Magdalena Gómez

El factor Nazar: entre la política y el derecho

Nazar Haro está en la cárcel, no sabemos cuánto tiempo, pero este solo hecho era inimaginable en los oscuros años en que campearon los interrogatorios, las torturas y desapariciones contra hombres y mujeres que optaron por la vía armada para alcanzar sus ideales y a los que les fue negado el derecho al debido proceso del que ahora goza el ex policía. Aunque trascendente, este paso es, sin embargo, sólo la punta del iceberg de la mal llamada guerra sucia, rostro inocultable del régimen autoritario que no se ha ido del todo por más que ahora la Presidencia de la República la ocupe otro partido y éste sea también elemento significativo en la ruta por la democracia en nuestro país.

Hay plena conciencia de que el trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no cumplirá su cometido si su acción se agota con el proceso y eventual condena a Nazar Haro sin llegar a las más altas esferas de quienes promovieron y autorizaron el abuso de poder, los crímenes de Estado y los de lesa humanidad en la década de los setenta; destaca entre ellos el caso del ex presidente Luis Echeverría Alvarez. Dentro de los sectores democráticos, en especial las agrupaciones de familiares de desaparecidos y el comité de 68, han advertido sobre el riesgo de que la búsqueda de la justicia no sea plena.

El factor Nazar, por otra parte, ha reactivado la polarización social y política en torno a la necesidad de saldar cuentas con el pasado, con el derecho en la mano. No han faltado quienes se suman a los argumentos de los abogados del otrora temible policía, hoy sujeto a proceso, y reviven la manida tesis de que los activistas desaparecidos eran criminales y los represores "salvaron a la patria". El colmo es que ahora muestren "pruebas" de que Jesús Piedra Ibarra tenía una orden de aprehensión y olviden que jamás lo presentaron ante un juez y de que no es lo mismo un particular que un funcionario encargado, en nombre del Estado, de procurar justicia. Cual confesión de parte, Javier Coello Trejo, conocido como el fiscal de hierro, deslizó la expresión de que si en "la aplicación de la ley a algunos se les pasó la mano, que sean castigados, pero con pruebas" (CNI, Canal 40, 23 de febrero de 2004).

ƑCon cuáles "pruebas" y cuál derecho se está consignando a los presuntos responsables de la guerra sucia, cuando el control de las evidencias de estos crímenes estuvo en manos de los mismos que los cometieron? Aquí encontramos uno de los grandes vacíos para lograr justicia; si bien se superó el obstáculo sobre la imprescriptibilidad de esos crímenes, no existen elementos jurídicos suficientes que tipifiquen y sancionen delitos de Estado como el genocidio o la desaparición forzosa y encuadren lo que sucedió en realidad: la aplicación de una política de Estado que con rango de continuidad se implantó al margen del estado de derecho.

Vivimos el absurdo histórico de que la Femospp promueva causas individuales con elementos de delitos comunes y no de delitos de Estado. Por ello las condiciones para lograr justicia pasan por una reforma sustancial al orden constitucional y legal. Sin embargo, la fiscalía podría avanzar en los documentos jurídicos que emita, esto es, en sus consignaciones, estableciendo elementos de derecho internacional que enmarquen sus valoraciones y fundamentos de derecho interno. Hasta ahora el fiscal titular ha declarado a la prensa que hubo política de Estado continua, que hay elementos para tipificar el genocidio, pero sería lamentable que dichas apreciaciones no constaran en los documentos oficiales, así sea como precedente.

A tres años de la alternancia en la Presidencia ya está claro que no existen los consensos suficientes sobre el rumbo del país; la clase política mexicana no es expresión de toda la sociedad y ha perdido contacto con muchos de los sectores que vieron en el 2000 la posibilidad de cambio democrático. Sin duda son positivas las declaraciones del Presidente de la República y del secretario de Gobernación en torno a que se irá a fondo tratándose de crímenes del "pasado". Sin embargo, causó más interés la críptica declaración del secretario de Defensa sobre la necesidad de promover la conciliación para no destruir a la nación. Lamentablemente ya es inocultable la duda generalizada sobre la fuerza real del Ejecutivo para llevar adelante iniciativas como ésta. Como vemos, el Estado de derecho aún no logra caminar con pies propios.