A la fecha, 54 denuncias de presuntas víctimas: Alvarez Icaza

Investiga ombudsma abusos del grupo Tigre

Detenciones arbitrarias, lesiones, tratos crueles y degradantes, entre las quejas contra ese cuerpo de la SSP Cuestiona plan de seguridad del GDF

SUSANA GONZALEZ G.

Ante el aumento de abusos y detenciones arbitrarias por la policía preventiva, que han sido motivo de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el presidente de este organismo, Emilio Alvarez Icaza, reveló ayer que se inició una investigación especial sobre el grupo Tigre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"El punto de partida de esta investigación son las denuncias, las quejas que presentan las víctimas o presuntas víctimas de violación de derechos humanos. En el momento actual la investigación ha acumulado 54 casos. No puedo dar muchos datos porque estoy obligado a la confidencialidad de la información y todavía las investigaciones están en curso", acotó.

Las quejas contra los integrantes del grupo Tigre, que opera bajo el mando directo del subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino García, son de distinta índole, pero Alvarez Icaza precisó que esencialmente se refieren a detenciones arbitrarias, acciones fuera de la ley e incluso "algunos casos que podríamos mencionar de lesiones, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

También criticó que en aras de "las cuotas" de detenidos con las que deben cumplir los policías, personas que nada tienen que ver con delitos sean presentadas ante el Ministerio Público como probables responsables. Recordó que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, aseguró el año pasado que en siete de cada diez detenidos no se contaba con suficientes elementos para inculparlos.

Algunos de los 54 casos investigados por la CDHDF ya derivaron en denuncias penales ante la procuraduría, lo que implica que los tigres son investigados por partida doble. "Son dos cuerdas por separado: el caso penal y el caso de la violación a los derechos humanos. Eso da pie a un informe especial", precisó Alvarez Icaza.

Incluso recordó que una de las recomendaciones que el año pasado envió la CDHDF a la SSP se refiere a los policías preventivos que realizan operativos vestidos de civil, aunque la ley establece que deben estar uniformados y portar su identificación, pero el caso aún no está resuelto, como tampoco el uso de las esposas y los candados de mano.

"Hay elementos fundados de 2000 a la fecha sobre indebidas actuaciones en seguridad pública", indicó, y reveló que mientras el número de quejas presentadas contra la procuraduría el año pasado registró un descenso de casi 7 por ciento respecto de 2002, y las referentes a la Secretaría de Gobierno, responsable de los reclusorios, descendieron hasta en 17 por ciento en el mismo periodo, los expedientes contra la SSP crecieron 5.85 por ciento, aunque fue superada por la Secretaría de Salud, con 26 por ciento.

No obstante, en términos generales la PGJDF se mantuvo en el primer lugar de las quejas tramitadas el año pasado, pues ascendieron a mil 956; la Secretaría de Gobierno tuvo mil 394 y la SSP 651.

Las declaraciones de Alvarez Icaza fueron hechas en una conferencia de prensa convocada por la CDHDF para dar a conocer su Informe Estadístico Anual 2003, en el que se detalla el tipo, procedencia y destinatario de las 6 mil 797 quejas que tramitó el año pasado, aunque en total se atendió a más de 33 mil personas.

Alvarez Icaza también hizo comentarios sobre el Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006 que el ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes pasado, y advirtió que sorprende que su objetivo principal sea atender la percepción ciudadana de que las autoridades están actuando "y está muy alejado de una política pública en materia de seguridad".