Editorial
Con la bandera de la "defensa de la familia", los
sectores conservadores han iniciado una campaña mundial para promover
sus postulados religiosos e influir en las políticas públicas
de los gobiernos. Reunidos esta vez en México en el III Congreso
Mundial de Familias, dirigentes de organizaciones civiles, funcionarios
del gobierno de Bush, representantes de El Vaticano, funcionarios del gobierno
mexicano y obispos católicos se han lanzado contra lo que llaman
las amenazas a la familia tradicional. Y en su lista de enemigos mezclan
al aborto, a las madres solteras, a los homosexuales, al feminismo, al
divorcio, a la infidelidad y hasta a los medios de comunicación,
pero sin mencionar una sola palabra del modelo económico neoliberal,
como agente desintegrador de las familias.
Sin argumentos científicos de peso, descalifican
a todas las formas de convivencia que no se ajustan a su definición
de familia. Su proyecto no es sólo excluyente y discriminador a
todas luces sino también generador de estigmas. Al hablar de "matrimonios
saludables", de la "familia natural", de la "santidad del matrimonio",
desvalorizan y descalifican a todas aquellas personas que por diversas
circunstancias no se ajustan a esa concepción religiosa de la familia.
Y aún más, las declaraciones de Ana Teresa Aranda, directora
del DIF nacional, en ese sentido, son un llamado al desacato de las leyes
y los tratados y convenciones internacionales firmados por nuestro país
contra todo tipo de discrimianción. Algunos expositores las llamaron
con desprecio "leyes inicuas".
A este intento de imponer postulados basados más
en doctrinas religiosas que en situaciones reales, debemos enarbolar el
principio del estado laico como forma fundamental de convivencia social.
Y debemos empezar cuestionando al gobierno foxista, y al DIF en particualr,
su apoyo con recursos públicos a un evento de carácter eminentemente
religioso.