En el dictamen se fundamenta que se violan varios artículos y reglamentos

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó interponer ante la Corte controversia contra los CSM

RENATO DAVALOS

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la suscripción de contratos de servicios múltiples (CSM) entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas, principalmente extranjeras.

El dictamen respectivo -que en los próximos días será presentado para su aprobación al pleno camaral- fundamenta que esos convenios firmados por Pemex contienen violaciones a varios artículos constitucionales y también a la ley reglamentaria respectiva.

Después de un análisis de los contratos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados determinó, en su dictamen de 27 páginas, que el Poder Ejecutivo mediante esos convenios firmados viola "sistemáticamente" los artículos 25, 27, 28, 128 y 134 de la Constitución.

Al respecto, refiere que en el ámbito de los hidrocarburos la soberanía es incuestionable. En el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, añade, se señala que "corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; ...el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos".

También argumenta que el párrafo sexto del mismo precepto constitucional establece: "... el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible". De manera que ninguna burocracia gubernamental o administrativa, precisa el dictamen, puede alterar el derecho de la nación en ningún momento, es decir, los recursos naturales no se pueden enajenar.

La parte final de ese párrafo, continúa, indica que "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva".

Inclusive, la comisión camaral cita que los directivos de Pemex han señalado en su Plan de Negocios 2002 que los contratos de servicios múltiples se han diseñado como "un mecanismos jurídicamente viable sin necesidad de modificar la Constitución para que firmas expertas y exitosas del ramo de cualquier parte del mundo construyan, financien obras y provean servicios de mantenimiento para elevar la producción de gas".

La fundamentación del dictamen está hecha a partir, fundamentalmente, de los contratos que Pemex firmó con varias compañías extranjeras para la explotación de gas en la cuenca de Burgos, zona geológica ubicada entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Pemex recibió las propuestas técnicas y económicas de los licitantes entre el 15 de octubre pasado y el 14 de enero de este año. El mayor volumen de recursos comprometidos corresponde a la española Repsol, con 2 mil 437 millones de dólares comprometidos y una duración del contrato de 20 años.

Los mecanismos que se esgrimen, plantea la Comisión de Puntos Constitucionales, "no son jurídicamene viables y son abiertamente violatorios de la Constitución y, por lo tanto, inviables". Desde luego, continúa, los directivos de Pemex señalan en sus declaraciones que los contratos contemplan todo tipo de "candados" técnicos que garanticen el control de Pemex y que todos los activos serán propiedad de la paraestatal.

Otra violación -indican los legisladores en el dictamen- radica en el hecho de que los servicios a contratarse son para su ejecución en un periodo que va de 10 a 20 años por una misma empresa. Actualmente, refiere, Pemex tiene celebrados 10 mil contratos anuales con otras tantas empresas.

El documento reseña que como lo indicó la propia solicitud de inicio de la controversia presentada para su dictamen a la comisión, las autoridades han mencionado que los contratos no sólo están diseñados para la extracción de gas no asociado, como sucede en la cuenca de Burgos, sino que se van a ir dando posteriormente en el petróleo.

Desde ese razonamiento, la solicitud argumentó también que la generalización de los contratos implica que las empresas públicas de energía transformarían su naturaleza industrial a simples "administradoras" de contratos con las implicaciones tecnológicas y profesionales que sobrevendrían.