México D.F. Lunes 1 de marzo de 2004
Firma de contratos en blanco y acuerdos de palabra, la constante, dice su titular
El desempleo en el DF crea un mercado negro laboral: Prodet
La situación, más desfavorable para las mujeres Se complica por el desconocimiento de los trabajadores de sus derechos y por trámites engorrosos, señala José Luis González Larrazolo
LAURA GOMEZ FLORES
El crecimiento del desempleo en la ciudad de México ha creado un "mercado negro de trabajo", donde la firma de contratos en blanco o los acuerdos de palabra se han convertido en una constante, principalmente en el área de servicios y seguridad, donde la violación de la Ley Federal del Trabajo es permanente y difícilmente se logra una indemnización para el empleado despedido.
La situación se complica por el desconocimiento de los trabajadores de los derechos que les asisten, lo "engorroso" que representa interponer una demanda y la necesidad de contar con dinero para satisfacer sus necesidades básicas, señala el titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal (Prodet), José Luis González Larrazolo, quien reconoce que la situación es más desfavorable para las mujeres.
La falta de criterios jurídicos que apoyen y promuevan acusaciones de las trabajadoras ha provocado que enfrenten desventajas no sólo en los casos de hostigamiento sexual, sino incluso a causa de embarazo o cuando no cuentan con el reconocimiento de la empresa por su desempeño laboral, pues, en la práctica, quien recibe siempre el apoyo es el patrón, porque no están tipificados como delitos en el Código de Procedimientos Penales o en la legislación laboral.
El año pasado se atendieron 71 casos de hostigamiento sexual, en los cuales únicamente se llegó a 19 convenios; 230 despidos por embarazo que condujeron a la firma de 24 convenios, 37 por violencia laboral con la firma de nueve convenios, aunque en estos tres casos se archivaron 51 por falta de interés. Otro número similar se turnó a demanda y otros 10 se retiraron, tal vez por el tiempo que lleva el proceso o por carecer de pruebas para solventar la denuncia.
El funcionario explica en entrevista que la situación de crisis que vive el país, reflejada en el cierre de empresas y la cancelación de plazas, ha incrementado el número de personas que acuden a la Prodet a resolver sus dudas o presentar una queja, con promedio diario de atención de entre 250 y 300 trabajadores, a quienes se les asesora o representa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin ningún costo.
Los trabajadores se han visto en franca desventaja frente al sector patronal, situación que se incrementó el año pasado respecto de 2002, pero, reconoce, son pocos aún los que acuden a sus oficinas, ubicadas en San Antonio Abad 122-4, para que se les defienda y logren una indemnización justa, aunque el proceso lleva tiempo.
De enero a diciembre del año pasado, explica, se llevaron a cabo 19 mil 429 conciliaciones, que se reflejaron en la firma de 5 mil 245 convenios, con lo que se logró recuperar para los trabajadores 84 millones 297 mil pesos, aunque fue necesario instruir 5 mil 306 juicios en la Junta Local de Conciliación.
Ambas cifras son superiores a las reportadas en 2002, cuando se firmaron 5 mil 184 convenios y 4 mil 274 casos se fueron a juicio, y la recuperación de indemnización por salarios, aguinaldo, vacaciones u otras prestaciones sociales fue de 76 millones 552 mil 80.52 pesos, pero "el problema se presenta cuando los afectados carecen de documentos que avalen su labor en alguna empresa, principalmente de servicios", señala.
Los problemas más serios se registran en el área de seguridad y vigilancia, donde para efectos de darles trabajo les exigen documentación original, como cartilla, credencial de elector y certificado de estudios; así, al concluir la relación de trabajo se niegan a entregarles esa documentación a cambio de finiquitar su relación laboral.
En otras ramas de servicios o comerciales les exigen la firma de documentos en blanco para después llenarlos como renuncia voluntaria, pero esto sólo consta al trabajador y al patrón, y difícilmente se puede demandar; aunque "no hay una regla general por rama de actividad, ni el tipo de violación a la legislación, pero la mayoría evade el pago del IMSS y prestaciones, o los hacen firmar también contratos por tiempo y obra determinada u honorarios, para efecto de encubrir una verdadera relación laboral".
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