderos, su importancia no se limitaría al caso Medina-Abraham porque revelarían graves conductas inadmisibles en un estado de derecho. Por ello, independientemente de ese caso concreto -que ya discurre por la ruta del amparo- resulta imperativo efectuar tal investigación.

Es harto sabido que las notas periodísticas, igual que -por ejemplo- los videos exhibidos en la televisión, no hacen prueba plena, pero sí son indicios que deben ser considerados por la autoridad para perfeccionarlos o bien para descartarlos. Lo que resulta social y políticamente inadmisible es que el actual gobierno federal dé a las denuncias del diario yucateco lo mismo que otros gobiernos en otras épocas: la callada por respuesta.