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México D.F. Domingo 7 de marzo de 2004

Ninguna de las observaciones formuladas se relaciona con el grupo Quart

No se detectaron irregularidades en la Cuenta Pública 2002 en Michoacán

Morelia, Mich., 6 de marzo. El tesorero general de Michoacán, Humberto Suárez López, señaló que no hubo señalamientos de irregularidades en el manejo del ejercicio 2002, y prueba de ello es que el Congreso local aprobó la Cuenta Pública por unanimidad. Asimismo, explicó que no se registró anomalía alguna en la revisión que llevó a cabo la Auditoría Superior de Michoacán, ya que los mil 700 millones se depuraron en el proceso mismo de la auditoría.

Explicó que el Congreso del estado de Michoacán, formado por 40 diputados pertenecientes a cuatro partidos políticos (17 del PRI, 17 del PRD, cinco del PAN y uno del PT), en sesión del 27 de diciembre de 2003 aprobó por unanimidad la Cuenta Pública del ejercicio 2002, presentada por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

En torno a las publicaciones aparecidas en algunos diarios, indicó que en el decreto aprobatorio se señalaron observaciones (mas no responsabilidades), de las cuales la mayor parte fueron administrativas, por un monto de aproximadamente 417 millones de pesos, que los legisladores consideraron que no alteran la razonabilidad de la situación financiera revelada.

Es por ello, dijo, que se estableció un plazo de 90 días para que esas observaciones fueran aclaradas y, en su caso, desvanecidas, o bien, que se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidades que pudieran resultar. Y acotó: "Proceso que se ha venido desarrollando con toda normalidad y que muestra importantes avances para el desahogo de las citadas observaciones".

En relación con un documento preliminar de trabajo elaborado por la Auditoría Superior del Congreso de Michoacán, que señalaba una cifra cercana a los mil 700 millones de pesos, aseguró que fue depurada en el proceso mismo de la auditoría, toda vez que la fiscalizadora señalaba erróneamente como observaciones am-pliaciones presupuestales de recursos ma-nejados por otros poderes, como el Legislativo o el Judicial.

De igual forma, añadió, el tratamiento que se daba a recursos manejados por organismos autónomos como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Electoral de Michoacán y el tribunal electoral, entre otras, no implican desvío o mal uso de los recursos.

Por otro lado, el tesorero del estado señaló que se duplicaban montos de las observaciones por diversos conceptos desde una perspectiva de faltas a la normatividad que no necesariamente implicaban desvío de recursos. "Por ejemplo: compra de útiles escolares en las que los auditores consideraban que Diconsa no es proveedor autorizado del gobierno del estado, o bien casos en los que el órgano técnico del Congreso consideraba como observaciones el no haber concluido las pruebas de conciliación entre el gasto reportado en Cuenta Pública con las cifras de las unidades programáticas presupuestales, circunstancia que pudo desahogarse al momento de elaborar el informe final que sirvió de base para la elaboración del dictamen de la citada cuenta pública".

En suma, enfatizó, el proceso de la auditoría se ha venido desarrollando con normalidad y con estricto apego a la ley, por lo que es necesario esperar en los términos del decreto aprobatorio la conclusión de los plazos para la presentación de re-sultados definitivos en relación con posibles responsabilidades.

Asimismo, planteó, como ya lo ha declarado el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, si bien es cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas resultó ser la dependencia con mayor número de observaciones, gran parte de éstas corresponden a aspectos administrativos o de integración de expedientes, o bien a faltas de aviso de terminación de obra u otras formalidades que se han venido solventando.

En cuanto a los asuntos financieros, añadió, las observaciones son fundamentalmente de carácter presupuestal, que no derivan en responsabilidad y no se relacionan con el asunto del grupo empresarial Quart a que se ha hecho mención en los medios informativos durante los pasados días.

Comentó que vale la pena recordar que es absolutamente normal que en todo proceso de auditoría se hagan observaciones. "Hay que recordar que en la primera Cuenta Pública del presidente Vicente Fox las observaciones fueron de casi 30 por ciento del total del presupuesto federal, de alrededor de 1.4 billones de pesos, lo que de ninguna manera quiere decir que las responsabilidades llegan a los 420 mil millones de pesos, sino que dentro de los propios procedimientos legales se realizan las aclaraciones y desvanecimientos o, en su caso, se fincarán las responsabilidades resultantes".

Reiteró que Tito Fernández, ex subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la entidad, se separó de su cargo hace más de un año, en noviembre de 2002. En este momento, como es público, se encuentra inhabilitado por la Contraloría del gobierno del estado.

Finalmente, subrayó, en lo que se refiere a la afirmación de que pueda haber existido alguna componenda entre el Ejecutivo del estado y las fracciones parlamentarias en relación con el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al año 2002, rechazó tajantemente dicho señalamiento. Y explicó: "Por el contrario, quisiera destacar que como nunca antes se puso a disposición del órgano técnico del Congreso toda la información y documentación que permitió una exhaustiva revisión de la citada Cuenta Pública, para que el Poder Legislativo pudiera cumplir cabalmente su responsabilidad"

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