Medina Millet estaba sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de su esposa

Reabren en Yucatán caso de ex empresario cercano al gobernador

Nuevo capítulo en un asunto que enfrenta a las castas de la sociedad yucateca

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 25 de febrero. El ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por la muerte de su esposa, Flora Abraham Mafud, abandonó hoy durante algunas horas el penal de esta capital, para sostener una vista pública con magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quienes resolverán si obtiene o no su libertad.

La audiencia empezó a las 8 horas en las instalaciones del recinto judicial, mientras en la calle unas mil personas -entre simpatizantes del PAN y del PRI- se manifestaban, unas en favor de la liberación del sentenciado y otras en contra. El inmueble estuvo custodiado por agentes policiacos y no se generaron disturbios.

Durante casi siete horas, Medina Millet escuchó la lectura del voluminoso expediente en su contra y las ponencias de la defensa y la parte acusadora, esta última presidida por Alonso Aguilar Zinzer.

Medina Millet -detenido en 1996- se mantuvo tranquilo en compañía de su abogado, Rubén Bolio Pastrana, y su madre, Sara Millet Cámara.

Los magistrados Angel Prieto Méndez, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Mercedes Pérez Fernández, tres de los cinco togados a quienes la fracción legislativa del PAN pretende llevar a juicio político bajo el argumento de obstaculizar la libertad del reo, documentaron todo el expediente.

El abogado Bolio Pastrana cuestionó las tácticas de procuración de justicia en detrimento de su cliente, pero la parte acusadora consideró que ello forma parte de la politización de este proceso.

En su intervención, Medina Millet insistió en su inocencia y pidió que los magistrados se apeguen a la legalidad.

Culpó a la administración que encabezó Víctor Cervera Pacheco de violentar la ley y sus derechos humanos al mantenerlo preso injustamente.

Al término de la vista pública, los magistrados anunciaron que en un plazo no mayor de seis días hábiles resolverán sobre el recurso de revisión de inocencia que previamente solicitó la defensa del procesado.

A su vez, Aguilar Zinzer denunció parcialidad en la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) en favor del sentenciado con presiones al Poder Judicial para conseguir la liberación de Medina Millet.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) es la última instancia local para decidir sobre el caso.

La audiencia fue para desahogar el recurso de "revisión extraordinaria o de inocencia" interpuesto por la defensa de Medina Millet.

En caso de que el dictamen resulte favorable, Medina será puesto en libertad. Después de la audiencia, Armando fue trasladado nuevamente al penal de Mérida.

El ex empresario fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinar de un balazo en el pecho -el 15 de noviembre de 1995- a su esposa, Flora Abraham Mafud, integrante de una familia de origen libanés de fuerte influencia económica. La versión del inculpado es que ella se suicidó en la recámara conyugal y que cuando escuchó el disparo intentó auxiliarla.

El caso no sólo enfrentó a la élite social yucateca -dado que él, aunque no con la fortaleza económica de antaño, forma parte de la llamada casta divina, mientras que ella era miembro de una de las familias de la casta beduina-, sino a los políticos. Los panistas tomaron partido por él y los priístas por la familia de la afectada.

El gobernador panista Patricio Patrón Laviada también se involucró en el caso.

En 2001, durante su campaña a la gubernatura, se entrevistó con el reo en el penal emeritense y le prometió que haría todo lo posible por conseguir su libertad.

En 2002, ya con Patrón Laviada en el poder, la PGJE reabrió el caso, a pesar de que ya estaba juzgado en primera instancia, dos años antes, con la sentencia de la juez Leticia Cobá Magaña.

En su momento, Patrón Laviada justificó la acción con el pretexto de "limpiar" el caso de las anomalías presuntamente cometidas por los magistrados del TSJE.

Recientemente el procurador Miguel Angel Díaz Herrera se pronunció en favor de la inocencia del reo, y recomendó al Poder Judicial examinar bien las pruebas documentadas en el litigio. Mientras que el subprocurador Rubén Carrillo Pacheco, presente ayer en la audiencia, aseguró que la dependencia está por la liberación de Armando Medina.

Ya en 2003, la defensa de Medina solicitó al Congreso local juicio político en contra de cinco magistrados del TSJE acusándolos de no actuar conforme a derecho en el caso Medina.

Pero fue hasta principios de febrero cuando la bancada panista empezó a operar el juicio al promover la demanda y anunciar que en unos días más llevará el asunto al pleno. Esto, en la víspera de la audiencia pareció más bien otra medida de presión sobre los magistrados, dado que el Partido Acción Nacional no tiene mayoría en el Congreso local.

Los togados que están -según la bancada panista- involucrados en la impartición irregular de la justicia son Angel Prieto Méndez, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ricardo Avila Heredia, Ligia Cortés Ortega y Mercedes Pérez Fernández.

Los panistas dicen que están vinculados al ex gobernador Víctor Cervera Pacheco ( amigo de la familia Abraham Mafud) y por eso actúan en contra de Medina.

La excepción es el ministro Jorge Luis Rodríguez Losa, cuyo dictamen es favorable al sentenciado, pero siempre declina hablar del asunto.