Víctor M. Quintana S.

Triunfo ciudadano en Chihuahua

Entendieron mal a Patricio Martínez, gobernador de Chihuahua. Al inicio de su mandato, en 1998, lanzó la campaña "cero tolerancia", y parece que, tanto los integrantes del Poder Ejecutivo como del Legislativo escucharon "cero transparencia". Pero, gracias a la tenaz acción de un grupo de personas e instituciones que forman la Red Ciudadana, la luz se va abriendo paso.

La semana pasada Chihuahua volvió a cosechar otro de los vergonzosos primeros lugares nacionales. Como si no bastaran el de mujeres asesinadas, el de delitos federales cometidos, el de ejecutados por el narco, ahora -según el Indice de Transparencia de la Información Fiscal (ITIF)- el gobierno chihuahuense está reprobado. Junto con Guerrero, Tamaulipas y Nayarit son los peores estados en cuanto al acceso y transparencia de la información pública a los gobernados. Y vaya que no es mal común de las entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues Sinaloa ocupa el primer lugar en este rubro, con una calificación de 100.

Todavía se estaba ventilando en la prensa el debate sobre esta reprobación cuando la Red Ciudadana ganó un amparo al Congreso del estado. Hay que dar algunos antecedentes: la red es un conjunto de organizaciones ciudadanas fundada en la primavera de 2001. Su principal objetivo es fomentar la participación informada, consciente y activa de las y los ciudadanos en los asuntos públicos. La integran el Frente de Consumidores, Cosyddhac, el Frente Democrático Campesino, Mujeres por México, Coordinadora Ciudadana y Equipo Pueblo.

Una de las tareas principales de la Red Ciudadana ha sido la de transparencia legislativa. Realiza una labor continua de vigilancia al Congreso del estado. Cada seis meses elabora y publica un informe sobre el desempeño del Congreso en su conjunto, de los grupos parlamentarios y de las y los legisladores en lo particular.

Dentro de esta especie de "observatorio ciudadano del Legislativo" se detecta la enorme discrecionalidad en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Congreso del estado. Plantillas de personal, sueldos y salarios, asignación de recursos materiales... Toda la información sobre estos temas se la reserva el grupo parlamentario mayoritario, el del PRI. Más aún, sólo quienes controlan esta fracción. La Red Ciudadana de diversas maneras, en diversas instancias, llenando los procedimientos legales, pidió la información sobre el presupuesto ejercido por el Legislativo chihuahuense desde octubre de 2001.

Más específicamente la Red Ciudadana demanda el presupuesto desglosado del Congreso, los datos de la fiscalización de la hacienda pública, los resultados de las auditorías al Congreso. También copias de la plantilla de personal con sus sueldos y salarios. Sólo después de mucho insistir recibe una respuesta vaga, con la que el presidente y el oficial mayor de la legislatura local, ambos del PRI, pretenden cubrir el expediente y salir del paso.

A la red no le quedó más remedio que solicitar el amparo de la justicia federal por considerar que se viola el derecho que como ciudadanos tienen a la información que por ley debe ser pública, como la de operación del Congreso del estado. El procedimiento se inició en diciembre pasado.

El juez primero de distrito respondió a principios de este mes otorgando el amparo. Consideró que el acto reclamado es violador de las garantías consagradas en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna. Exigió al Congreso que "motive y fundamente adecuadamente su actuación y en su caso sustente los considerandos necesarios para determinar por qué no opera proporcionar la información que se solicita".

No hay en Chihuahua ni en el país un precedente de este tipo: que una agrupación independiente de ciudadanas y ciudadanos gane un amparo en contra de la negativa del Poder Legislativo de transparentar la información sobre su operación. A finales de los años 90, Alianza Cívica ganó un amparo semejante, pero fue a la Presidencia de la República. Es este el primer caso en que los ciudadanos se enfrentan a quien se supone los representa para exigir mediante la orden de un juez la información a que tienen derecho.

Estas acciones son las que van construyendo la esperanza. Las que van pujando trabajosamente para que transitemos a la democracia cuando los partidos y los políticos profesionales se atoran en disputas. Ahora que el PRI se apresta a realizar una elección de estado en Chihuahua para perpetuar las prácticas de escamoteo de la información y exclusión de los ciudadanos de lo público, es necesario que se multipliquen los esfuerzos y las acciones como las de la Red Ciudadana.