Inconformes con conclusiones sobre Amigos de Fox

Dan entrada a demandas de amparo de Pablo Gómez y Jaime Cárdenas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un juez federal dio entrada a las demandas de amparo presentadas el pasado 23 de marzo por Pablo Gómez Alvarez, diputado federal perredista, y Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral, contra la resolución de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) de no solicitar el ejercicio de la acción penal contra el presidente Vicente Fox y otras personas, a quienes los quejosos acusan de realizar operaciones ilícitas para financiar la campaña electoral del panista en 2000.

Edwin Noé García Baeza, juez segundo de distrito B de amparo, determinó que los quejosos cumplieron con los requerimientos de la ley en la materia para iniciar los juicios de garantías correspondientes.

Al expediente de Gómez Alvarez se le asignó el número 660/2004, mientras al de Cárdenas Gracia le correspondió el 646/2004. Según fuentes judiciales, en los próximos días el impartidor de justicia podría ordenar la acumulación de ambos juicios en un solo expediente, debido a que el asunto de fondo es el mismo.

Asimismo, el juzgador fijó para el próximo 19 de abril la audiencia constitucional correspondiente a la demanda presentada por el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), mientras un día después se efectuará la diligencia relativa al juicio del legislador perredista.

Como se recordará, tanto Gómez Alvarez como Cárdenas Gracia pretenden que al final de los juicios de amparo la autoridad judicial ordene a la Fepade volver a realizar las investigaciones contra integrantes de Amigos de Fox, entre ellos Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Antonio Rojas Magnon y Marcelo de los Santos Fraga.

Ambos argumentaron al juzgador que el no ejercicio de la acción penal, establecido el 14 de noviembre de 2003, violó los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, porque el agente adscrito por la Fepade no sólo abandonó irresponsablemente la investigación, dejando de allegarse elementos fundamentales como la sanción del IFE, sino que además no valoró las pruebas concentradas en el expediente.

Además, señalaron que el Ministerio Público Federal restó valor probatorio a elementos que acreditaron el delito electoral y en cambio sí les concedió crédito pleno a las declaraciones de los involucrados en el financiamiento mediante Amigos de Fox, que según los quejosos jamás fueron soportadas en ningún fundamento legal.

También, indicaron en sus respectivas demandas, la Fepade aplicó analógicamente la ley para salvar a los denunciados y dejar de aplicar correctamente el derecho, con el argumento de que la ilicitud de los recursos sólo puede darse cuando éstos provengan de actividades ilícitas así declaradas y sentenciadas.