Vía Costa Rica, Washington propondrá enviar un relator de derechos humanos a la isla

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ROBERTO GARDUÑO

La subsecretaria de Relaciones Exteriores para Temas Globales, Patricia Olamendi, solicitó a los integrantes de la respectiva comisión en la Cámara de Diputados que se abstuvieran de emitir pronunciamientos sobre el envío de un relator de derechos humanos a Cuba, porque ese tema no figuraba en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra, que sesionará el 17 de abril próximo.

La solicitud de la funcionaria a los legisladores se contradijo con la realidad, porque el gobierno de Estados Unidos ya designó a Costa Rica como país que proponga en Ginebra -sede de la CDHNU- el voto aprobatorio para enviar un relator. Tal hecho propició que la bancada de Convergencia en la Cámara de Diputados elaborara un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir al presidente Vicente Fox, "que se abstenga de votar la condena que se hace al pueblo de Cuba" enviándole a un personaje que se involucrará en los asuntos internos de la isla.

Jesús Martínez Alvarez, coordinador de Convergencia en San Lázaro, explicó que se trata de "sujetar" al gobierno de México a la tradición de objetividad, universalidad y no selectividad: "queremos que el gobierno federal se abstenga de votar esa aberración, que además se traduce en 40 años de un brutal bloqueo económico que afecta a millones de personas".

Sobre el particular, también la fracción parlamentaria de Convergencia elaboró una proposición con punto de acuerdo para externar el rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos; a la comunidad científica, para impedir que se prohíba el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos, o a participar en foros de este carácter que tengan su sede en territorio de Cuba.

Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, equiparó la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba como un acto de terrorismo similar al perpetrado en España:

"Este hecho [los ataques en Madrid] no se encuentra distante ni es distinto al que hoy prevalece como norma de actuación intervencionista, en la región de América Latina y el Caribe. Evidencia de ello, es el bloqueo económico y comercial impuesto desde hace 45 años por Estados Unidos pueblo de Cuba, violatorio de los principios consagrados en la Carta de San Francisco, y en el Acta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, en cuyo artículo 15 se prescribe que: ningún Estado o grupo de estados, tienen derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no sólo la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que le constituyen."

Las violaciones flagrantes de esos principios y la política de estrangulamiento -señala el punto de acuerdo- llegó al absurdo y a extremos de intolerancia, que no tienen precedente en la historia contemporánea, al extender el bloqueo al ámbito cultural, e imponer sanciones al libre intercambio y difusión de las investigaciones científicas, con la consecuente afectación no sólo a los investigadores de origen cubano, sino también a sus propios connacionales y a la comunidad científica de todas las naciones.

Las primeras disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro se orientaron a prohibir la publicación en revistas científicas estadunidenses de trabajos de investigación de países a los que ha decretado embargo comercial, incluida una investigación en coautoría con el mexicano Feliciano Sánchez, del Instituto Politécnico Nacional, cuyo trabajo sobre la nixtamalización del maíz no fue admitido por la publicación científica Journal of Agricultural and Food.

"La sanción impuesta a los editores que incumplan esta norma, sólo equiparable a las disposiciones inquisitoriales del oscurantismo medieval, corresponde a una pena pecuniaria de 50 mil dólares y privación de la libertad hasta por 10 años", se advierte en el texto.

A la violación referida se agrega la resolución para impedir que 70 científicos, académicos y médicos estadunidenses, participaran en la Conferencia sobre el Coma y la Muerte en La Habana. Ello propició una protesta de agrupaciones como la Asociación Estadunidense para el Avance de la Ciencia y la Red de Universidades para el Fomento de las Investigaciones, el Desarrollo y la Innovación.

"De esta forma, nos propusimos dar una respuesta inmediata a la acción arbitraria e intransigente de la política de George W. Bush, que en aras de salvaguardar la seguridad internacional, hoy siembra incertidumbre y acoso político a su propia comunidad científica Abordamos ahora esta tribuna para convocar a todas las fuerzas políticas representadas en esta cámara a efecto de emitir un punto de acuerdo, en el que quede de manifiesto el rechazo y la condena a esta acción unilateral, excluyente e intolerante, que agravia la libertad de expresión como fuente del conocimiento y como fundamento universal del libre intercambio científico y tecnológico.

"El bloqueo cultural, que es violatorio de los derechos humanos y constituye en sí mismo una redición de las sistemáticas amenazas a los principios de autodeterminación y no intervención, consagrados en los acuerdos y tratados internacionales. Por esa razón las fuerzas políticas representadas en esta cámara externan su rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Washington a la comunidad científica cubana, que impide el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos, o a participar en foros de este carácter que tengan su sede en territorio de Cuba".