Exigen detener el avance de esos planes mientras no se realicen estudios ambientales

Afectarían plantas gaseras a Tijuana, Rosarito y Ensenada, advierten ciudados

Acuerdan legisladores de 16 estados buscar que se determinen los impactos sociales

ANTONIO HERAS SANCHEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA

Mexicali, BC, 5 de marzo. "No queremos que se dañe un ecosistema que tiene el reconocimiento a nivel internacional. Estamos cansados de la tanda de mentiras de las autoridades, porque de manera irreversible se dañará nuestra zona costera".

Las palabras de Olga Leticia Martínez, habitante del fraccionamiento Playas de Tijuana y coordinadora estatal del comité ciudadano contra las plantas multinacionales de regasificación y generación de energía eléctrica en Baja California tienen una gran carga de advertencia sobre las consecuencias que tendría la instalación de al menos tres de estas plantas de almacenamiento de gas natural líquido en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

No sólo este comité ciudadano se opone a la instalación de los proyectos de las empresas Chevron Texaco, Marathon Oil y Sempra Energy.

La Declaración de Guadalupe, que resultó del quinto Encuentro Nacional de Legisladores en Materia Ambiental -el cual se efectuó en Tijuana y Mexicali-, apuntala la necesidad de atender la demanda de habitantes de la entidad "para detener el avance de plantas de recibimiento, almacenamiento y distribución de gas LP, gas natural y gasoductos, mientras no se realicen los estudios ambientales correspondientes".

En una crítica a la actuación de la Comisión Reguladora de Energía sobre la autorización de permisos, legisladores de 16 entidades federativas acordaron buscar que se determinen "los reales impactos sociales derivados de las decisiones gubernamentales, además de procurar un debate amplio nacional, en donde se refleje la participación ciudadana".

La líder del comité ciudadano se refiere también a la urgente necesidad de tomar en cuenta a la población que sería afectada porque considera que, en este caso, se trata del interés de empresas extranjeras, independientemente si son de Estados Unidos o Canadá, por posesionarse del territorio nacional. Y es que se trata de concesionar parte del territorio nacional por 30 años, plazo que puede extenderse por dos décadas más.

Estas concesiones tienen una segunda fase que se centra en la construcción de plantas de energía nuclear, señalan datos de este organismo no gubernamental.

"Es un asunto de carácter nacional porque no sólo se trata de la contaminación que trae su instalación, sino también de cuestiones de soberanía nacional", afirmó a La Jornada.

Olga Leticia Martínez coincide con el historiador Miguel León Portilla cuando asegura que en toda la historia de México existen 20 intentos de Estados Unidos de apoderarse de Baja California, "y ésta es una de ellas".

La lucha ciudadana, advierte, se realiza "para dignificar nuestro territorio y defender una área privilegiada ecológicamente y que cuenta con zonas totalmente vírgenes, para que ellos (en este caso, los estadunidenses) protejan y salven sus costas".

Hasta el momento, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó los permisos para que Sempra Energy, Chevron Texaco y Marathon Oil instalen centros de almacenaje en esta frontera, aunque la presión ciudadana ha permitido que se suspendan los trabajos de construcción, al menos temporalmente.

La CRE es una dependencia gubernamental que apostó por el impulso de gas natural como una opción energética para el desarrollo de infraestructura industrial en el país. En 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se modificó el artículo 27 constitucional para permitir la participación de capital privado en la distribución, transporte y comercialización del gas natural.

Con una inversión de 5 mil millones de dólares, la primera concesión se otorgó a la alianza formada por las empresas San Diego Gas & Electric, de San Diego; Pacific Enterprises International, de Los Angeles, y Próxima Gas, de Mexicali, para distribuir gas natural en la capital de Baja California en los sectores industrial, comercial y habitacional.

Después las empresas californianas se fusionaron para crear Enova y posteriormente Sempra Energy, corporativo que ocupa el tercer sitio en generación de energía eléctrica y distribución de gas natural en Estados Unidos.

En agosto de 1996, Ernesto Zedillo inauguró el sistema de distribución de gas natural en Mexicali, a través de un gasoducto que proviene de San Diego -vía Imperial Valley- que resintió una sola manifestación de descontento en una colonia popular.

A ocho años de distancia, la empresa Ecogas-Mexicali, subsidiaria de Sempra, incumplió la meta de distribuir el energético a 5 mil usuarios, además que recibió el rechazo del sector industrial pues abandonó temporalmente el consumo de gas natural por la fluctuación de precios.

Actualmente, el costo del servicio se duplicó al incorporar en el recibo el concepto "distribución por comercialización", que se refiere a los proyectos de expansión del corporativo estadunidense. Más que aplicar una sanción por incumplimiento, lo peor del caso es que la CRE autorizó este concepto que afecta a los consumidores de gas natural.

A raíz de 1998, las protestas de colonos y ecologistas crecieron en la entidad porque advertían los riesgos que representaba la construcción de gasoductos en su territorio.