Recuperarán inversión con recursos presupuestales

Aplicará la SCT nuevo esquema de autopistas concesionadas

VICTOR CARDOSO

A partir del segundo semestre de este año el gobierno federal aplicará un nuevo esquema de autopistas concesionadas a la iniciativa privada, en el cual los usuarios no pagarán peaje pero la recuperación de los capitales invertidos será cargada a la sociedad en su conjunto vía impuestos.

Así, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con recursos públicos presupuestales, será la encargada de restituir a las empresas sus inversiones mediante cuotas anuales calculadas en función del aforo vehicular.

Bajo esa nueva modalidad, conocida como "peaje sombra" o Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), la SCT comenzará la construcción de cuatro tramos de autopistas libres de peaje que representarán inversiones por más de 2 mil millones de pesos a fin de "abrir nuevas oportunidades de trabajo para la iniciativa privada".

Hasta donde se sabe serán concesiones de entre 15 y 30 años en las que los inversionistas asumirán todos los riesgos financieros y el gobierno federal sólo pagará una contraprestación, de acuerdo con el número de vehículos que circulen por esas vías. Algo similar a los contratos de servicios múltiples de Pemex, pero sin las restricciones constitucionales a la inversión privada.

Las autoridades argumentan, en favor del "peaje sombra", que de esta forma se incrementa la eficiencia en la gestión de proyectos carreteros, se distribuye el pago de inversiones en infraestructura carretera a lo largo del tiempo y se abren nuevas oportunidades de trabajo para la iniciativa privada.

En términos generales, según la dependencia, los PPS "impulsan la inversión pública en el subsector carretero al adelantar la realización de inversiones rentables para las que no existen recursos públicos disponibles" y que por tanto tendrían que diferirse, además de que "permiten obtener mayores beneficios en comparación con la realización del proyecto a través de recursos públicos"

De hecho, la SCT, junto con la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia de la República, ya desarrollan el concepto y en marzo del año pasado se publicaron las reglas para la realización de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En principio se tiene previsto aplicar el esquema en los tramos Pénjamo-La Piedad, de 27 kilómetros y costo de 400 millones de pesos; en el Celaya-Límites de los estados de Guanajuato y Querétaro, de 36 kilómetros y 550 millones de pesos; Nueva Italia-Apatzingán, de 30 kilómetros y 485 millones de pesos, y el tramo Entronque Macuspana-Límites de los estados de Tabasco y Chiapas, de 40 kilómetros y 600 millones de pesos.

Pero en función del éxito se ampliaría para los tramos Ciudad del Carmen-Champotón, de 130 kilómetros; Arriaga-La Ventosa, de 137 kilómetros; Acayucan-La Ventosa, de 180 kilómetros; Chetumal-Escárcega, de 262 kilómetros; Chetumal-Desviación Majahual, de 76 kilómetros; Desviación Majahual-Tulum, de 174 kilómetros, y Mérida-Kantunil, de 59 kilómetros.

Paralelamente la SCT ya ha realizado diversas presentaciones ante posibles inversionistas, en las cuales ha resaltado que el esquema PPS "establece una asociación entre el gobierno y una empresa privada a través de un contrato para diseñar, financiar, construir, mantener y operar carreteras libres de peaje con las que se presta un servicio público".

En esas presentaciones la dependencia ha explicado que el esquema se instrumentaría a través de licitación pública para otorgar una concesión a un inversionista privado que se encargue de los trabajos objeto de la concesión.

A cambio el gobierno realizaría pagos periódicos a la empresa concesionaria una vez que los servicios se proporcionen; esos pagos serían en función del número de vehículos atendidos, la disponibilidad de la vía y de sus índices de seguridad y servicios; para realizar los pagos, el concesionario propondría una tarifa por vehículo calculada en función del costo de construcción, conservación y operación ofrecido por la empresa, del financiamiento, del rendimiento sobre el capital aportado, de la estimación del tránsito anual y del periodo de concesión.