Ayer, en las cercanías de Zinacantán, Chiapas, militantes perredistas apoyados por autoridades y policías de ese municipio emboscaron a una caravana de simpatizantes del EZLN, con resultado de decenas de heridos, seis de ellos por arma de fuego. Tal agresión fue absolutamente injustificada, pues los agraviados, indígenas integrantes de las comunidades de base zapatistas, realizaban su marcha de manera pacífica. Sin embargo, ha de señalarse que estas manifestaciones violentas se enmarcan en una actitud de provocación emprendida por el ayuntamiento de Zinacantán, el cual ha negado a los indígenas zapatistas el vital suministro de agua, indispensable para la supervivencia de sus comunidades y cultivos.

En este contexto, cabría preguntarse si tales militantes chiapanecos del PRD han comenzado a asumir las mismas prácticas represivas que los ediles y los paramilitares priístas, y si tal actividad es sólo producto del descontrol imperante en ciertas localidades de Chiapas o si, por el contrario, se ajusta a un esquema general de choque y tensión cuyas consecuencias resultan impredecibles pero, al menos por los sucesos de ayer, ciertamente perturbadoras.

Pero más allá de estos graves enfrentamientos, resulta evidente que el gobierno federal ha mostrado una patente indiferencia hacia la situación de Chiapas y se ha mantenido, al menos en los últimos dos años, prácticamente al margen de ese conflicto, lo que ha agudizado las tensiones y mostrado ante la ciudadanía su profunda falta de voluntad política y social para atender las legítimas demandas de los pueblos indígenas de esa entidad. En este contexto, resulta claro que el gobierno de Vicente Fox ha optado, como durante décadas lo hicieron los gobiernos priístas, por el recurso del olvido y la demagogia y no por el sendero de la atención efectiva de los problemas sociales. Para ejemplificarlo basta señalar la desnaturalizada ley en materia indígena que fue aprobada por el Congreso, contraria a los acuerdos de San Andrés y a la iniciativa que en su momento formuló la Cocopa, y el persistente hostigamiento del que son objeto las comunidades indígenas, especialmente las simpatizantes del zapatismo, en el estado de Chiapas.

En este contexto, los enfrentamientos entre militantes perredistas y comunidades de filiación zapatista son una expresión más de la descomposición resultante del abandono en el que se ha mantenido a Chiapas en el contexto de la política federal, y una inquietante señal de alarma que tendría que motivar, en los estamentos oficiales y partidarios, un impulso decidido para atajar las causas de fondo de tales conflictos, que no son otras que el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el ominoso aislamiento al que se ha forzado a los mexicanos indígenas de Chiapas.

Vicente Fox prometió dar solución al conflicto chiapaneco en 15 minutos, pero lo cierto es que en más de tres años de gobierno no ha sido capaz de, siquiera, contener el deterioro de la situación política, social y humana en esa entidad del país. Por ende, es imperativo que las fuerzas políticas del país concedan a la problemática indígena y chiapaneca la importancia que tiene y emprendan, como primer paso y de forma decidida, las reformas legales necesarias para comenzar a resolverla.

De igual manera, el PRD debería realizar un profundo análisis de la actuación de sus militantes en Chiapas y frenar las acciones de hostigamiento que algunos de ellos han emprendido contra las comunidades zapatistas. De lo contrario, se corre el riesgo de que una fuerza política ?el perredismo, o al menos parte de su militancia chiapaneca? que desde el primer momento se ha colocado del lado de la paz y de las legítimas demandas de los pueblos indígenas y ha impulsado las necesarias reformas legales para darles la correcta atención, se coloque del lado de los estamentos más oscuros del caciquismo y de la represión y se convierta, con ello, en un nuevo factor de conflicto, desestabilización y desasosiego en esa entidad del sur de la República.