Vacíos y limitaciones obligan a modificar el marco jurídico, dice el diputado perredista

Urgente, acotar la relación entre política y dinero, afirma Emilio Zebadúa

Necesario, impulsar una reforma electoral que fije mayores controles sobre los partidos

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Uno de los fenómenos más corrosivos del sistema político mexicano es la corrupción, que debe ser atacada desde el Poder Legislativo mediante la aprobación del paquete de reformas electorales y la modificación del marco general de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostiene el diputado perredista Emilio Zebadúa.

En entrevista con este diario, el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) considera fundamental la reforma en materia comicial que empuja el Congreso de la Unión en paralelo con el Ejecutivo federal, porque la que se efectuó en 1997 no prevé la regulación de dinero de procedencia ilícita, como sucedió en los casos del Pemexgate y Amigos de Fox.

"Tras siete años de experiencia, particularmente luego de los casos del Pemexgate y Amigos de Fox, así como el de los 'partidos-negocio', se ha demostrado a todos los actores políticos y a la ciudadanía que esa reforma tuvo vacíos legales", puntualiza.

Nueva generación de reformas

-ƑLas iniciativas de reforma presentadas por el Legislativo y el Ejecutivo subsanarán esas lagunas?

-Es tal la visión compartida que existe en la sociedad que las dos iniciativas que son presentadas en estos momentos coinciden en cuatro grandes ejes que resultan fundamentales para poder pasar a una nueva generación de reformas. Sabemos que los elementos de control que tiene el IFE no son suficientes para asegurar que no haya ingresos de procedencia ilícita que violenten los topes de campaña y que no se gasten cantidades millonarias de dinero sin ningún control.

-Se considera que en buena parte ese dinero podría ser de procedencia ilícita -se le plantea.

-Hoy sabemos que hay un vacío y limitaciones en el marco jurídico para atacar el problema del lado perverso, el lado corrupto de los procesos electorales. La coincidencia se divide en cuatro ejes: uno, en la necesidad de regular el periodo de las precampañas. El código electoral vigente lo que regula es un periodo específico denominado campaña, dentro del cual las autoridades en la materia tienen atribuciones y facultades específicas para actuar. Lo que se establece en las iniciativas es la definición jurídica de la precampaña. Un segundo eje es la necesidad de acortar los tiempos de campaña para los candidatos a la Presidencia de la República y para los integrantes del Congreso de la Unión, con el propósito de que las actividades proselitistas sean más cortas y haya menos dispendio.

"Un tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de los elementos jurídicos que tiene el IFE mediante la Comisión de Fiscalización para poder tener acceso a toda la información, no sólo de los candidatos y de los partidos, sino de las autoridades públicas, financieras y bancarias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de tal manera que también los particulares que hagan contribuciones a las campañas puedan ser auditados. Y el cuarto eje tiene que ver con la necesidad de reducir el monto total de los topes de campaña para los comicios. Se proponen fórmulas en las formas de asignación del financiamiento público a los partidos políticos para que el dinero que se les destina sea 40 o 50 por ciento menor en los próximos procesos."

-ƑDónde se hallan las diferencias entre ambas iniciativas?

-En la relación entre partidos políticos, el IFE y los medios de comunicación. Si se va a reducir el monto de los recursos a los partidos debemos garantizar que éstos sigan tendiendo acceso equitativo a los medios de comunicación.

-ƑSe garantiza que con menos recursos económicos los partidos desempeñarán un mejor trabajo?

-Tenemos que introducir un elemento de racionalidad a la relación entre dinero y política, y en particular entre dinero y procesos electorales. Los fondos que se destinan a la política son excesivos. Los partidos podrían hacer su trabajo de manera más eficiente con menos recursos. Se pueden reducir las burocracias. Creo que el IFE podría realizar todos sus proyectos y programas, que hoy son centrales para su operación, con menos recursos económicos sin perder los principios de equidad, competitividad y los conductos de acceso al poder público por medio de la vía democrática.

-ƑQué tanta garantía habrá de que al reformarse la ley electoral se respete la prerrogativa del IFE de conocer el secreto bancario?

-Uno de los objetivos es que el IFE tenga acceso a la información bancaria y financiera, porque ya vimos en el caso Amigos de Fox que se obstaculizó al instituto para obtener datos.

-ƑCómo propiciar la corresponsabilidad de los candidatos? Se sancionó, en el caso de Amigos de Fox, al PAN, pero no al candidato presidencial.

-La iniciativa que impulsamos los partidos políticos prevé esa problemática. Lo que se establece es que aquel candidato que rebase los topes de campaña podrá ser sujeto de sanción, incluyendo la pérdida del cargo tratándose de legisladores. De tal manera que se hace corresponsable no sólo al partido, que tendría que pagar las multas correspondientes, como ahora sucede, o que podría inclusive perder el registro. Igualmente se actuaría en los casos de candidatos que aún siendo electos, si lo fueron violentando la ley y el tope de campaña, podrían ser sujetos a castigos que abarcan hasta la destitución del cargo.

-ƑY en el caso del Presidente de la República?

-Exceptuando al presidente de la República, tomando en cuenta que el mandatario federal tiene una posición muy particular en el sistema político mexicano, pero aún así estamos haciendo esfuerzos paralelos en otras vertientes para hacer sujeto al jefe del Ejecutivo de mayores responsabilidades legales de las que tiene ahora.

-ƑSon excesivas las prerrogativas presidenciales en la Constitución?

-El Presidente tiene una posición de excepcionalidad respecto a otros servidores públicos, a pesar de que también es un representante electo y de que es un servidor público, como muchos otros. También tenemos que revisar el marco jurídico que regula a la Presidencia, pero con mucha prudencia y atención, porque no hay duda de que es un vértice del sistema político mexicano que debe reformarse, pero teniendo en cuenta todas las consideraciones necesarias.