Jaime Martínez Veloz

Baja California: tierra de nadie

Un conocido de quien esto escribe recuerda un encuentro circunstancial en 1993 con un cubano exiliado en Estados Unidos. Se lamentaba este exiliado de la primera hora, de sus compatriotas que continuaban saliendo de la isla y llegaban al vecino país del norte. Decía este cubano sobre sus compatriotas recién llegados: "Todos son basura". Este cubano se sentía tan estadunidense como el que más, olvidándose de sus raíces y tal vez reprochándole a quienes llegaban, recordarle sus orígenes. Muy posiblemente, él era discriminado por los estadunidenses, algunos de los cuales de seguro tenían a mal recordarle de tiempo en tiempo que nunca lo considerarían un igual.

Las sociedades pluriculturales tienden a padecer fenómenos xenofóbicos y discriminatorios, las más de las veces producto del desconocimiento y el miedo. Si a eso le añadimos la intolerancia en un ambiente en el cual las autoridades parecen rebasadas por los acontecimientos, tenemos entonces los ingredientes necesarios para explicar, de manera superficial, fenómenos sociales harto complejos.

De forma reiterada, el pueblo bajacaliforniano ha sido víctima de la descomposición del tejido social, a extremos tan graves que la entidad encabeza en el país, desde hace muchos años, los índices más altos de inseguridad, criminalidad y violencia que como fenómenos se han institucionalizado y son ya percibidos como una situación cotidiana en la que se supone se tendría que subsistir.

Diversos intentos, principalmente desde el poder, se ejercen para desviar la atención de un hecho irrefutable: corresponde al Estado garantizar la integridad de las personas y de la propiedad. Sean altos o bajos los niveles de violencia o criminalidad, a las instituciones de Estado toca su represión; renunciar a esa tarea significa claudicar en la obligación mínima de gobierno. Lo sorprendente es que a pesar de la contundencia de esta razón de ser del Estado, se ha querido excusar de muchas formas la incompetencia de la autoridad ante los elevados parámetros de inseguridad. Un pretexto reiterado consiste en culpar a otros, a extraños, de lo que sucede aquí.

Una idea desgraciadamente generalizada sobre la causa de la criminalidad que nos aflige es adjudicarla a quienes emigran a Tijuana, quizás queriendo olvidar que esta ciudad, como el estado, es una ciudad conformada principalmente por migrantes. Si nos basamos en hechos y no en prejuicios podemos profundizar en el análisis. El 48 por ciento de los residentes de Baja California nació en otra entidad. De la población de entre 25 y 49 años, 60 por ciento no nació ahí; 70 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral estatal reporta como lugar de nacimiento estados distintos a Baja California. El porcentaje de presos estatales únicamente es reflejo de la condición migratoria de esta entidad y su origen no explica en nada las causas de la criminalidad imperante en el estado. Inclusive en otros periodos de la historia de nuestro estado el fenómeno migratorio ha sido más agudo, sin ninguna correlación directa con la violencia y la inseguridad. De 1950 a 1960 la tasa media de crecimiento poblacional anual en Baja California fue de 8.6 por ciento. En la década siguiente fue de 5.5. De 1990 a 2000 la tasa fue de 4.2 por ciento. šA pesar de ser con mucho superiores las tasas de crecimiento demográfico entre 1950 y 1970, ni la criminalidad ni la violencia rebasaron las instituciones de Estado como ha sucedido en los recientes 15 años con los gobiernos panistas!

Pero si persistieran dudas, analicemos el caso de Quintana Roo, entidad con un comportamiento demográfico similar al nuestro. En los cinco decenios que van de 1950 a 2000, las tasas demográficas de crecimiento anual fueron 6.4, 6.0, 9.5, 8.3 y 5.9; más altas que en Baja California. Si hubiese correlación directa entre migración y criminalidad, Quintana Roo padecería una situación de ingobernabilidad superior a la que existe aquí. Y no es así. ƑCuál es la situación del Distrito Federal? Sus tasas de crecimiento demográfico en los cinco decenios de 1950 a 2000 son 4.8, 3.6, 2.4, -0.7 y 0.4. Y a pesar del bajo índice de crecimiento poblacional, los índices de violencia y criminalidad son altos, pero muy por debajo de los de Tijuana y Baja California. Tenemos, por tanto, que una revisión seria de los datos demográficos no muestra una correlación automática entre migración y delincuencia, porque una no genera la otra, a pesar de constituir un socorrido mito para quienes renuncian a profundizar en el análisis de las causas de un fenómeno tan complejo. Pero si aun así insistiéramos en señalar a los migrantes como culpables de la violencia y criminalidad desatadas, constituye una obligación irrenunciable de la autoridad combatir el delito. Es su deber, su obligación de Estado, independientemente que los delincuentes sean migrantes, chilangos, sinaloenses o marcianos.

Desgraciadamente en Baja California durante los recientes 30 días hubo más de 20 ejecuciones, ante la incapacidad manifiesta y el disimulo del gobernador Eugenio Elorduy, cuya preocupación principal es garantizar a las compañías trasnacionales Sempra Energy y Shell las condiciones para convertir a la entidad en el generador de energía eléctrica del estado de California. El 20 de marzo, sin pudor alguno y en plena entrega de territorio, honra y soberanía, el gobernador dijo: "šBienvenidas las regasificadoras!" Mientras tanto, anteayer aparecieron asesinados y calcinados cuatro jóvenes estudiantes de Tijuana