No se ha constituido la Sección Instructora, encargada de examinar la solicitud

Oficializa la PGJDF la petición de desafuero de Bejarano

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados recibió ayer la solicitud oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para iniciar el juicio de procedencia en contra del diputado local con licencia, René Bejarano Martínez, pero las pruebas y la averiguación previa quedaron a resguardo de la secretaría general, pues aún no se constituye la Sección Instructora que deberá examinar si procede el desafuero.

El inicio del procedimiento deberá aguardar que la Junta de Coordinación Política -que se reúne cada lunes- defina si compete a ese órgano legislativo o a la Comisión Jurisdiccional designar a los integrantes de la comisión. Además, el trámite legislativo se topará con la exigencia del PRD, expresada ayer por Pablo Gómez Alvarez, de que junto con el juicio en contra de Bejarano se reabra el iniciado al senador priísta Ricardo Aldana Prieto por el Pemexgate.

Consultado sobre la viabilidad de que se reabra el juicio político al tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el coordinador del PT, Gonzalo Yáñez, consideró que el punto será desechado por PAN y PRI, en una alianza para impulsar exclusivamente el desafuero de René Bejarano.

Francisco Barrio Terrazas, coordinador de la bancada panista, adelantó que en el caso del asambleísta, descubierto en un video recibiendo dinero en efectivo del empresario prófugo Carlos Ahumada Kurtz, la Cámara apresurará su desafuero.

"Aunque no es lo más adecuado que los ciudadanos hagamos juicios de lo que pudiera ser, me parece que en este caso las evidencias, los elementos de juicio que existen en la opinión pública son más que contundentes. Hay elementos suficientes para que el desafuero se pueda dar con relativa rapidez, yo así lo veo", sostuvo.

Pablo Gómez dijo que su bancada no se opondrá al juicio político contra Bejarano, pero advirtió que también pedirá al presidente de la mesa directiva de la Cámara, Juan de Dios Castro, convoque al jurado de procedencia para el caso de Aldana Prieto, sobre la base del dictamen aprobado por la Sección Instructora de la 58 Legislatura, que fue desechado por priístas y panistas al inicio de la siguiente.

"El dictamen está completamente vigente, está vivo y debe ser votado por el pleno para que Aldana concurra ante un juez y responda por los delitos que le imputa el Ministerio Público" sobre la transferencia de 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en 2000.

Asimismo, a las 14:10 horas de ayer, se presentó en San Lázaro el fiscal para asuntos especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos, quien entregó en la secretaría general de la Cámara la solicitud de procedencia para retirarle el fuero constitucional a Bejarano. Acompañó el documento con 10 videos -tres de los cuales se difundieron en la televisión- y otros siete encontrados en el cateo a las oficinas del Grupo Quart.

La procuraduría, dijo, fundamentó su solicitud en los elementos que acreditan la supuesta comisión de delitos de promoción de conductas ilícitas, cohecho, de carácter electoral y de operación con recursos de procedencia ilícita. Este último, dijo, es considerado grave, se castiga con cinco a 15 años de prisión, por lo que el ex presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tendría derecho a fianza.

Informó que la PGJDF tomó medidas precautorias para evitar que, en tanto se desarrolla el procedimiento legislativo, Bejarano pueda evadir la justicia, y está sometido a vigilancia judicial permanente.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, consideró que en la indagatoria seguida a Bejarano debe agotarse el procedimiento planteado por Bátiz.

Asimismo, durante su participación en el ciclo Las reformas urgentes al marco jurídico del Congreso, el ex procurador y el presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias, Iván García Solís, coincidió en la necesidad de emprender una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para acelerar los juicios de procedencia, sin que ello implique la violación a los derechos de audiencia de quien esté sujeto a un juicio de desafuero.