Luis Javier Garrido

El embate

El gobierno foxista parece dispuesto a liquidar en estos años que le restan lo que queda del régimen constitucional de México, y sus asesores creen poder hacerlo confiando en una supuesta debilidad de la oposición.

1. La propaganda presidencialista en los medios no ha logrado ocultar el nerviosismo de Vicente Fox en este último tramo del sexenio, y su pretensión de justificar ahora al gobierno que formalmente encabeza, que no fue de cambio sino de continuidad, por la vía de imponer al país una serie de modificaciones constitucionales y legales, exigidas por el capital trasnacional, mismas que se han estado anunciando, y que, de aprobarse, cancelarían la viabilidad de México como país independiente.

2. El gobierno foxista, que durante tres años no ha dejado de entregar de manera soterrada los recursos básicos de México a las multinacionales, ahora busca con precipitación que las cámaras legislativas aprueben una serie de cambios al marco jurídico del país en materia energética, laboral, de seguridad pública, educativa, de seguridad social y hasta en materia política -que se le exigen desde Washington- y cuyo objetivo central es cimentar el nuevo orden que el capital trasnacional le ha venido demandando desde hace años, lo que trastocaría seriamente el proyecto histórico de nuestro país como nación independiente y soberana.

3. El "caso Ahumada", fabricado como ahora se sabe por Carlos Salinas de Gortari con el asesoramiento de su viejo cómplice, Diego Fernández de Cevallos, orquestado por el gobierno foxista con el objetivo de destruir políticamente a López Obrador y descalificar al PRD como opción para 2006, tendría al menos otros dos objetivos: minar la resistencia de la oposición a Fox en el Congreso y distraer la atención de los mexicanos de las grandes cuestiones nacionales.

4. Las iniciativas de cambios constitucionales y legales que ha venido anunciando el equipo que gobierna al país desde Los Pinos tienen todas un rasgo en común: pretenden hacerse como la contrarreforma indígena de 2000, a espaldas de la nación, e ignorando al mismo tiempo que la Constitución mexicana no se puede seguir manoseando y pervirtiendo como hicieron los regímenes priístas durante los recientes gobiernos neoliberales. La única modificación que legítimamente pudo haber impulsado Fox -a la que se ha opuesto- es la que debería sustituir el mecanismo actual previsto por el artículo 135 constitucional para las reformas o adiciones a la misma, que dispone un proceso que cuenta sólo con la participación de las cámaras federales y de las legislaturas locales, con exclusión de toda participación ciudadana, y establecer el principio central de que en el futuro toda reforma constitucional debe consultarse al pueblo por la vía del referéndum.

5. Las modificaciones constitucionales que se han anunciado buscan cancelar derechos fundamentales de los mexicanos y hacer nulo el dominio de la nación sobre sus recursos estratégicos, en la misma línea del salinismo, por ello no extraña su debilidad jurídica. La actual abogada de la Presidencia, María Teresa Herrera, parece ser tan ignorante en materia jurídica como su predecesor, Juan de Dios Castro, o como el titular de la Procuraduría General, Rafael Macedo de la Concha -quien legalmente es también asesor del Ejecutivo-, y compartir la visión de los otros tecnócratas en el gobierno de que para proteger los intereses de las grandes corporaciones es menester liquidar a la Constitución de 1917.

6. En los años del neoliberalismo se ha exigido desde los organismos financieros modificar los regímenes de todos los países con el fin de "adecuarlos" a la lógica del capital neoliberal, lo que lleva al desmantelamiento de los estados-nación y a la cancelación de derechos fundamentales de los pueblos; se preconiza que esto se haga mediante acuerdos cupulares entre los partidos, consensuados al margen y en contra de la sociedad. Es por eso que no extraña que a pesar de la retórica "democrática", tan en boga en México, en la forma y en el fondo, estas iniciativas sean tan antidemocráticas y que en lo político busquen preservar un presidencialismo por encima de la legalidad, minar el régimen federal u obstaculizar cualquier ampliación de los derechos políticos de los mexicanos.

7. La iniciativa de Los Pinos de 2004 para modificar la legislación electoral, que Fox presentó como un albazo propagandístico al saber que los legisladores del PRI, el PRD y Convergencia habían elaborado la suya, pretende por ejemplo acortar los tiempos de las campañas y reducir el costo de las mismas, lo que hace de manera limitada, pero no atiende una demanda central desde hace años: ampliar los derechos políticos de los mexicanos, estableciendo el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y las candidaturas ciudadanas.

8. No extraña tampoco por ello que la iniciativa foxista no busque acotar al presidencialismo proponiendo principios para poder anular una elección presidencial o causales más amplias para una posible destitución del Ejecutivo, ni limitar la impunidad actual de los partidos y ni siquiera reformar el IFE.

9. La pretensión de Los Pinos de unificar los calendarios electorales de las entidades federativas reviste por otra parte un carácter totalitario y -como otras iniciativas que ha presentado Fox en materias penales, procesal o de seguridad pública- es violatoria de la naturaleza federal del régimen mexicano e ignora el proceso histórico de nuestro país, el carácter autónomo de los estados y su derecho originario a darse sus propias normas. Los calendarios electorales pueden estar unificados en regímenes centralistas como Francia, pero no lo están en los regímenes federales, ni siquiera en el que parece ser el modelo de los asesores del Ejecutivo, el de Estados Unidos.

10. La pretensión ilegítima de modificar la Constitución a espaldas y en contra de la voluntad e intereses de los mexicanos no se terminó con el fin del régimen de la tecnocracia priísta en el 2000, sino que ha continuado con el de Vicente Fox; ello ahonda su ilegitimidad y justifica las acciones de resistencia de los mexicanos