Confían autoridades en lograr en unos meses un acuerdo con cuatro instituciones

Cada año disminuye el gasto público y se destinan más recursos al rescate bancario

En 2004 se pagarán 40 mil 400 millones de pesos tan sólo de intereses por esa operación

ROBERTO GONZALEZ AMADOR, ISRAEL RODRIGUEZ Y ANTONIO CASTELLANOS

Cada año desde hace al menos dos décadas, el gasto público disminuye como proporción del producto interno bruto, mientras en los pasados nueve años el fisco ha debido incrementar sostenidamente la partida destinada a cubrir el costo de la decisión del gobierno anterior de intervenir indiscriminadamente para evitar, con recursos públicos, la quiebra del sistema bancario en 1995.

Esta semana, cuando los representantes de los bancos extranjeros que dominan el sistema financiero que opera en México se reúnan para la 67 convención bancaria, la polémica sobre la intervención del gobierno en el rescate financiero estará nuevamente en primer plano. Las autoridades financieras están decididas a que, este mismo año, se llegue a un acuerdo con un grupo de cuatro bancos que mantienen con el gobierno un litigio para evitar que sean revisadas las operaciones de salvamento.

Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte, el único mexicano del grupo, están buscando por todos los medios legales, pero también mediante el uso de su influencia política, lograr que lo dispuesto por el Congreso para que sean revisadas las operaciones del extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no afecte mayormente sus intereses.

A partir de 1995, el Fobaproa puso en práctica un programa llamado de "capitalización y compra de cartera", que involucró a las cuatro instituciones mencionadas. El fideicomiso público emitió pagarés para capitalizar a los bancos por un monto bruto que ahora alcanza 220 mil millones de pesos. Por esos pagarés, que vencen a partir del próximo año, las instituciones reciben intereses, que constituyen una de sus principales fuentes de ingreso y ganancia en el país.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallan que hace 20 años, en 1984, el gasto público era equivalente a 49 por ciento del producto interno bruto (PIB). Una década después, en 1994, esa proporción bajó a 27 por ciento del PIB. En 2004, el total de los recursos ejercidos por el sector público será, comparativamente, similar a 21.5 por ciento del producto interno bruto.

Mientras el nivel de gasto público en relación con el tamaño de la economía se reduce, la presión determinada por el costo del rescate bancario crece. En 2004, también de acuerdo con la SHCP, serán destinados 40 mil 400 millones de pesos -2 por ciento del gasto público presupuestario- exclusivamente al pago del "costo financiero", es decir, a cubrir los intereses derivados de una parte de las operaciones del rescate bancario. Se trata de una suma creciente. Es 33 por ciento superior a la canalizada para el mismo fin en 2003 y 65 por ciento superior a los 24 mil 414 millones que eran destinados a este renglón en 2000.

La deuda a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ronda los 800 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 12.3 por ciento del PIB.

Se trata, también de acuerdo con cifras de Hacienda, de una carga mayor al costo de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), mecanismo de contratación de deuda de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para obtener financiamiento de particulares destinado a infraestructura. Los Pidiregas acumulan 26 mil millones de dólares de deuda externa y 160 mil millones de pesos contratados en el mercado interno. La suma representa 5.4 por ciento del PIB y genera intereses por 22 mil millones de pesos al año, equivalente a 1.3 por ciento del gasto público presupuestario.

Mientras esta contratación de pasivos por medio de Pidiregas tiene, finalmente, como propósito construir infraestructura, los intereses pagados por el rescate bancario sólo son un premio a los banqueros.

En esta convención bancaria se anticipa que será planteada la propuesta gubernamental, detallada a La Jornada por Mario Alberto Beauregard, secretario ejecutivo del IPAB, de que la polémica derivada por el Fobaproa sea resuelta este mismo año. Sobre alrededor de 7 mil millones de pesos existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que insiste en que las auditorías sean realizadas antes que el IPAB asuma las obligaciones del rescate. Las autoridades plantean que una parte de los 220 mil millones de pesos brutos de los pagarés, sea "encapsulada", se realice el intercambio del resto y posteriormente se defina si esa parte separada corresponde a operaciones legales.

Los banqueros tienen detenido el desarrollo: aspirante a la Canacintra

Los banqueros llegan a su convención con la responsabilidad de haber detenido el desarrollo económico del país. No hay crédito, y el que hay es caro y escaso, afirmó ayer Cuauhtémoc Martínez García, uno de los más fuertes aspirantes a dirigir la Canacintra a partir de abril próximo. Dijo que el financiamiento a las empresas es de 18 por ciento cuando en el mercado internacional es de sólo 5 por ciento.