Las verificaciones definirían si enviaron al Fobaproa créditos irregulares

Analiza la SCJN atraer revisión de amparo de 4 bancos contra auditorías del IPAB

Fueron detenidas en 2002; sus pagarés en el fondo valían $217 mil millones hasta 2003

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud del titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, respecto a que el máximo tribunal del país atraiga la revisión del juicio de amparo con el que Banamex-Citigroup, BBVA-Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte detuvieron desde 2002 las nuevas auditorías que pretende realizar el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los pagarés que esas instituciones poseen del Fobaproa, los cuales tenían hasta el cierre de septiembre pasado un valor actualizado de más de 217 mil millones de pesos.

El 12 tribunal colegiado en materia administrativa, órgano jurisdiccional donde se analiza actualmente el recurso de revisión 650/2003, recibió el pasado 4 de marzo el oficio de notificación que le envió la SCJN y, de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial, en los próximos días los ministros del máximo tribunal determinarán si ejercen su facultad de atracción (prevista en el artículo 105 constitucional) o deciden que el tribunal administrativo continúe con el análisis del asunto.

El mencionado amparo en revisión tiene su antecedente el 11 de septiembre de 2003, cuando el juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Alvaro Tovilla León, concedió la protección de la justicia federal a los cuatro bancos, que actualmente los ampara de ser auditados. El argumento del juzgador fue que la Ley de Protección al Ahorro Bancario no contempla la posibilidad de nuevas auditorías al Fobaproa, más allá de las que practicó el canadiense Michael Mackey en 1999.

Sin embargo, el departamento jurídico del IPAB se inconformó con la sentencia judicial y solicitó la revisión en segunda instancia, la cual recayó en el 12 tribunal colegiado en materia administrativa.

La SCJN ya tiene conocimiento del caso, porque desde abril de 2003 aceptó una controversia constitucional que el Poder Ejecutivo federal interpuso contra la Cámara de Diputados por la supuesta "invasión de esferas" que cometió, al no haber impedido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificara a la Secretaría de Hacienda que en las auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases de actualización de intereses del IPAB (antes Fobaproa), de marzo de 2002, "se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos".

Según la ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, las auditorías permitirían establecer si los bancos enviaron al Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa créditos que no cumplían las condiciones para ser garantizados por el gobierno federal. Por ello, desde hace dos años la ASF ha insistido en que el monto de los pagarés debe ser descontado a las instituciones bancarias. El primer vencimiento de un pagaré de HSBC por más de 18 mil 700 millones está previsto para septiembre de 2005.