En esa dirección hay que combatir la deshonestidad, señalan

El Ejecutivo debe "volver los ojos" hacia Vamos México: PRI y PRD

ANDREA BECERRIL

Legisladores de PRI y PRD pidieron al presidente Vicente Fox "volver los ojos" a la fundación Vamos México cuando insiste, como lo ha hecho en los pasados días, en rechazar la corrupción. Coincidieron también en que hay intervención gubernamental en la exhibición de videos en los que se involucra a miembros del equipo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en situaciones deshonestas y poco éticas.

El senador priísta Oscar Cantón Zetina dijo que si bien se debe aplicar todo el peso de la ley a René Bejarano y a quienes incurran en tráfico de influencias o enriquecimiento indebido, preocupa "el manejo político electoral" que se ha dado al caso, ya que tiene que ver con la sucesión presidencial de 2006 y obliga a preguntarse quién está utilizando el aparato de inteligencia y los recursos del Estado para lesionar a López Obrador.

Por separado, el panista Diego Fernández de Cevallos sostuvo que "no debe haber impunidad en ningún caso, pero tampoco permitirse el linchamiento de personas, pues si bien la sociedad debe conocer lo que ha sucedido, siempre serán las autoridades las que determinen si hay inocencia o culpabilidad".

Rechazó que una instancia independiente al gobierno capitalino investigue en torno a la corrupción de Bejarano y del ex secretario de Finanzas Gustavo Ponce.

"La ley es la que da competencia a las autoridades. Esto no es cuestión de conveniencia política o de aprovechamiento para linchar a persona alguna del Gobierno del Distrito Federal; la competencia la da la ley y a ella debemos someternos todos", manifestó.

El panista coincidió con López Obrador en que se trata de una "venganza política, pero -aclaró- es una venganza de personas cercanas a él".

El coordinador perredista, Jesús Ortega, rechazó tal aseveración. Sostuvo que el ataque no proviene del PRD. El video en el que se muestra a Bejarano recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada y el otro en el que se exhibe al ex secretario de Finanzas capitalino jugando en Las Vegas "no fueron entregados por nadie del partido".

Subrayó que no disculpa, bajo ninguna circunstancia, a perredistas que hubieran cometido actos ilícitos, pero advirtió que hay una campaña contra López Obrador por su fortaleza y su proyección como candidato a la Presidencia de la República.

En ese sentido, coincidió en la advertencia de Marcelo Ebrard acerca de que no se sabe hasta dónde llegarán los enemigos del jefe de Gobierno capitalino, a quien se intenta desprestigiar a toda costa. "Hay intereses ilícitos capaces de llegar a todo. De ahí la advertencia del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de llamar a la moderación a quienes encabezan esa muy bien orquestada y planeada campaña."

Tanto Ortega como la también perredista Leticia Burgos y el senador priísta Cantón Zetina exigieron a Fox que su repentino interés en frenar la deshonestidad lo enfoque hacia su propio gobierno. "Es cierto que toda corrupción tiene nombre y apellido, y el Ejecutivo sabe que mucho de ello se refiere a gente muy cercana a él, como quien maneja la fundación Vamos México", advirtió el senador del tricolor.

Reformas anticorrupción

Por otro lado, senadores de PRI, PAN y PRD decidieron impulsar de manera prioritaria un paquete de reformas legislativas anticorrupción en el Congreso, que incluyen agilizar los juicios políticos y los procesos de desafuero, con el propósito de sancionar a los legisladores que, como Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, o René Bejarano, hayan incurrido en tráfico de influencias y en otras acciones indebidas, además de dar mayores facultades al Institu- to Federal Electoral para auditar a los partidos.

Se pretende, según explicó el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el panista César Jáuregui, que en este periodo de sesiones -que se iniciará el día 15- se pueda avanzar en gran parte de las reformas anticorrupción.

Primero se propondrá dictaminar las iniciativas que ya están en el Congreso encaminadas a desaforar inmediatamente a legisladores que falten a la ética o la moralidad del Congreso. "Nunca ha habido un juicio político ni un legislador procesado por tráfico de influencias, pese a los escándalos en que se ha visto envuelto Diego Fernández de Cevallos", señaló el perredista Demetrio Sodi.

En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles próximo, Jáuregui y Sodi presentarán un punto de acuerdo para crear el capítulo mexicano de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (Copac, por sus siglas en inglés), a la que podrán afiliarse todos aquellos interesados en llevar a cabo un comportamiento ético alejado de prácticas ilegales.

Paralelamente, precisó Jáuregui, se planteará el compromiso de avanzar hacia una legislación amplia que inhiba y sancione cualquier práctica corrupta, facilitando la aplicación de sanciones. Reveló que ya hay un anteproyecto de 20 puntos sobre la modernización del Congreso, que incluye un capítulo sobre disciplina parlamentaria en el que se penalizan comportamientos ilegales, faltos de ética o incumplimiento de los deberes, con castigos que van desde la amonestación privada, amonestación pública, el desafuero, la pérdida del escaño o la inhabilitación para volver a ocupar un cargo de representación popular.

"Esto es una novedad, porque hasta ahora los planteamientos son en torno a códigos de ética o de honor. Creemos que debe reformarse la ley para establecer un capítulo con sanciones para los senadores y diputados que incurran en actos de corrupción o evadan el cumplimiento de sus labores parlamentarias, como sería no asistir a sesiones", agregó.

Al respecto, el perredista Sodi comentó que la noche del miércoles pasado, luego del escándalo provocado por el caso de Bejarano, hubo una reunión en la que participaron los panistas Jáuregui y Rodríguez Prats y el senador priísta Genaro Borrego. De ahí surgió el acuerdo de llevar la propuesta a la Comisión Permanente.