ENTREVISTA /JEANNETTE BAUTISTA, INVESTIGADORA ESPECIAL DE AI PARA AMERICA LATINA

Fox debe aplicar en casa lo que presume en el extranjero

IMPOSTERGABLE, HACER LLEGAR LA JUSTICIA A CIUDAD JUAREZ

Militares de Colombia secuestraron, torturaron y asesinaron a la hermana de Jeannette Bautista en 1987. Desde entonces libra una ardua batalla en defensa de los derechos humanos en todo el mundo

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La colombiana Jeannette Bautista ha dedicado los pasados tres años de su vida a investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Sabe de esta tragedia no sólo por su trabajo en Amnistía Internacional (AI), sino también porque desde 1987 ha librado una larga batalla en busca de castigo a los militares que secuestraron, torturaron y asesinaron a su hermana, Nidya Erika Bautista, supuesta integrante del grupo guerrillero M-19.

Esta historia dio pie a 16 años de trayectoria como defensora de derechos humanos. Con su larga experiencia y dedicación al tema de Ciudad Juárez, la investigadora especial para América Latina de AI advierte que la voluntad política que asegura tener el gobierno de Vicente Fox se desdice cuando deja fuera de las indagaciones y de las estadísticas los asesinatos de mujeres en la ciudad de Chihuahua y no asigna recursos a la comisionada Guadalupe Morfín.

Considera que el hecho de que no se busque a las desaparecidas a pesar de que hay indicios de dónde se podrían encontrar, es un problema grave, porque se trata de mexicanas que se han vuelto "invisibles. Mientras no se busque a las desaparecidas las acciones recientes sólo serán para la fotografía y eso es absolutamente insuficiente e inaceptable", dice.

Lo que detonó su militancia en esta causa fue el homicidio de Nidya Erika Bautista la tarde del 30 de agosto de 1987 y que se ha convertido en uno de los casos paradigmáticos de la impunidad en América Latina. En 1987 el cuerpo de su hermana fue encontrado en una zona rural de Colombia. El coronel Alvaro Hernán Velandia Hurtado fue declarado culpable del asesinato, pero quedó exonerado de todo castigo porque no fue notificado a tiempo.

A partir de esta experiencia personal, esta mujer menuda y de grandes ojos ha ocupado la presidencia de la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos y ha trabajado con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en países como Argelia y Filipinas.

A unas horas de la presentación de un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez -el cual ya fue entregado al Presidente de la República- aborda en entrevista las conclusiones del mismo y las particularidades de la violencia contra la mujer en México, un fenómeno que, expresa con preocupación, se extiende a Guatemala y que próximamente va a investigar.

-Cuando se hizo cargo de la investigación, ¿cómo se sintió al conocer con detalle los expedientes?

-Mi primer sentimiento fue de mucha indignación por el tratamiento poco digno que las autoridades del estado daban a las familias y a las mismas víctimas. Eso me golpeó mucho humanamente y profesionalmente. Nunca imaginé que tal brutalidad pudiera ser posible en la mente de unos hombres y mucho menos que pudiera pasar con tanta impunidad y tanta indiferencia de parte de las autoridades. Me parecía terrible que la sociedad en conjunto no asumiera como parte suya este problema y que dejara solas a las familias y a las mujeres en un contexto de frontera, donde la pobreza y deshumanización es muy palpable, donde el desierto se confunde con las casas de cartón donde viven las madres que luchan por sus hijas desaparecidas o asesinadas o en que viven las trabajadoras de la maquila. Que en medio de tanta riqueza como produce la maquila hubiera tanta pobreza y tanta deshumanización.

-Usted ha trabajado la violencia contra la mujer en diversos países. ¿Cuáles son las particularidad en México?

-La impunidad es una marca particular de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Hay cientos de casos parecidos en Guatemala, pero son de reciente data, de dos años para acá. Pareciera que en Centroamérica hay un patrón en el que actúa bastante el crimen organizado, pero amparado en la impunidad de la no actuación del Estado.

"También el hecho de que no se vea la violencia intrafamiliar como un delito. Es muy grave que solamente se valoren los homicidios con violencia sexual y se menosprecie el resto. De acuerdo con las autoridades mexicanas, son nueve las mujeres asesinadas en 2003 y se olvidan de las otras 30 o 40 mujeres que murieron en manos de sus esposos, novios o los miles de casos de denuncias de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de incesto. Todas esas realidades las desconocen olímpicamente y eso es muy característico."

-¿Qué ocurre con las autoridades que están a cargo de las indagaciones?

-Tienen un patrón sociocultural en que leen la violencia contra la mujer desde un punto de vista discriminatorio. No consideran como violencia contra la mujer la violencia intrafamiliar y otros tipos, como el acoso sexual o el abuso. Y los mecanismos que han creado, como las fiscalías especializadas, mixta y federal, no tienen un mandato claro sobre la integralidad de las formas de violencia contra la mujer: siempre se restringe a los homicidios con violencia sexual que es la punta del iceberg, pero no es todo el problema.

-¿Estos diez años de impunidad qué nos reflejan en cuanto a la voluntad política de las distintas administraciones estatales y federales?

-Hasta agosto de 2003 la ausencia de acciones reveló una indiferencia y una falta de voluntad política y de voluntad de justicia total por parte de las autoridades estatales y federales. A partir de la presión de la comunidad internacional, incluida Amnistía Internacional, del trabajo de las familias, de la denuncia de las organizaciones de mujeres en el ámbito local, el gobierno del presidente Vicente Fox ha tomado una actitud más abierta y ha creado mecanismos que dan buenas señas y algo de esperanza de que las cosas cambiarán. Pero el hecho de dejar por fuera a Chihuahua desdice esa voluntad política que realmente se dice tener para reconocer explícitamente que existe un patrón grave de violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua.

"La voluntad política solamente se podrá ver cuando asignen recursos a la comisionada Morfín y un mandato fuerte de diagnóstico de lo que ha pasado con las políticas públicas y con los casos concretos. Cuando se ordene la revisión judicial de los procesos en los que ha habido denuncias de tortura, de procedimientos viciosos que anulan los procesos y cuando se resuelva la situación jurídica a las personas que se encuentran detenidas sin pruebas en su contra, ese día podremos hablar que hay una voluntad política real. Mientras tanto somos pesimistas al respecto."

-¿Considera que ha habido avances en esta administración?

-Hemos visto avances en la creación de mecanismos, fundamentalmente la comisionada, las fiscalías federal y mixta, la aceptación de ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos en algunos casos, pero el hecho que nos preocupa es que no se busque a las desaparecidas. Están en el limbo, porque la desaparición de personas no es considerada un delito en el estado. No son ni muertas ni vivas.

-¿Qué respuesta esperan del presidente Fox?

-Esperamos que el Presidente examine con cuidado el informe y se tome muy en serio tanto las apreciaciones que hacemos, así como las recomendaciones, empezando por incorporar a las mujeres asesinadas en Juárez y Chihuahua como parte de las políticas y mecanismos, y siguiendo por incorporar a las desaparecidas como sujetos de derechos humanos. Está contemplado en los tratados internacionales que él ha promovido y ha impulsado a escala de la comunidad internacional. Le pedimos que los aplique en casa.