Antonio Gershenson

ƑPor qué no hay reforma eléctrica?

Se ha estado diciendo, en el contexto de la discusión sobre las impugnaciones a medidas contrarias a la Constitución, que en este sexenio no habrá reforma eléctrica. ƑPor qué no la ha habido y por qué no está a la vista, por lo menos en el corto plazo?

Podemos señalar por lo menos dos causas: una más inmediata, que es la incapacidad, o falta de voluntad de las autoridades involucradas, de negociar con las otras fuerzas políticas para llegar a un acuerdo al respecto. Este elemento no sólo se ve en el caso de la mencionada reforma, sino es más general. El Ejecutivo manda iniciativas que son, por decir lo menos, polémicas, sin previo consenso y sin tener mayoría en ninguna de las cámaras y, claro, son rechazadas o congeladas. En caso de que la intención en estos casos sea la de exhibir a la oposición como la causante de la parálisis, no se ve que haya tenido mucho resultado, entre otras cosas porque antes sí había casos de consenso con la oposición en momentos en los que el anterior gobierno no tenía mayoría en la Cámara de Diputados.

La otra causa a la que ahora nos referimos, más de fondo, es la falta de flexibilidad -posiblemente derivada de acuerdos con el exterior o por lo menos de su dependencia- de los tecnócratas en materia de energía. Este elemento es de más fondo y ya lleva años pesando en las decisiones o indecisiones de los gobiernos. El gobierno inmediato anterior al actual se inició con un intento de recomposición política. Esta tuvo una expresión en la primera composición plural de las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pronto vinieron las devaluaciones, el macropréstamo de principios de 1995 y las condiciones atadas al mismo. El aumento al IVA fue uno de los síntomas más claros. En materia de energía, en uno de los documentos del macropréstamo, el Memorándum de políticas económicas, en el punto 17, se dice que "el gobierno (...) promoverá la inversión privada en plantas de generación de energía eléctrica". En el mismo punto agrega que "también se acelerará el proceso ya iniciado para privatizar otras empresas estatales (incluyendo puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas)".

Los intentos de privatizar la petroquímica de Pemex dieron lugar a una batalla en los frentes político, legal y social, principalmente, que duró años. Primero, fracasó el intento de venta total del complejo de Cosoleacaque. En algún momento se llegó a una especie de solución de compromiso, que establecía que se privatizaría 49 por ciento de las acciones de las plantas petroquímicas y 51 por ciento quedaría en poder de Pemex. Sin embargo, a finales de 1998 se tuvo que declarar desierto el concurso para la participación privada en el mayor y más moderno complejo petroquímico de Pemex, el Morelos. Después de un largo periodo de desgaste político, fracasaba el intento de privatizar estas plantas y por lo mismo quedaba incumplido el compromiso del Memorándum de políticas económicas.

ƑCómo salir del problema? Poco después, en enero de 1999, se anunciaba una reforma constitucional para privatizar a fondo la industria eléctrica. Con esta medida, de hecho imposible de realizar, se trataba de compensar el incumplimiento en la petroquímica.

Era, de entrada, imposible, porque el gobierno federal no tenía mayoría, ni siquiera mayoría simple, en la Cámara de Diputados. Y una reforma constitucional requiere mayoría de dos tercios en cada una de las dos cámaras federales y luego de la ratificación de la mayoría de las legislaturas locales. Todo esto, además, implica tiempos. Y faltaban 18 meses para las elecciones federales, menos de un año para la selección de candidatos para las mismas e inicio de las campañas electorales. Cada mes transcurrido hacía más difícil el apoyo de los legisladores, más difícil que éstos aceptaran el costo político de una medida evidentemente impopular. Además, el solo anuncio de esta medida despertó resistencia sin precedente reciente en los trabajadores electricistas, inclusive en casos en los que los sistemas de control sindical habían funcionado hasta ese momento.

Cuando el PRI perdió la elección federal, derrota para la cual uno de los antecedentes importantes fue ese desgaste inútil en favor de privatizaciones frustradas, se consolidó una fuerte corriente, dentro de ese partido y en especial entre sus legisladores, totalmente opuesta a privatización eléctrica y en especial a la reforma constitucional en ese sentido. De modo que cuando llegó a la Presidencia un gobierno originado en el PAN, éste tampoco tenía mayoría. Ignorando todo lo sucedido, las nuevas autoridades se vuelven a lanzar contra la misma pared, con más vuelo, y a estrellarse con ella una y otra vez.

ƑSolución negociada? Es una posibilidad. Se ha hablado, inclusive en el discurso oficial, de la misma. En especial, eso se dijo después de la derrota electoral del PAN en 2003. Pero en los hechos se ha insistido en el mismo proyecto. Es más, una reforma eléctrica negociada es la mejor posibilidad a la vista, fortaleciendo al sector eléctrico, atacando la corrupción, estableciendo una planeación racional, diversificando las fuentes primarias de energía eléctrica, aumentando la eficiencia en su generación y operación, y reduciendo, por tanto, la dependencia a las importaciones de gas natural caro y, en momentos, escaso.

Sobre estas bases, procede una reforma negociada. ƑEs eso viable con los actuales funcionarios? No lo ha sido hasta hoy. Pronto sabremos si todavía lo puede llegar a ser.